El 13 de noviembre de 2026, se dio a conocer que el gobierno de la Ciudad de México implementará una estrategia dentro del Plan General de Desarrollo (PGD) que incluye la creación de un Banco de Suelo, destinado a la producción de vivienda social y asequible con certeza jurídica. Esta estrategia se enmarca en las directrices del PGD, que abarca el periodo de 2027 a 2033, y busca fortalecer la producción habitacional pública bajo el principio de función social del suelo.

En el mediano plazo, del 2034 al 2040, el PGD contempla programas que faciliten el acceso al suelo y la vivienda a través de cooperativas, propiedad colectiva y otras formas de tenencia social, integrándolas en los instrumentos de planeación y gestión territorial.

Sin embargo, la diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Olivia Garza, presidenta de la Comisión de Planeación de Desarrollo, expresó su preocupación respecto a la conformación de reservas territoriales y el Banco de Suelo. Garza advirtió que estas disposiciones son “especialmente delicadas”, ya que podrían abrir la puerta a expropiaciones sin reglas claras para su aplicación.

La legisladora cuestionó el concepto de adquisición de suelo, señalando que permite al gobierno obtener terrenos para vivienda social, ya sea mediante compraventa o expropiación, siempre que exista una causa legal de utilidad pública. “¿Cómo adquirirá el gobierno esos terrenos? ¿Contempla recurrir a expropiaciones? ¿Cómo operará el Banco de Suelo y quién decidirá qué propiedades se incorporan?”, planteó Garza.

Por su parte, la coordinadora de la bancada de Morena, Xóchitl Bravo, defendió el PGD, afirmando que en el documento no se menciona el término expropiación. Bravo instó a no politizar el tema, sugiriendo que las preocupaciones expresadas por la diputada del PAN podrían ser infundadas.

Este debate sobre el PGD y la posible implementación de un Banco de Suelo refleja las tensiones políticas en torno a la planificación urbana y la producción de vivienda en la capital del país, donde la necesidad de soluciones habitacionales se enfrenta a la preocupación por la transparencia y la legalidad en la adquisición de terrenos.