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Duarte

«El dueño de la tiendita soy yo» frase favorita de César Duarte

El testigo protegido llamado «T701/2017» ha revelado más información, aunque la defensa de Javier Garfio ha pedido sea revelada su identidad ante el juez.

El ex gobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez expresaba seguido la frase “el dueño de la tiendita soy yo”, cuando se trataban temas sobre el desvío de recursos públicos para los pagos que él decidiera, según relató el ministerio público durante la audiencia de vinculación o no a proceso de Javier Garfio Pacheco.

El agente del ministerio público, relató parte de una declaración de un testigo protegido, identificado como Testigo T701/2017, quien indicó una reunión el pasado mes de septiembre del 2016, en la cual el ex gobernador se molestó por haberse realizado unos pagos que él no autorizó.

Lo anterior, derivado de un compromiso que debía cubrir de 50 millones de pesos para los empresarios José Yáñez y Benito Tagle, con quienes estaba reunido en la casa de gobierno de la avenida Zarco.

Chihuahua

El exsecretario Jaime Herrera Corral tendrá que pagar indemnización de ¡2 mil 723 millones!

Jaime Herrera Corral, exsecretario de Hacienda del Gobierno del Estado durante la administración de César D.J., fue inhabilitado por 10 años por parte del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

Así se consta en un documento exhibido de manera parcial, en donde se establece que el pleno de los magistrados del TEJA resolvió declarar que el asunto en contra del exfuncionario estatal no se sobresee, tal y como lo habría solicitado la defensa.

Asimismo, se detalla que sí existen elementos para determinar la comisión de una falta administrativa grave, al considerar que existió el desvío de recursos públicos por parte del sentenciado.

En el documento resolutivo por parte del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, se expone que el ciudadano Jaime Ramón Herrera Corral quedará inhabilitado de manera temporal para ejercer o desempeñar cargos o comisiones en el servicio público.

De igual forma, se establece que tampoco podrá participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas por un periodo de 10 años.

Dentro de la sentencia también se estableció que el exfuncionario estatal deberá pagar una cuantiosa indemnización por el concepto de daño patrimonial en contra de la Hacienda Pública Federal.

Dicha indemnización asciende a los 2 mil millones 723 mil pesos, cantidad que se apega al contenido de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, argumentado en el dictamen aprobado por el TEJA.

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