Chihuahua
Hay inconsistencias en las investigaciones del asesinato de Marisela: Luz Estela Castro
Luz Estela Castro Rodríguez, la abogada que lleva el caso de los homicidios de Rubí Marisol Frayre Escobedo y Marisela Escobedo Ortiz, cuestionó a las autoridades estatales por las inconsistencias en las investigaciones de los crímenes.
“Nos resulta sospechoso que a dos días del primer aniversario del asesinato de Marisela, el 15 de diciembre de 2011, aseguraron que el autor material era Héctor Miguel Flores Morán ‘El Payaso’. Dijeron que habían encontrado las evidencias científicas, entre ellas el arma asesina, que era de la banda La Muñeca y que el señor había ya había sido asesinado”.
Y ayer domingo, casi dos meses antes del segundo aniversario del asesinato de Marisela, el gobernador del estado, César Horacio Duarte Jáquez, dio a conocer que el autor material es otro, José Enrique Jiménez Zavalas “El Wicked”, quien fue aprehendido con otros dos hombres, y acusados también de la masacre del bar Colorado ocurrida el 20 de abril de 2012.
De acuerdo con la declaración de Jiménez Zavalas, a quien presentaron ayer ante los medios de comunicación, él recibió la orden de asesinar a Escobedo por parte de Jesús Antonio Rincón Chavero, alias “el Tarzán”, un exagente ministerial y a su vez, éste recibió órdenes de más arriba.
Por lo tanto, indicó Luz Estela Castro, el crimen de Marisela aun continúa impune porque no han encontrado al autor intelectual, el caso no ha concluido. Y es que el gobernador del estado dio por cerrado el caso ayer, en rueda de prensa.
José Enrique Jiménez, de 29 años de edad, aseguró que pertenece a la banda “Los Aztecas”, sicarios al mando del cártel de Juárez, y por un acuerdo entre ese grupo delictivo con “Los Zetas”, ejecutaron a Marisela Escobedo, quien pedía justicia por el homicidio de su hija.
Para Castro Rodríguez también resulta incongruente el lenguaje de Jiménez Zavala cuando dio su versión ante los medios de comunicación; “utiliza la frase ‘privé de la libertad’, que es lenguaje propio del Ministerio Público, de la policía Ministerial, pero no es usual en los sicarios, generalmente dicen ‘maté’, ‘asesiné’; también dice que hizo fuga, cuando lo coloquial es decir me fui, corrí, me escapé. Hay confusión también cuando dice que Marisela estaba junto a una Suburban y más bien era una camioneta pequeña en la que huyeron, la gente que se dedica a delinquir conoce perfectamente esos detalles y marcas”.
Otro detalle es que el acusado indicó que junto a Marisela había una mesa y sillas de plástico, que con una de éstas el hermano alcanzó a pegarle antes de ejecutarla. “Si le pegaron debió darse cuenta que no era una silla de plástico, sino metálica”, refuta Castro Rodríguez.
La declaración de José Enrique Jiménez indica: “Respecto a lo de Marisela cuando la privé de la vida, ella estaba en mero enfrente del Palacio de Gobierno, junto a la Suburban en su manifestación, había una mesa y unas sillas de plástico, unos cartelones colgados e la manifestación de ella, una cruz con listones…, me bajé del carro por el lado de atrás de la Suburban, caminé hacia Marisela, le apunté el arma a la cabeza, jalé el gatillo y se me encasquilló, ella agachó la cabeza, el hermano agarró la silla y me la aventó… la silla me alcanzó a pegar en el brazo pero me la quité, en eso cargué otra vez, Marisela se echa a correr rumbo a l Palacio, el hermano se va por el lado de enfrente de la Suburban, pero cuando él se percató que yo traía arma en mano se hizo para atrás, entonces yo alcanzo a Marisela le apunto arriba de la nuca y le doy un solo disparo y ella se cae en la banqueta a un lado del Palacio…”.
El Centro de Derechos Humanos para las Mujeres, asociación que dirige Luz Estela Castro, exigirá a las autoridades que aclaren el trabajo de investigación porque no puede ser que tengan dos hipótesis que señalen a dos autores materiales, con evidencias científicas.
“Queremos claridad en la investigación y exigir que continúe la investigación porque tanto el asesinato de Rubí como el de Marisela continúan impunes, no hay autor intelectual en el caso de Marisela y Sergio Barraza continúa prófugo”.
Chihuahua
Rafael Loera se contradice ante versiones de posible detención; enemistad con Maru Campos
El polémico exsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera Talamantes, ofreció declaraciones que han generado dudas sobre su situación jurídica, luego de negar que haya promovido un amparo ante una posible orden de aprehensión, pero dejar abierta la posibilidad de recurrir a ese mecanismo legal.
Las versiones sobre una eventual investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua colocaron al exfuncionario en el centro de la atención pública, particularmente después de la detención del exfiscal general César Jáuregui Moreno.
Al ser cuestionado sobre la supuesta solicitud de protección judicial, Loera respondió que “aún no” ha presentado un amparo, una expresión que llamó la atención porque, aunque desmiente haber iniciado el trámite, tampoco descarta hacerlo posteriormente.
El exsecretario defendió su desempeño al frente de la dependencia estatal y aseguró que durante su administración se realizó un trabajo importante. Sin embargo, advirtió que, si enfrenta acusaciones que considere infundadas, utilizará todas las herramientas jurídicas disponibles, incluido el juicio de amparo.
De esta manera, Loera pasó de rechazar las versiones sobre una supuesta protección judicial a reconocer que podría recurrir precisamente a ese instrumento si las circunstancias lo requieren.
La diferencia entre ambas declaraciones no constituye necesariamente una contradicción jurídica, pero sí refleja un cambio de enfoque en su respuesta pública: primero niega haberse amparado y después contempla esa posibilidad frente a eventuales señalamientos.
Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado públicamente la existencia de una orden de aprehensión contra Rafael Loera ni se ha acreditado que haya promovido un juicio de amparo.
El asunto adquiere relevancia política porque el exfuncionario busca la candidatura del PAN a la presidencia municipal de Chihuahua, mientras su gestión en la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común permanece sujeta a revisiones administrativas.
Loera también lamentó la situación jurídica que enfrenta César Jáuregui, a la que calificó como un duro golpe para Acción Nacional, y expresó su deseo de que el exfiscal consiga superar el proceso.
Por ahora, el exsecretario insiste en que no ha solicitado protección judicial. No obstante, su respuesta deja abierta una posibilidad que inicialmente buscó desmentir: el amparo todavía no existe, según sus propias palabras, pero tampoco está descartado.
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