Chihuahua
Pide Isela Torres a Fiscalía actuar ante denuncia de cohecho y peculado en Juárez
La Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Isela Torres Hernández, exhortó a la Fiscalía General del Estado a que actúe en la investigación por la denuncia de cohecho y peculado en contra de funcionarios y ex funcionarios del Ayuntamiento de Juárez.
En días pasados, el Síndico de la ciudad fronteriza, Héctor Aarón Yáñez Limas, dio a conocer ciertas actividades ilícitas en cumplimiento al Artículo 36 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, en el que se establece la obligación de vigilar el patrimonio de las arcas municipales.
“Actividades que de ser analizadas por las autoridades competentes pudiera desencadenar en responsabilidades de carácter penal y acarrear penas a los funcionarios involucrados y es necesario precisar que esta denuncia ya se presentó ante la Fiscalía General del Estado, zona norte”, mencionó la legisladora.
La denuncia se presentó contra los presuntos responsables: el C.C. Manuel Gilberto Contreras, Gerardo Silva Márquez y el actual Alcalde de Cd. Juárez Armando Cabada, el segundo de ellos Director de Obras Publicas con Licencia.
El que se señala como Director de Obras Públicas Municipales, fue presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Juárez y quien durante 27 años según su dicho fue socio de la empresa Constructora Fronteriza S.A. de C.V. posiciones, que sin conceder, generarían un ambiente propicio para favorecer los delitos de los cuales ha sido denunciado.
“Se habla de un posible favoritismo en contratos por la cantidad de 17 millones de pesos a la empresa Constructora Fronteriza S.A. de C.V, es necesario que se le dé certeza a la ciudadanía juarense y que se le tome importancia a los hechos denunciados por el Síndico de esa ciudad”, concretó Torres Hernández.
Dijo que estas acciones generan un detrimento a las arcas municipales y por lo consiguiente al patrimonio de los juarenses; de acuerdo con el Artículo 35, inciso a fracción II de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la FGE tiene uso de atribuciones para investigar los supuestos a los que se hace referencia y determinar si estos pudieran ser constitutivos de delito.
“La Fiscalía General del Estado debe de aplicar la sanción correspondiente si fuera el caso, en apego irrestricto a los principios de presunción de inocencia y debido proceso”, concluyó la diputada priista.
Chihuahua
Rafael Loera se contradice ante versiones de posible detención; enemistad con Maru Campos
El polémico exsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera Talamantes, ofreció declaraciones que han generado dudas sobre su situación jurídica, luego de negar que haya promovido un amparo ante una posible orden de aprehensión, pero dejar abierta la posibilidad de recurrir a ese mecanismo legal.
Las versiones sobre una eventual investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua colocaron al exfuncionario en el centro de la atención pública, particularmente después de la detención del exfiscal general César Jáuregui Moreno.
Al ser cuestionado sobre la supuesta solicitud de protección judicial, Loera respondió que “aún no” ha presentado un amparo, una expresión que llamó la atención porque, aunque desmiente haber iniciado el trámite, tampoco descarta hacerlo posteriormente.
El exsecretario defendió su desempeño al frente de la dependencia estatal y aseguró que durante su administración se realizó un trabajo importante. Sin embargo, advirtió que, si enfrenta acusaciones que considere infundadas, utilizará todas las herramientas jurídicas disponibles, incluido el juicio de amparo.
De esta manera, Loera pasó de rechazar las versiones sobre una supuesta protección judicial a reconocer que podría recurrir precisamente a ese instrumento si las circunstancias lo requieren.
La diferencia entre ambas declaraciones no constituye necesariamente una contradicción jurídica, pero sí refleja un cambio de enfoque en su respuesta pública: primero niega haberse amparado y después contempla esa posibilidad frente a eventuales señalamientos.
Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado públicamente la existencia de una orden de aprehensión contra Rafael Loera ni se ha acreditado que haya promovido un juicio de amparo.
El asunto adquiere relevancia política porque el exfuncionario busca la candidatura del PAN a la presidencia municipal de Chihuahua, mientras su gestión en la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común permanece sujeta a revisiones administrativas.
Loera también lamentó la situación jurídica que enfrenta César Jáuregui, a la que calificó como un duro golpe para Acción Nacional, y expresó su deseo de que el exfiscal consiga superar el proceso.
Por ahora, el exsecretario insiste en que no ha solicitado protección judicial. No obstante, su respuesta deja abierta una posibilidad que inicialmente buscó desmentir: el amparo todavía no existe, según sus propias palabras, pero tampoco está descartado.
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