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Opinión

Los hijos de México toman el poder. Por Caleb Ordóñez T.

La escena parece sacada de una película o un serie de Netflix. En un restaurante Whataburger de Austin, Texas, dos políticos levantan sus enormes vasos de refresco y brindan sonrientes. No hay champaña ni banquetes. Hay hamburguesas gigantes, gente tomando fotografías y una alegría difícil de explicar. Son Gina Hinojosa y James Talarico. Ella acaba de convertirse en la primera mujer latina elegida gobernadora de Texas. Él será el primer senador demócrata de ese estado en más de 32 años.

Es la noche del 3 de noviembre de 2026. Y mientras ambos celebran, algo extraordinario está ocurriendo en Estados Unidos. Los demócratas acaban de darle a Donald Trump una de las derrotas políticas más importantes de su segundo mandato. Pero lo más interesante de esta historia es que también tiene muchísimo que ver con México.

La noche que cambió el mapa

Los demócratas recuperaron el control de ambas cámaras del Congreso estadounidense. Arrebataron al menos siete escaños del Senado a los republicanos y ganaron numerosas posiciones en la Cámara de Representantes. ¿Por qué es tan importante? Porque no solamente ganaron donde tradicionalmente eran fuertes. También triunfaron en territorios que Trump había conquistado apenas dos años antes.

En Texas, Gina Hinojosa consiguió aproximadamente 5.23 millones de votos, frente a 4.52 millones de Greg Abbott. Una diferencia superior a 700 mil sufragios que puso fin a más de tres décadas de gobiernos republicanos. En California, Xavier Becerra superó los cinco millones de votos en el conteo preliminar, con cerca del 64% de los sufragios contabilizados a su favor, derrotando ampliamente al republicano Steve Hilton. Y James Talarico obtuvo más de 5.4 millones de votos en Texas para llegar al Senado.

No fue una victoria aislada. Fue un cambio político de alcance nacional. La explicación está, en buena medida, en los problemas cotidianos: precios elevados, incertidumbre económica, migración y cansancio frente a las confrontaciones políticas. Los estadounidenses demostraron que incluso las mayorías que parecen sólidas pueden cambiar cuando las preocupaciones de los ciudadanos no encuentran respuesta.

Dos historias que comenzaron en México

Hay un dato que deberíamos conocer todos los mexicanos. Si reuniéramos a los estados de México y Estados Unidos y contáramos a sus habitantes de origen mexicano, California ocuparía el segundo lugar y Texas el tercero. Solamente el Estado de México estaría por encima de ellos. California tiene aproximadamente 12.7 millones de habitantes con raíces mexicanas y Texas otros 9.7 millones. Entre ambos suman más de 22 millones de personas.

Y esta historia también es parte de la mía. Los hermanos de mi padre salieron de Ranchos de Santiago, Chihuahua, rumbo a California y El Paso, Texas, buscando nuevas oportunidades. Así, una parte de mi familia Ordóñez echó raíces del otro lado de la frontera. Hoy tengo familiares chicanos, mexicanos de origen y estadounidenses por historia. Como millones de familias, la nuestra también aprendió que las fronteras pueden dividir territorios, pero difícilmente separan las raíces.

Por eso, cuando hablamos de los millones de personas de origen mexicano que viven en California y Texas, no estamos hablando solamente de estadísticas. Estamos hablando de nuestras propias familias. Y ahora esos dos estados tendrán gobernadores cuyas historias familiares están profundamente ligadas a nuestro país.

Gina Hinojosa nació en McAllen. Su madre, Crisanta Guerra Lozano, nació en San Luis Potosí. Su padre, Gilberto Hinojosa, es chicano, abogado y una figura histórica del Partido Demócrata texano. Gina creció cerca de la frontera, en una familia donde el derecho, la política y la defensa de las personas formaban parte de las conversaciones cotidianas.

En California, Xavier Becerra representa una historia igualmente extraordinaria. Su madre, María Teresa, creció en Guadalajara, Jalisco. Su padre, Manuel, nació en Sacramento, pero pasó buena parte de su infancia en Tijuana. Becerra cuenta que sus padres comenzaron su vida juntos en California con apenas 12 dólares. Manuel trabajó en el campo y después construyendo carreteras. María Teresa fue secretaria. Ninguno tuvo grandes oportunidades educativas.

