Chihuahua
Piden la destitución del director de Atención Ciudadana por entregar despensas en veda electoral
La fracción panista del Cabildo Municipal solicitaron la inmediata destitución de Héctor Fernando Villarreal Estrada, director de Atención Ciudadana y Desarrollo Social por haber utilizado empleados de su dependencia para agredir a la ciudadanía presente durante una manifestación social el pasado 28 de Febrero, a su vez, ser evidenciado repartiendo despensas durante la presente veda electoral.
La fracción panista del Cabildo Municipal solicitaron la inmediata destitución de Héctor Fernando Villarreal Estrada, director de Atención Ciudadana y Desarrollo Social por haber utilizado empleados de su dependencia para agredir a la ciudadanía presente durante una manifestación social el pasado 28 de Febrero, a su vez, ser evidenciado repartiendo despensas durante la presente veda electoral.
Los regidores de Acción Nacional, presididos por Carlos Rivas, señalaron además que en lo correspondiente a su calidad como servidor público, Villarreal Estrada su ha ejercido un trabajo deficiente y cuestionable, entre lo cual, despedir injustificadamente a una madre embarazada, verse expuesta su falta de cuidado con el edificio de su dependencia al inundarse sus instalaciones, mostrar falta de respeto a los adultos mayores al no atenderles de manera eficaz, por el contrario, mentirles, y demandarles dar vueltas constantemente.
Igualmente, los regidores del PAN exigieron sanción a los regidores Patricia Hernández Anchondo y Jorge Arturo Arizpe Cepeda, quienes evidentemente violentan el Acuerdo INE/CG66/2015 del Instituto Nacional Electoral, luego de que el pasado 25 de mayo de 2015, la Sala Regional Especializada del Tribunal Federal Electoral, determinó la existencia de la infracción relativa a la violación al principio de imparcialidad, atribuida al Regidor con licencia Jorge Arturo Arizpe Cepeda, por inobservar la normatividad electoral en su carácter de Regidor.
El Partido Acción Nacional anunció que se procederá de igual manera en contra de la Regidora Rosa Carmona y la Regidora con licencia Patricia Hernández Anchondo, a ser exhortados para que en los próximos días se convoque a una sesión extraordinaria, con el fin de emitir un Acuerdo mediante el cual se revoquen las licencias en los términos en las que se aprobaron para el Regidor Jorge Arturo Arizpe Cepeda y la Regidora Patricia Hernández Anchondo, la cual además, ha sido irresponsable al dejar su encargo sin representación, señalaron.
En otro contexto, llamó la atención la exclusión de la mayoría de los medios de comunicación que cubren cotidianamente la actividad del Cabildo Municipal, desarrollado esta mañana en el kilómetro 18 en Guadalupe, zona rural del municipio. La principal finalidad de haber realizado la jornada cívica en dicho sector obedece a dar a conocer su desarrollo a la ciudadanía de la zona, pero paradójicamente, imperó la ausencia de compañeros reporteros y jefes de información.
Chihuahua
Corrupción evidente: El proyecto de Andrea Chávez por la candidatura caería por su hermano
El proyecto de Andrea Chávez para buscar la gubernatura de Chihuahua en 2027 enfrenta uno de sus momentos más delicados. A los cuestionamientos que ya perseguían a su grupo político por la cercanía de la senadora con Adán Augusto López Hernández y el escándalo de La Barredora, ahora se suma un problema dentro de su propia familia: Gregorio Chávez Treviño, hermano de la legisladora, quedó bajo la lupa por presuntas irregularidades millonarias durante su gestión en Liconsa.
Las observaciones provienen de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) e incluyen pagos registrados a nombre de proveedores fallecidos, recursos entregados a productores que presuntamente no reunían los requisitos establecidos y operaciones relacionadas con leche cuya recolección y traslado no pudieron acreditarse.
La Cuenta Pública 2023 detectó alrededor de 45 millones de pesos pendientes de aclarar en operaciones de Liconsa y derivó en acciones encaminadas a determinar posibles responsabilidades administrativas. Gregorio Chávez era entonces gerente estatal del organismo en Chihuahua.
El escándalo amenaza con convertirse en algo mucho mayor que un problema administrativo para su hermano: ocurre cuando Andrea Chávez intenta consolidar su candidatura y cuando su principal grupo de respaldo político ya enfrenta un fuerte desgaste.
Pagos a proveedores que ya habían muerto
Entre las anomalías detectadas aparece una especialmente grave.
En operaciones relacionadas con el contrato LICONSA/CADQ/001376/2023 fueron identificados pagos superiores al millón de pesos a nombre de dos proveedores que habían fallecido.
