El diputado Arturo Medina, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado de Chihuahua, alertó sobre el impacto negativo que las decisiones presupuestales del Gobierno Federal tienen en las mujeres rurales, quienes enfrentan serias dificultades en sus actividades agrícolas y ganaderas. Medina enfatizó que estas mujeres, especialmente las de la Sierra Tarahumara y otras comunidades rurales de Chihuahua, requieren urgentemente mayores oportunidades de financiamiento, producción y desarrollo para poder sostener sus actividades productivas y contribuir a la economía local.

El legislador subrayó que el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 debe ser evaluado no solo desde una perspectiva económica, sino también desde sus repercusiones sociales, en particular para las mujeres que trabajan la tierra y participan en la ganadería. Estas mujeres no solo son responsables de pequeñas unidades de producción, sino que también juegan un papel crucial en la alimentación y economía de sus comunidades.

Medina destacó que las mujeres del campo enfrentan una serie de desafíos complejos. A las dificultades inherentes a las actividades agropecuarias se suman las responsabilidades familiares, las barreras para acceder a créditos y la escasez de oportunidades de desarrollo económico en muchas comunidades rurales. “Cuando se abandona al campo, no solo se afecta la producción de alimentos. Se golpea directamente a las mujeres que trabajan todos los días para sacar adelante a sus familias y que, además de producir, sostienen buena parte de la vida comunitaria”, afirmó.

El representante del Distrito 22 expresó su preocupación por la situación en la Sierra Tarahumara, donde muchas mujeres indígenas y campesinas participan en actividades agrícolas, pecuarias y de autoconsumo. Estas mujeres a menudo enfrentan condiciones de aislamiento geográfico, lo que dificulta su acceso a servicios básicos y mercados. Medina exigió a la Federación que se fortalezcan los programas de apoyo al campo y que se garantice que los beneficios lleguen efectivamente a las productoras rurales, para así mejorar su calidad de vida y fomentar el desarrollo sostenible en estas comunidades.