Sin embargo, su hijo llegó a Stanford, se convirtió en abogado, congresista, fiscal general de California y secretario de Salud de Estados Unidos. Hoy está por convertirse en gobernador del estado más poblado de la Unión Americana. Pensemos en lo que significan estas historias: una mujer de raíces potosinas gobernará Texas y un hombre de raíces jaliscienses y bajacalifornianas gobernará California.

Durante generaciones, los mexicanos cruzaron la frontera buscando oportunidades. Hoy, sus hijos y nietos están cruzando las puertas del poder.

¿Y México qué gana?

Aquí conviene dejar las emociones a un lado. Para Claudia Sheinbaum, la victoria demócrata puede abrir nuevos espacios de negociación. Un Congreso controlado por la oposición estadounidense tendrá mayores posibilidades de investigar las deportaciones, cuestionar las políticas migratorias y exigir explicaciones sobre algunas decisiones comerciales de Trump. Pero eso no significa que desaparezcan las presiones. El presidente estadounidense conservará importantes facultades en materia de seguridad, comercio y política exterior.

México enfrentará asuntos particularmente delicados. La revisión del T-MEC puede definir inversiones, empleos y el futuro de muchas industrias mexicanas. California y Texas son socios económicos fundamentales para nuestro país, especialmente en tecnología, agricultura, energía, transporte y manufactura. También está la migración. Millones de familias mexicanas esperan que las decisiones de Washington no terminen separando hogares. Y están las remesas, que dependen del trabajo y de la estabilidad económica de nuestros paisanos.

Nada de eso cambiará automáticamente por una victoria demócrata. Además, los demócratas también pueden exigir mayores compromisos mexicanos en seguridad, condiciones laborales y cumplimiento de acuerdos comerciales. Tener gobernadores con raíces mexicanas es una oportunidad para dialogar mejor, no una garantía de recibir un trato preferencial.

Aquí viene la pregunta ¿Gana Morena o la oposición? Morena podría encontrar mejores condiciones para la relación con Washington, especialmente si disminuyen algunas tensiones migratorias. Pero también enfrentará un Congreso estadounidense dispuesto a revisar con mayor atención las acciones de México.

Para el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano aparece otra oportunidad: construir vínculos con nuevos liderazgos y participar en una relación bilateral que no debería depender exclusivamente del gobierno federal.

Hay algo que debemos entender: los demócratas estadounidenses no son Morena, como tampoco los republicanos son una extensión del PAN. Ningún partido mexicano puede apropiarse de esta elección. Sin embargo, todos deberían aprender de ella, porque si algo demostraron los estadounidenses es que ninguna mayoría electoral tiene asegurado el futuro.

Un brindis que dice mucho

Volvamos a aquel Whataburger de Austin. Dos políticos sonrientes brindan con refrescos mientras sus seguidores celebran una noche histórica. A cientos de kilómetros, otro estadounidense de raíces mexicanas se prepara para gobernar California. Durante décadas, nuestros paisanos trabajaron en restaurantes, campos agrícolas, fábricas y construcciones. Hoy también participan en las decisiones que definirán el futuro de la mayor potencia económica del mundo.

Y pienso nuevamente en aquellos hermanos de mi padre que un día salieron del pequeño pueblo de Ranchos de Santiago (enseguida de Pedernales). Seguramente jamás imaginaron hasta dónde llegarían las historias de las familias mexicanas que decidieron construir una nueva vida del otro lado de la frontera. México tiene motivos para sentirse orgulloso, pero también responsabilidades pendientes. Porque las victorias electorales estadounidenses pueden abrirnos puertas, pero no resolverán por nosotros la inseguridad, la desigualdad ni nuestros problemas económicos.

Y quizá ahí está la enseñanza más importante de esta elección. Los hijos de México están demostrando que pueden cambiar la historia de Estados Unidos. Lo verdaderamente triste sería que ellos terminaran cambiando Estados Unidos antes de que nosotros consigamos cambiar México.

Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.

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