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Dinero

Si un familiar fallece.. ¿qué pasa con sus deudas?

Cuando una persona fallece, pocas veces los familiares se preocupan por lo que sucederá con las deudas del finado, como préstamos o
tarjetas de crédito, y aunque normalmente no están obligados a pagarlas, en ocasiones sí deberán hacerlo, por lo que es mejor estar
preparado.

En la mayoría de los casos, los familiares no están obligados a pagar las deudas de la persona fallecida, ya que algunos servicios
como créditos hipotecarios y tarjetas de crédito cuentan con un seguro que salda la cuenta en caso de que el titular muera.

Sin embargo, de acuerdo con el portal Coru.com, en el caso de las tarjetas de crédito, el seguro no se hace válido si se tiene más de tres meses de atraso en el pago de la deuda o si haces uso de ella días posteriores al fallecimiento.

Según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), estos son los casos en los que sí eres responsable de pagar la deuda:

Co-firmaste la obligación.
Eres la albacea.
Eres obligado solidario; es decir, aval o fiador.
Eres responsable legalmente de liquidar la herencia del finado y no cumpliste con ciertas leyes aplicables.

¿Y los créditos mancomunados?
Cuando el crédito es otorgado, las dos personas están cubiertas por el seguro de vida ligado a la hipoteca. Si alguno de los dos
fallece, el seguro liquida la deuda, siempre y cuando en la póliza se figure el esquema de cobertura mancomunada conyugal y no haya
atrasos en pagos.

Sin embargo, el adeudo aparecerá en el buró de crédito de todos los que son codueños y corresponsables del pago. En dado caso de
que el titular fuera un mal pagador, el historial negativo se verá reflejado en todas las demás personas vinculadas al crédito.

Fuente: Milenio

Dinero

Diputados aprueban presupuesto de 10.63 billones para 2027

Diputados aprueban presupuesto de 10.63 billones para 2027

La Cámara de Diputados aprobó el miércoles un presupuesto de 10.63 billones de pesos para el año 2027, lo que representa un incremento real del 1.3% en comparación con el año anterior. Este presupuesto contempla un déficit de 1.36 billones de pesos y un recorte significativo de 6,000 millones de pesos al Instituto Nacional Electoral (INE). La aprobación se logró con 352 votos a favor, 130 en contra y sin abstenciones, tras una extensa sesión que duró casi 20 horas, donde se rechazaron diversas propuestas de modificación presentadas por los diferentes grupos parlamentarios.

El documento, que será enviado al Ejecutivo para su publicación, incluye un aumento en el gasto de 442,804 millones de pesos respecto al presupuesto de 2026. Este incremento se da en el contexto de los esfuerzos del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para reducir el déficit fiscal sin comprometer sus programas sociales prioritarios.

De acuerdo con el presupuesto aprobado, el 69.9% del total se destinará a gasto programable, que financiará servicios públicos, programas gubernamentales e infraestructura. El 30.1% restante se destinará a obligaciones como el pago de intereses de la deuda y transferencias a los gobiernos estatales. Los programas prioritarios recibirán 1.02 billones de pesos, lo que equivale al 2.6% del producto interior bruto (PIB), mientras que la inversión pública alcanzará 1.13 billones de pesos.

Uno de los ajustes más destacados fue la reducción de 6,000 millones de pesos al presupuesto del INE, cuyos recursos serán reasignados a áreas como educación, medioambiente y la búsqueda de personas desaparecidas. De esta cantidad, 3,000 millones de pesos se destinarán al programa educativo “La Escuela es Nuestra”, 1,000 millones a medioambiente y 300 millones a la búsqueda de desaparecidos. Además, se contempla una reasignación de 6,500 millones de pesos para proyectos de abastecimiento de agua en Guadalajara, Jalisco.

La aprobación del presupuesto se produce en un momento en que México busca avanzar en la reducción de su déficit fiscal, tras un aumento del endeudamiento en años recientes. La Secretaría de Hacienda estima que los requerimientos financieros del sector público se situarán en el 3.9% del PIB en 2027, en comparación con niveles superiores al 5% en 2024. Sin embargo, la organización independiente México Evalúa ha señalado que, aunque el plan presupuestario muestra avances en la consolidación fiscal, el ajuste aún podría ser insuficiente para estabilizar la deuda pública, dependiendo de una recaudación tributaria récord y de menores apoyos a Petróleos Mexicanos (Pemex). El nuevo presupuesto entrará en vigor el 1 de enero de 2027.

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