El ex secretario de Educación, Cultura y Deporte, Ricardo Yáñez Herrera, y el ex director administrativo de la Secretaria de Hacienda, Gerardo Villegas Madriles, en la Administración del ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte, serán juzgados por el desvió de 246 millones.
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De acuerdo con un comunicado emitido por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, a los ex funcionarios se les “dictó auto de vinculación a proceso por el delito de Peculado por un monto de 246 millones de pesos que desviaron del erario público”.
El resolutivo emitido la madrugada de este día por Alexis Ornelas, Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, fue causa de la acumulación de pruebas dadas por los Agentes del Ministerio Público que demuestran los ilícitos de los dos señalados, según el comunicado compartido por la dependencia.
Bajo la misma denuncia, la carpeta de investigación de la denuncia 780/2017 señala que ambos funcionarios participaron en el diseño y ejecución del delito que consistió en “la contratación de cursos, capacitaciones y talleres para padres de familia y maestros, así como en la adquisición de un software” con el objetivo de distraer la suma de dinero.
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Ricardo Yáñez, dice la carpeta de investigación, solicitó en febrero de 2016 la suma de 160 millones de pesos para la creación de un supuesto curso.
“Ricardo Y. H, solicitó una partida presupuestal de 160 millones de pesos para la contratación servicios en Capacitación y Asesoría en Materia Educativa consistentes en: un curso para maestros con un valor de 55 millones de pesos, curso en materia ecológica con un valor de 46 millones de pesos, curso para actualizar a 5 mil 600 padres de familia de preescolar y primaria con un costó de 55 millones de pesos, además de 90 millones para la adquisición de un software”.
Este presupuesto solicitado fue aprobado por el entonces el director administrativo de la Secretaria de Hacienda, Gerardo Villegas, el segundo señalado or la Fiscalía por ser participe del desvío de recursos.
“El 22 de febrero de 2016, el imputado Gerardo V. M., en su calidad de Director General de administración de la Secretaria de hacienda signo y aprobó la partida presupuestal solicitada para los supuestos contratos”
La creación de las empresas “fantasma”, dice la parte acusadora, se realizaron para firmar los contratos de las capacitaciones y la compra del software “inexistente”.
“La representación social de la parte acusadora, difundió el nombre de las empresas que firmaron los cuatro contratos casi simultáneamente los días 24, 25, 26 y 29 de febrero de 2016, y cuyos pagos millonarios se hicieron el 06 de abril de 2016, por esas capacitación inexistentes al igual que el software que nunca se adquirió.”
Contrato SHAD/078/2016, relacionado con talleres para padres nivel preescolar y primaria por 55 millones de pesos a la empresa Servicios y Asesorías Samex S.C.
Contrato SHAD/079/2016 por el servicio de capacitación y actualización de docentes de nivel básico y evaluación de personalidades, motivaciones y áreas de oportunidad por un monto de 55 millones de pesos dirigidos a Servicios y Asesorías Sinax S.A de C.V.
Contrato SHAD/080/2016 por un curso sobre medio ambiente por la cantidad de 46 millones de pesos a servicios y asesorías SISASS S.A de C.V.
Contrato SHAD/070/2016 por la planeación, diseño e implementación de software denominado Sistema Integral en Trámite y Movimiento de Personal del Subsistema Estatal por la cantidad de 90 millones de pesos a Despacho de Profesionistas Futura S.A de C.V.
Juez de Control resolvió la apertura del proceso penal luego de la darse por terminada la etapa de contradicción y alegatos por parte del MP, además se fijó la fecha del término de la investigación, mismo lapso en el que los acusados serán puesto bajo prisión preventiva como medida cautelar.
Concluida al etapa de contradicción y alegatos por parte del Ministerio Público y la defensa de los imputados, el Juez de Control resolvió la apertura del proceso penal, fijando un plazo de seis meses para el cierre de la investigación., en el que los imputados continuarán con la medida cautelar de prisión preventiva.

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