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Duarte

Pide la Fepade a EU detener a César Duarte para extraditarlo

La Fiscalía Especializada en delitos Electorales (Fepade) obtuvo cuatro vinculaciones a proceso en contra de tres funcionarios del gobierno de César Duarte en Chihuahua.

Se solicitó la ficha roja Interpol, en segundo lugar a los Estados Unidos de América se solicitó la extradición de César Duarte», señaló el titular de la Fepade, Santiago Nieto.

Además, también se solicitó el desafuero de la presidenta del Congreso de Chihuahua, Karina Velázquez, acusada de recibir recursos de 2014 a 2015.
Estamos hablando de 14 millones de pesos que estuvo recibiendo durante su presidencia y que no fueron reportados en el Instituto Nacional Electoral. Se trató de desvíos de la Administración Pública Centralizada del Estado de Chihuahua», detalló Nieto.

Respecto a la tardanza de emitir una orden de extradición al exgobernador de Chihuahua, Santiago Nieto, señaló que se debió a tener una coordinación con las demás autoridades toda vez que los delitos electorales no son considerados graves.

Chihuahua

El exsecretario Jaime Herrera Corral tendrá que pagar indemnización de ¡2 mil 723 millones!

Jaime Herrera Corral, exsecretario de Hacienda del Gobierno del Estado durante la administración de César D.J., fue inhabilitado por 10 años por parte del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

Así se consta en un documento exhibido de manera parcial, en donde se establece que el pleno de los magistrados del TEJA resolvió declarar que el asunto en contra del exfuncionario estatal no se sobresee, tal y como lo habría solicitado la defensa.

Asimismo, se detalla que sí existen elementos para determinar la comisión de una falta administrativa grave, al considerar que existió el desvío de recursos públicos por parte del sentenciado.

En el documento resolutivo por parte del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, se expone que el ciudadano Jaime Ramón Herrera Corral quedará inhabilitado de manera temporal para ejercer o desempeñar cargos o comisiones en el servicio público.

De igual forma, se establece que tampoco podrá participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas por un periodo de 10 años.

Dentro de la sentencia también se estableció que el exfuncionario estatal deberá pagar una cuantiosa indemnización por el concepto de daño patrimonial en contra de la Hacienda Pública Federal.

Dicha indemnización asciende a los 2 mil millones 723 mil pesos, cantidad que se apega al contenido de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, argumentado en el dictamen aprobado por el TEJA.

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