Resto del mundo
Decenas de migrantes desaparecidos tras naufragio en Senegal
Las autoridades senegalesas continúan las operaciones de búsqueda tras el naufragio de una embarcación que transportaba aproximadamente 100 migrantes frente a la costa del país. Los informes iniciales indicaron que una persona había fallecido, aunque algunos medios locales han reportado la recuperación de al menos cuatro cuerpos. Decenas de personas siguen desaparecidas.
La embarcación, que sufrió daños significativos, fue hallada en una playa cerca de la aldea de Yenne, al sur de Dakar. Las operaciones de búsqueda se llevaron a cabo durante todo el miércoles y se reanudarán el jueves. Este incidente ocurre menos de dos semanas después de un naufragio en la localidad noroccidental de Thieppe, que dejó al menos 39 muertos, convirtiéndose en una de las tragedias migratorias más mortales en Senegal.
Oumar Sow, representante del jefe de la aldea, informó que la tragedia más reciente ocurrió alrededor de las 02:00 hora local. “Se podían escuchar gritos provenientes de la pirogue, audibles incluso desde la playa”, citó la agencia de noticias AFP. Un sobreviviente, interrogado por la policía, mencionó que había alrededor de 100 personas a bordo, incluyendo cinco mujeres.
Las autoridades recuperaron documentos de identidad, varios teléfonos móviles y pertenencias personales del naufragio, incluyendo un documento de inscripción escolar. En una reunión de gabinete el miércoles, el presidente Diomaye Faye expresó su preocupación por el aumento de salidas irregulares de migrantes que buscan llegar a Europa. Instruyó al ministerio del interior a preparar un informe que examine los factores que impulsan estos peligrosos viajes y proponga medidas para abordar el problema.
Tras la tragedia del mes pasado, Faye había instado a los senegaleses a no arriesgar sus vidas en estos peligrosos cruces marítimos. En los últimos años, miles de personas de África Occidental han muerto o desaparecido al intentar escapar de conflictos, regímenes autoritarios o la pobreza. La agencia de migración de la ONU, OIM, reportó el mes pasado al menos 454 muertes y desapariciones en la costa de África Occidental solo en este año, advirtiendo que estas cifras podrían ser un subregistro, ya que muchas embarcaciones desaparecen sin dejar sobrevivientes ni rastros.
A medida que se ha vuelto más difícil alcanzar Europa a través del norte de África, debido a controles más estrictos y una mayor cooperación con países europeos, los migrantes están dirigiéndose cada vez más hacia las Islas Canarias de España. A menudo viajan en embarcaciones de madera conocidas como pirogues, que suelen estar sobrecargadas y no son adecuadas para largos viajes a través del océano Atlántico. Según la ONU, la mayoría de los migrantes que llegan a las Islas Canarias este año provienen de Senegal, impulsados por limitadas oportunidades laborales, presiones familiares y redes migratorias establecidas. El 7 de noviembre, El Hierro, una de las Islas Canarias, declaró un estado de emergencia tras un aumento en la llegada de migrantes, reportando que más de 3,300 personas habían alcanzado la isla en aproximadamente 30 embarcaciones desde principios de mes, lo que representa casi un tercio de la población de la isla.
Resto del mundo
Sobrevivientes de deslizamiento en Uganda buscan justicia ante la ONU
En Bududa, al este de Uganda, se han registrado deslizamientos mortales de tierra en varias ocasiones, incluyendo tragedias en 2010 y 2018 que resultaron en la muerte de más de 142 personas. Recientemente, sobrevivientes de un deslizamiento ocurrido en 2019, que dejó más de 50 fallecidos, han llevado su lucha por reubicación y compensación ante las Naciones Unidas.
Los 48 demandantes acusan al gobierno ugandense de violar la constitución del país al no implementar medidas efectivas de gestión de desastres en Bududa, un distrito montañoso propenso a estos fenómenos. Su caso se presenta en un contexto de lluvias intensas que aumentan el riesgo de nuevos deslizamientos. Los sobrevivientes sostienen que el programa de reubicación del gobierno ignora su seguridad, derechos sobre la tierra y medios de vida.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU está considerando lo que se cree es el primer caso que busca medidas de adaptación al clima, un asunto que podría sentar un precedente global. El deslizamiento de tierra en 2019 cobró la vida de más de 53 personas, entre ellas 33 niños. Años después, los sobrevivientes afirman que cada temporada de lluvias intensas revive el temor a otra tragedia.
