Chihuahua

Inician segunda fase del «Reto de los 100 días», en materia de seguridad

Con las metas claras de acelerar la resolución de casos de robo a comercio, casa habitación y vehículos, así como delitos de violencia familiar, hoy arranca la segunda fase del Reto de los Cien días, estrategia de trabajo conjunta entre el sector empresarial, universidades, organizaciones de la sociedad civil e instancias públicas procuradoras de justicia.

Tras varias sesiones de trabajo entre representantes de dichas instancias, se determinaron las metas que se pretenden alcanzar con este ejercicio coordinado; estas metas se refieren a la resolución de 200 casos de robo a comercio, 165 casos de robo a casa habitación, 15 casos de robo a vehículo y 415 casos de violencia familiar.

Cabe señalar que se pretende resolver esta cantidad de casos en los poco más de tres meses que dura este reto, de hoy lunes 16 de julio y hasta el 23 de octubre, y dichas cifras contrastan con las que de manera ordinaria se resuelven en el lapso de un año. Estas son: 80 casos de robo a comercio, 70 casos de robo a casa habitación, 7 casos de robo a vehículo y 493 casos de violencia familiar.

Las expectativas de resultados que se pretenden derivar de este reto fueron presentadas ante los titulares de las instancias involucradas. Estuvieron presentes el Fiscal General del Estado, César Augusto Peniche Espejel; el Fiscal de la Zona Centro, Carlos Mario Jiménez Holguín; la Consejera del Consejo de la Judicatura del Estado, Luz Estela Castro Rodríguez; el Presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia de la COPARMEX, Ignacio Manjarrez Ayub; el Director de Seguridad Pública Municipal, Gilberto Loya Chávez; la representante de la Fiscalía Especializada en Atención a Víctimas del Delito por Razones de Género, Wendy Chávez; y la Directora del Instituto Chihuahuense de la Mujer, Emma Saldaña Lobera.

Las mesas de trabajo se desarrollarán a lo largo de 100 días; la metodología fue planteada por USAID, a través de su programa “Promoviendo la Justicia” (Projusticia), y en la parte operativa participa, desde la trinchera de la sociedad civil, personal de Ficosec, Fechac, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Red por la Participación Ciudadana, Justicia para las Mujeres, Mujeres por México, Mukira, Centro de la Mujer Trabajadora. Por parte del sector empresarial, liderea Coparmex Chihuahua.

En tanto que las instancias públicas que están involucradas son: Fiscalía General del Estado, el Supremo Tribunal de Justicia, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, la Secretaría de Desarrollo Social, Ayuntamiento de Chihuahua, Seguridad Pública Municipal, el Centro de Justicia para las Mujeres y el Instituto Chihuahuense de la Mujer. Desde el ámbito académico, participan la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Universidad La Salle.

Chihuahua

Rafael Loera se contradice ante versiones de posible detención; enemistad con Maru Campos

El polémico exsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera Talamantes, ofreció declaraciones que han generado dudas sobre su situación jurídica, luego de negar que haya promovido un amparo ante una posible orden de aprehensión, pero dejar abierta la posibilidad de recurrir a ese mecanismo legal.

Las versiones sobre una eventual investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua colocaron al exfuncionario en el centro de la atención pública, particularmente después de la detención del exfiscal general César Jáuregui Moreno.

Al ser cuestionado sobre la supuesta solicitud de protección judicial, Loera respondió que “aún no” ha presentado un amparo, una expresión que llamó la atención porque, aunque desmiente haber iniciado el trámite, tampoco descarta hacerlo posteriormente.

El exsecretario defendió su desempeño al frente de la dependencia estatal y aseguró que durante su administración se realizó un trabajo importante. Sin embargo, advirtió que, si enfrenta acusaciones que considere infundadas, utilizará todas las herramientas jurídicas disponibles, incluido el juicio de amparo.

De esta manera, Loera pasó de rechazar las versiones sobre una supuesta protección judicial a reconocer que podría recurrir precisamente a ese instrumento si las circunstancias lo requieren.

La diferencia entre ambas declaraciones no constituye necesariamente una contradicción jurídica, pero sí refleja un cambio de enfoque en su respuesta pública: primero niega haberse amparado y después contempla esa posibilidad frente a eventuales señalamientos.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado públicamente la existencia de una orden de aprehensión contra Rafael Loera ni se ha acreditado que haya promovido un juicio de amparo.

El asunto adquiere relevancia política porque el exfuncionario busca la candidatura del PAN a la presidencia municipal de Chihuahua, mientras su gestión en la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común permanece sujeta a revisiones administrativas.

Loera también lamentó la situación jurídica que enfrenta César Jáuregui, a la que calificó como un duro golpe para Acción Nacional, y expresó su deseo de que el exfiscal consiga superar el proceso.

Por ahora, el exsecretario insiste en que no ha solicitado protección judicial. No obstante, su respuesta deja abierta una posibilidad que inicialmente buscó desmentir: el amparo todavía no existe, según sus propias palabras, pero tampoco está descartado.