La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, solicitó investigar las contrataciones realizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) durante administraciones anteriores, al señalar que existen observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y acusar la concentración de contratos en un grupo de empresas proveedoras de materiales y servicios electorales.

Durante su conferencia matutina del viernes 13 de noviembre, Sheinbaum afirmó que las irregularidades en las adquisiciones del INE no son exclusivas de la actual administración, encabezada por Guadalupe Taddei, sino que se remontan a varios años atrás. “Particularmente el tema del monopolio de las empresas vinculadas con las elecciones viene de hace mucho y ninguna de las administraciones hicieron nada”, expresó.

La mandataria indicó que su gobierno ha solicitado la intervención de la ASF para revisar las contrataciones y consideró que, de ser necesario, la Fiscalía General de la República (FGR) también debería participar. Esta solicitud surgió a raíz de una pregunta del periodista Máximo Allende, quien expuso presuntas irregularidades en contratos celebrados durante la presidencia de Lorenzo Córdova Vianello al frente del INE.

Allende mencionó que en 2023 se autorizaron 11 millones 614 mil pesos para la elaboración de un informe de gestión y rendición de cuentas, a pesar de que el Órgano Interno de Control había cuestionado la pertinencia de dicho gasto. También se refirió al caso de la empresa Fluxus, que habría recibido contratos para producir materiales multimedia y periodísticos destinados al organismo electoral.

Uno de los contratos, correspondiente a 2022 y por aproximadamente 44 millones de pesos, habría registrado incumplimientos o entregas incompletas de los materiales contratados. Sin embargo, las afirmaciones del periodista no fueron acompañadas de documentación que permitiera verificar su alcance.

Sheinbaum subrayó que existen observaciones de los órganos fiscalizadores sobre contrataciones realizadas en distintos periodos y que es necesario investigar las relaciones entre funcionarios y proveedores. La presidenta utilizó el término “mafia electoral” para referirse a un presunto entramado de empresas que han concentrado servicios relacionados con la organización de elecciones.

Además, criticó las liquidaciones que recibieron algunos exintegrantes del INE al concluir sus funciones, mencionando cantidades que oscilan entre 11 y 13 millones de pesos, en particular el caso de Lorenzo Córdova, quien habría recibido aproximadamente 11 millones de pesos.

Sheinbaum consideró que la revisión de contratos anteriores debe ir acompañada de cambios en los procedimientos de adquisición para los próximos procesos electorales, sugiriendo que una mayor competencia entre proveedores podría reducir los costos de organización de los comicios de 2027.

Finalmente, la presidenta enfatizó la importancia de que los actuales consejeros electorales revisen los procedimientos de contratación y garanticen su transparencia. Las declaraciones realizadas durante la conferencia no constituyen por sí mismas una determinación de responsabilidad administrativa o penal contra los exfuncionarios y empresas mencionados.