Dinero
Proponen aumento del salario mínimo a 345 pesos para 2027
La organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza ha propuesto un incremento del 9.5% al salario mínimo general para el año 2027, elevándolo a 345 pesos diarios. Además, se sugiere que el aumento en la frontera norte se limite a la inflación, que se estima en aproximadamente 3.7%.
Rogelio Gómez-Hermosillo, presidente ejecutivo de la organización, presentó esta propuesta durante una conferencia de prensa y la entregó al Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami). Si se aprueba, este ajuste llevaría el salario mínimo actual de 315.04 pesos diarios a un total mensual de 10,350 pesos por 30 días de trabajo.
Según las estimaciones de Acción Ciudadana, a precios de septiembre de 2026, este ingreso permitiría a los trabajadores adquirir 2.09 canastas básicas urbanas, acercándose a la meta de 2.5 canastas para el año 2030. Para lograr este objetivo, la organización propone sumar 17.65 pesos diarios al salario mínimo vigente y luego aplicar el ajuste correspondiente a la inflación.
En la frontera norte, el salario mínimo ya supera en un 40% al del resto del país y cubre las 2.5 canastas básicas, por lo que Gómez-Hermosillo enfatizó la importancia de preservar su poder adquisitivo. A partir de 2031, la organización también sugiere continuar con este criterio para el salario mínimo general.
La propuesta se basa en un análisis de datos oficiales que indica que, entre los primeros trimestres de 2016 y 2026, la proporción de mexicanos cuyo ingreso laboral familiar no era suficiente para adquirir la canasta alimentaria disminuyó del 42.7% al 30.7%, lo que representa aproximadamente 12 millones de personas menos. Sin embargo, entre enero y septiembre de este año, la brecha para que el salario mínimo cubriera dos canastas básicas casi se duplicó.
Gómez-Hermosillo también hizo un llamado a la Secretaría de Hacienda para que revise las retenciones del impuesto sobre la renta y las cuotas obreras de la seguridad social, así como para que amplíe el subsidio al empleo. Según una simulación de la organización, un trabajador que percibe el salario mínimo mensual de aproximadamente 9,451 pesos lo recibe íntegro, mientras que aquellos con un sueldo bruto de 9,452 pesos reciben solo 9,083 pesos después de deducciones.
Adicionalmente, se propone eliminar los impuestos estatales sobre nóminas, facilitar la afiliación a la seguridad social de trabajadores independientes y vincular la educación técnica con las vacantes disponibles. Para mejorar el acceso al empleo, se sugiere dar prioridad a jóvenes sin estudios universitarios en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y extender los servicios de cuidados.
En el contexto de la negociación del salario mínimo para 2027, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ha solicitado moderar el aumento para proteger el empleo formal, mientras que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ha propuesto un ajuste equivalente a la inflación más dos puntos porcentuales, lo que representaría un incremento cercano al 6%. La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que se requieren aumentos anuales de aproximadamente 11% para que el salario mínimo general logre cubrir 2.5 canastas básicas en 2030.
Dinero
El futuro del dinero en México y la digitalización de pagos
La reciente Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de noviembre, establece un cambio significativo en la forma en que los consumidores podrán realizar sus pagos en México. Esta legislación permite que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determine los sectores estratégicos y actividades relevantes donde el pago digital podría convertirse en la única forma aceptada, lo que plantea un reto y una oportunidad para las empresas del país.
Según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024 del INEGI, el uso de efectivo ha disminuido considerablemente, ya que cada vez más personas optan por realizar compras en línea, pagar servicios desde sus teléfonos móviles o enviar dinero de manera instantánea. Sin embargo, la nueva ley no implica la desaparición del efectivo ni la obligación de todos los comercios de dejar de aceptarlo; el alcance de esta medida dependerá de las regulaciones que emita Hacienda y las autoridades competentes.
Un escenario posible bajo esta nueva legislación podría ser que un cliente llegue a un restaurante y se le informe que, por mandato legal, ya no se aceptan pagos en efectivo. Aunque esto puede parecer una situación lejana, la ley podría hacerla realidad en ciertas actividades económicas. Desde la perspectiva empresarial, la digitalización puede representar una oportunidad para simplificar procesos administrativos, mejorar el control interno y facilitar la conciliación de ingresos, además de reducir riesgos asociados al manejo físico del dinero.
Sin embargo, esta transición también presenta desafíos, especialmente para aquellos comercios que aún dependen en gran medida de los pagos en efectivo. Para una cadena de restaurantes que atiende a cientos de comensales diariamente, la obligación de aceptar únicamente pagos digitales podría incrementar los costos debido a las comisiones bancarias y la necesidad de actualizar su infraestructura tecnológica. Este impacto es aún más significativo para pequeños negocios, que suelen tener márgenes de utilidad más ajustados y menos capacidad de inversión.
Desde el ámbito legal, uno de los principales retos será establecer normas claras que permitan a las empresas adaptarse a estos cambios. La ley otorga a Hacienda un plazo de 15 días hábiles, a partir de su entrada en vigor, para definir los sectores y actividades que se verán afectados. Posteriormente, las autoridades competentes tendrán un tiempo similar para emitir las disposiciones necesarias que establezcan las condiciones y plazos de transición.
Por el momento, la ley no impone una obligación inmediata de abandonar el efectivo, sino que señala la dirección hacia la que se dirige el sistema de pagos en México. Es fundamental que las organizaciones estén atentas a estas regulaciones y comiencen a evaluar los ajustes que podrían ser necesarios en sus operaciones. La digitalización de la economía parece ser un proceso inevitable, y si las nuevas reglas son claras y los costos de adaptación son razonables, podría generar beneficios tanto para empresas como para consumidores y autoridades, facilitando así el desarrollo de negocios en el país.
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