La Asamblea Nacional de Venezuela (AN), controlada por los opositores al gobierno, aprobó este martes el inició de un proceso de juicio contra el jefe de Estado, Nicolás Maduro, por supuestos delitos de corrupción, pese a las advertencias del oficialismo de la nulidad de este proceso.
Los opositores acordaron por mayoría declarar que «existen méritos suficientes para continuar el proceso judicial que por hechos de corrupción se le sigue a Nicolás Maduro Moros», tras una sesión de dos horas en la que participaron solo dos de los diputados oficialistas.

Se acordó además continuar con las investigaciones que se adelantan «por los hechos de corrupción que se pudieran desprender de las vinculaciones del ciudadano Nicolás Maduro Moros y otros funcionarios con la empresa Odebrecht».
El acuerdo de los parlamentarios se sustentó en el hecho «público, notorio y comunicacional que sobre el ciudadano Nicolás Maduro Moros recaen serios señalamientos que le atribuyen actos de corrupción vinculados a la empresa brasileña Odebrecht», se lee en el documento.

En el texto se suman, asimismo, las investigaciones que se han concretado en América Latina relacionadas con «hechos de corrupción ligados a las actividades a la empresa brasileña Odebrecht, las cuales han producido significativos cambios en la región».

Venezuela «excepcionalmente producto del secuestro del sistema de administración de justicia por parte del partido político gobernante, representa el único país en el que los graves señalamientos a los altos personeros del Estado no han sido investigados», indicó.

El caso de juicio responde a una denuncia hecha por la ex fiscal general de Venezuela Luisa Ortega que presentó supuestas pruebas de la participación del líder chavista en los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

La denuncia de Ortega fue hecha ante el grupo de juristas venezolanos que fueron investidos por el Parlamento como magistrados para tomar el puesto de los miembros del máximo tribunal que había sido designados antes por el chavismo.

El grupo de juristas, que se ha denominado «Tribunal Supremo en el exilio», no tiene el reconocimiento de ninguna figura del Estado salvo del Parlamento, sobre quien también pesa una decisión del TSJ que declara nulos todos sus actos.