Muna Dora Buchahin, directora general de Auditoría Forense, fue separada de su cargo en la Auditoría Superior de la Federación, a lo cual ella decidió responder con una carta, dirigida a su actual titular, David Rogelio Colmenares Páramo.

En la misiva se apunta que “el pasado miércoles 23 de mayo, el CPC. Gerardo Lozano Durbernard, Auditor Especial de Cumplimiento Financiero (AECF) me informó que, por instrucciones suyas, debía separarme del cargo de directora general de Auditoría Forense de la ASF a más tardar el 31 de mayo” (ayer jueves).

“Tanto la forma y las condiciones de la solicitud, como el fondo del asunto, me parecen tan sorpresivas como improcedentes por las siguientes razones:

“1- Durante mis 13 años ininterrumpidos en labores de auditoría y fiscalización dentro de esta institución, me he conducido con pulcritud absoluta y, a pesar de que el AECF y usted mismo expresaron su reconocimiento a los resultados altamente relevantes de las auditorías a mi cargo -investigaciones premiadas incluso a nivel internacional-, al preguntar por las razones de mi separación, no hubo ninguna mas que la obediencia a la ya mencionada instrucción superior. Por ello me extraña que, en los hechos, mi labor no sea reconocida y valorada en su dimensión y sea tratada de manera poco digna por esta institución que, desde su creación, se ha caracterizado por un trato respetuoso a su estructura.

“2. Actualmente están en curso ocho auditorías forenses y existen cinco propuestas más para integrar el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior (PAAF) 2017. Dos de ellas se refieren a denuncias documentadas y vinculadas nuevamente con SEDATU y sus convenios con instituciones públicas de educación superior en 2016, con desvíos graves por 275.2 millones de pesos descubiertos durante la ejecución de nuestras auditorías en diciembre de 2017.

“3. Llama la atención el dictamen emitido por la Unidad de Asuntos Jurídicos (UAJ) de la ASF en sentido negativo, sin haberse acercado a esta dirección general –área técnica responsable de los hallazgos y de la ejecución de las auditorías-, a pesar de los graves antecedentes que son de conocimiento público, revelados en los informes de auditoría desde 2012, detallándose el modus operandi, los probables responsables, los montos desviados y el grave daño social ocasionado bajo esquemas de corrupción y simulación. Los montos desviados alcanzan los 7,700 millones de pesos e involucran a funcionarios de SEDESOL, SEDATU, las universidades y terceros presuntos proveedores implicados en la articulación de estas redes de empresas fachada. Por su trascendencia e importancia, las denuncias se hicieron del conocimiento superior y fueron enviadas a la UAJ desde el 14 de marzo pasado para su inmediato trámite y atención, a fin de evitar dilaciones.

“Es por todo lo anterior que, conforme a mi derecho y ante la relevancia del caso, solicito saber con precisión sus razones para separarme del cargo y de igual manera dejar claro la vulnerabilidad de mi persona al haber encabezado las investigaciones que afectan intereses que podrían poner en riesgo mi integridad.

“Las consecuencias de este tipo de actuaciones deberían ser motivo de preocupación y foco de atención prioritaria para la ASF al ir en contra de las mejores prácticas internacionales y los principios de legalidad y transparencia que la institución representa, afectando de esta manera su credibilidad.

“Por lo anterior y dada la decisión unilateral sin fundamento por parte de usted para separarme del cargo, estaré haciendo entrega de los asuntos en trámite, el 21 de junio próximo, cumpliendo así con los deberes del cargo que en su momento acepté y las obligaciones inherentes al mismo”, aseveró.

Aristegui