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Duarte

César Duarte solicita amparo contra investigación por enriquecimiento ilícito

El ex gobernador de Chihuahua, César Duarte solicitó, un amparo en el Juzgado Primero de Distrito contra la resolución de reabrir la carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito por el caso de la creación del Banco Unión Progreso, donde es señalado como uno de los principales accionistas.

El pasado 15 de enero, interpuso el juicio de amparo donde busca dejar sin efectos la resolución del juez de control que ordenó la reapertura de esta indagatoria.

Sin embargo, el día 19 de enero el juez federal solicitó al ex gobernador aclarar diversos puntos por los cuales demanda el amparo, situación que deberá demostrar en los próximos días para que se determine si se le otorga el amparo.

El juicio de amparo promovido busca dejar sin efecto la carpeta de investigación que fue interpuesta en noviembre de 2016 y presentada por el activista Jaime García Chávez, integrante de la Asociación Unión Ciudadana, donde se denunció ante la Fiscalía General del estado al ex gobernador de enriquecimiento ilícito por la creación del Banco Unión Progreso.

 

Noticias MVS

Chihuahua

El exsecretario Jaime Herrera Corral tendrá que pagar indemnización de ¡2 mil 723 millones!

Jaime Herrera Corral, exsecretario de Hacienda del Gobierno del Estado durante la administración de César D.J., fue inhabilitado por 10 años por parte del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

Así se consta en un documento exhibido de manera parcial, en donde se establece que el pleno de los magistrados del TEJA resolvió declarar que el asunto en contra del exfuncionario estatal no se sobresee, tal y como lo habría solicitado la defensa.

Asimismo, se detalla que sí existen elementos para determinar la comisión de una falta administrativa grave, al considerar que existió el desvío de recursos públicos por parte del sentenciado.

En el documento resolutivo por parte del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, se expone que el ciudadano Jaime Ramón Herrera Corral quedará inhabilitado de manera temporal para ejercer o desempeñar cargos o comisiones en el servicio público.

De igual forma, se establece que tampoco podrá participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas por un periodo de 10 años.

Dentro de la sentencia también se estableció que el exfuncionario estatal deberá pagar una cuantiosa indemnización por el concepto de daño patrimonial en contra de la Hacienda Pública Federal.

Dicha indemnización asciende a los 2 mil millones 723 mil pesos, cantidad que se apega al contenido de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, argumentado en el dictamen aprobado por el TEJA.

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