Política

Senadora Karina Ruiz solicita licencia tras 72 días de inasistencias

El 11 de noviembre de 2026, la senadora de Morena, Karina Ruiz Ruiz, solicitó licencia para separarse de su cargo tras acumular 72 días de inasistencias. Esta decisión se produce a solo 35 días del cierre del periodo ordinario, lo que le permitirá continuar recibiendo su dieta íntegra a partir del 16 de diciembre, durante el receso legislativo. A pesar de su notable ausencia, el Senado mantuvo el pago de su dieta mensual, lo que se traduce en un total de 335 mil pesos recibidos por la legisladora.

Karina Ruiz reside en Estados Unidos, donde su permiso de estancia ha expirado, lo que le impide regresar a México para cumplir con sus responsabilidades legislativas. Aunque su situación migratoria no está contemplada como una causal válida para justificar ausencias, el Senado le otorgó justificación a 12 de sus inasistencias al pleno, evadiendo así la obligación de dar de baja a los legisladores que faltan a 10 sesiones continuas.

Sin embargo, a partir del 20 de octubre, el Senado dejó de justificar sus ausencias, resultando en seis inasistencias continuas no justificadas en las fechas del 20, 21, 27 y 28 de octubre, así como el 3 y 4 de noviembre. El 16 de octubre, el medio Excélsior reportó que el Senado estaba violando su propio reglamento al proteger a Ruiz, ya que el artículo 62 del Reglamento del Senado establece que el Presidente no puede justificar más de seis inasistencias en un periodo de sesiones ordinarias, salvo en casos de enfermedad, motivos de salud, o cumplimiento de encomiendas oficiales.

La situación de Karina Ruiz ha generado controversia y críticas, ya que su ausencia prolongada y la justificación de sus inasistencias han sido vistas como un abuso de las normas legislativas. La senadora, que ha enfrentado dificultades para cumplir con su labor debido a su estatus migratorio, se encuentra en el centro de un debate sobre la responsabilidad y la ética en el ejercicio de la función pública.

Política

Red de complicidad en el INE: Espino y Hernández Casillas

El 11 de noviembre de 2026, se reveló una red de complicidad en el Instituto Nacional Electoral (INE) que involucra a Claudia Espino y José Alfredo Hernández Casillas, proveedor del organismo. Espino, quien fue ratificada en noviembre de 2024 a pesar de la oposición de la consejera Carla Humphrey, logró acceder a la Secretaría Ejecutiva del INE gracias a la influencia de Hernández Casillas, con quien había establecido contacto durante su gestión en el Instituto Electoral de Chihuahua. En ese entonces, Espino otorgó un contrato por más de 30 millones de pesos a Hernández Casillas para la provisión de material electoral.

La Secretaría Ejecutiva es un área clave dentro del INE, encargada de la representación legal del instituto, así como de la dirección de administración, la aprobación de la estructura laboral y la gestión del presupuesto asignado. Fuentes de alto nivel indicaron a Excélsior que Espino se alió con Jesús Octavio García, exdirector de Administración, y José Alberto Pérez de Acha, exdirector de Servicios de Informática, para facilitar la colocación de contratos que beneficiaran a Hernández Casillas.

García, quien representaba los intereses de Hernández Casillas, actuaba como intermediario en los asuntos contractuales, lo que permitió a Espino gestionar los contratos a través de su subordinado. Además, se ha señalado que Hernández Casillas también estuvo involucrado en la controversia relacionada con la camioneta blindada de Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del INE, que generó críticas a principios de este año. Fuentes consultadas afirmaron que la camioneta formaba parte de una flota de vehículos arrendados por Hernández Casillas para el uso de Taddei y sus hijos.

La presentación de Claudia Arlett Espino por parte de Hernández Casillas se produjo tras cuatro cambios en la titularidad de la Secretaría Ejecutiva del INE, con el objetivo de que ella asumiera uno de los cargos más relevantes del organismo electoral. Esta situación pone de manifiesto las conexiones entre funcionarios del INE y proveedores, lo que podría comprometer la integridad del proceso electoral en el país.