William Tsama, uno de los reclamantes, perdió a cuatro miembros de su familia en el desastre. “Mi búsqueda debería ser una lección”, comentó. “Las víctimas en tales situaciones, ignoradas por los gobiernos, pueden llevarlos a la corte para obligarlos a ayudar a sus ciudadanos”.
Uganda introdujo un plan de reubicación para áreas propensas a deslizamientos en 2011, pero el progreso ha sido limitado, con relativamente pocas personas reubicadas. El mes pasado, se lanzó un nuevo programa de reubicación que ofrece a los hogares afectados 18 millones de chelines ugandenses (aproximadamente 4,300 dólares) para ayudarlos a trasladarse a áreas más seguras. Sin embargo, algunos sobrevivientes cuestionan si esta cantidad es suficiente para cubrir los costos de reubicación y reconstrucción de sus vidas.
Bajo el programa, las familias pueden optar por recibir dos acres de tierra, valorados en 8 millones de chelines (1,900 dólares), más 10 millones de chelines (2,400 dólares) para la construcción de una casa, o recibir el equivalente en efectivo junto con la misma ayuda para la vivienda. Se espera que el esquema beneficie a 1,410 hogares identificados como viviendo en áreas de alto riesgo.
El gobierno ha dado a los residentes de estas áreas de alto riesgo un plazo de dos meses, de noviembre a diciembre, para abandonar sus hogares o enfrentar desalojos forzados. La amenaza no solo se limita a los deslizamientos; los demandantes también mencionan que los cambios en los patrones de lluvia y la disminución de la fertilidad del suelo han afectado la agricultura, dejando a muchas familias luchando por asegurar sus medios de vida.
“Quiero conseguir un nuevo lugar seguro para mi gente, así que incluso si muero, ellos estarán bien. Soy un anciano, pero lo hago por mis hijos”, expresó Tsama.
Los sobrevivientes iniciaron acciones legales en 2020 en Uganda, recibiendo apoyo de la organización ambiental Greenwatch tres años después. Buscan compensación por los familiares perdidos y los medios de vida, así como medidas de emergencia, incluyendo sistemas de alerta temprana accesibles en áreas de alto riesgo.
Samantha Atukunda Kakuru Mwesigwa, directora ejecutiva de Greenwatch, afirmó que el caso busca cambiar la forma en que los gobiernos se preparan y responden a desastres relacionados con el clima. “La justicia para los demandantes no se trata solo de ganar en la corte. Se trata de obligar a las políticas gubernamentales a mantenerse al día con un clima cambiante y asegurar que la pérdida y el daño no sean una reflexión tardía en la gestión de desastres”, dijo.
La amenaza de desastres relacionados con el clima se extiende por toda África Oriental. En Kenia, inundaciones y deslizamientos de tierra causaron la muerte de al menos 181 personas entre marzo y mayo de 2024, según la Cruz Roja de Kenia. En Ruanda, inundaciones y deslizamientos mataron a 135 personas en mayo de 2023.
Los peligros también se sienten más allá de la región. En octubre de 2026, una inundación repentina arrasó el distrito de Gorkha en Nepal después de que un deslizamiento bloqueó un río, destruyendo hogares e infraestructura y causando más de 1,500 muertes.
“Desastres como el de Bududa solo están empeorando debido al cambio climático, y están ocurriendo en todo el mundo, como hemos visto recientemente y trágicamente en Nepal”, comentó Vesselina Newman, abogada de ClientEarth. Ella añadió que los países más pobres, que han contribuido relativamente poco a las emisiones globales, están soportando algunas de las consecuencias más severas del cambio climático y necesitan mayor apoyo financiero.
“Los países de altos ingresos deben proporcionar asistencia financiera y asegurar que suficiente dinero llegue directamente a países como Uganda, para que puedan implementar medidas de adaptación que salven vidas”, concluyó.
Los demandantes sostienen que la reubicación debe implicar más que simplemente mover a las personas fuera del peligro. Quieren que el gobierno proteja sus medios de vida, respete sus derechos sobre la tierra y tome en cuenta las necesidades individuales. El caso ahora está ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que pedirá al gobierno ugandense que responda en un plazo de seis meses.
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