Uno murió el 5 de febrero de 2023 y el otro el 4 de marzo. Pese a ello, posteriormente continuaron registrándose pagos relacionados con el contrato.
La ASF detectó las inconsistencias mediante el cruce de los datos de los proveedores con registros oficiales de defunciones.
A ello se agregan otros señalamientos.
La fiscalización encontró recursos entregados a productores que presuntamente no cumplían las condiciones necesarias para acceder al precio de garantía y operaciones en las que no pudo acreditarse adecuadamente la recolección y traslado de la leche.
Las observaciones conocidas no constituyen por sí mismas una sentencia contra Gregorio Chávez. Corresponde a las autoridades determinar responsabilidades y a los involucrados solventar las observaciones.
Sin embargo, políticamente el daño ya comenzó.
Morena pide investigar al hermano de Andrea
El caso consiguió algo poco habitual en la polarizada política chihuahuense: legisladores de Morena y PAN coincidieron públicamente en que Gregorio Chávez debe ser investigado.
Desde Morena se ha sostenido que el partido no debe proteger a nadie en caso de comprobarse irregularidades, mientras desde la oposición comenzaron a exigir investigaciones y responsabilidades por el manejo de los recursos públicos.
El problema para Andrea Chávez es evidente.
Su hermano no ocupaba un puesto menor. Fue nombrado delegado estatal de Liconsa en noviembre de 2022 y, de acuerdo con su declaración patrimonial difundida públicamente, reportó ingresos netos anuales por más de 839 mil pesos provenientes de ese cargo.
Ahora su gestión aparece directamente alcanzada por una fiscalización que incluye millones de pesos sin aclarar y procedimientos para determinar eventuales responsabilidades.
Y todo ocurre mientras su hermana pretende convencer a Morena de entregarle la candidatura para administrar Chihuahua.
De Adán Augusto a La Barredora
El nuevo escándalo tampoco llega a un proyecto político intacto.
Andrea Chávez ha mantenido una estrecha relación política con Adán Augusto López Hernández, quien durante años fue uno de sus principales impulsores nacionales. Esa cercanía se convirtió en un problema después de que el nombre del tabasqueño quedara políticamente atrapado en el caso de Hernán Bermúdez Requena.
Bermúdez fue secretario de Seguridad de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto y posteriormente fue acusado de asociación delictuosa, secuestro y extorsión, además de ser señalado como presunto líder de La Barredora.
El impacto sobre el proyecto chihuahuense no es nuevo: desde antes se advertía que los problemas políticos de Adán Augusto podían terminar perjudicando las aspiraciones de Andrea Chávez debido a la cercanía entre ambos y al respaldo que el tabasqueño brindó a su eventual candidatura.
Ahora el golpe ya no procede únicamente de su principal aliado político. Procede de su propia familia.
Hasta el momento no existe evidencia pública que vincule a Andrea Chávez o a Gregorio Chávez con La Barredora, ni que relacione las operaciones observadas en Liconsa con esa organización.
Lo documentado es otra cosa: Andrea Chávez ha formado parte del grupo político cercano a Adán Augusto; durante el gobierno del tabasqueño, Hernán Bermúdez ocupó la Secretaría de Seguridad y posteriormente fue acusado de encabezar La Barredora; y ahora el hermano de la aspirante enfrenta sus propios cuestionamientos por el manejo de recursos públicos en Liconsa.
El apellido se convierte en problema electoral
Para Andrea Chávez, la controversia llega en un momento especialmente delicado.
Su proyecto depende primero de convencer a Morena de que puede competir por Chihuahua en 2027 y, posteriormente, de convencer a los electores de entregarle el gobierno estatal.
Las observaciones contra su hermano ofrecen nuevos argumentos a quienes, dentro y fuera de Morena, cuestionan ese proyecto.
El caso coloca frente a Chávez una contradicción política difícil de administrar: mientras Morena ha convertido el combate a la corrupción y los privilegios familiares en una de sus principales banderas, el hermano de una de sus aspirantes a gobernadora aparece ahora relacionado con operaciones observadas por el máximo órgano fiscalizador del país.
La investigación deberá determinar si Gregorio Chávez cometió alguna irregularidad y cuál fue su responsabilidad.
Andrea Chávez no puede ser responsabilizada jurídicamente por los actos de su hermano sin pruebas de su participación.
Pero una candidatura no se decide únicamente en tribunales.
También se construye alrededor de confianza, percepción pública, alianzas y costo político.
Y después del desgaste provocado por su cercanía con Adán Augusto y la sombra política del caso La Barredora, las irregularidades detectadas durante la gestión de Gregorio Chávez abren un nuevo frente justamente donde Andrea Chávez tenía menos margen para recibir otro golpe: dentro de su propia familia y rumbo a la batalla por 2027.
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