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Chihuahua

Aprueba Congreso local la «Ley de Centros Privados de Atención Residencial de Adultos Mayores»

Gracias al impulso brindado por la representante del PRD en el Poder Legislativo, la Diputada Crystal Tovar Aragón, el Estado de Chihuahua contará a partir de su publicación en el Diario Oficial del Estado, con la Ley de Centros Privados de Atención Residencial para Personas Adultas Mayores, a fin de establecer los requisitos para el funcionamiento de este tipo de establecimientos, tanto públicos como privados, sin importar su denominación razón social y/o naturaleza jurídica.

El Pleno del Congreso del Estado avaló en lo particular y en lo general, el dictamen elaborado por la comisión de Desarrollo Social, a donde fue turnada la iniciativa presentada por la legisladora perredista el pasado mes de mayo del 2017, en la que se solicitaba establecer requisitos para el adecuado funcionamiento de asilos para personas adultas mayores en el Estado de Chihuahua, además de proponer reformas a la ley referente a infracciones y sanciones.

“Como legisladores debemos realizar acciones concretas en el tema de la defensa de los Derechos Humanos para promover el respeto y apoyo entre generaciones; crear leyes para personas Adultas Mayores y crear las normas y los mecanismos para proteger, así como prevenir y combatir la discriminación en contra de las personas adultas mayores”, sostuvo la legisladora por el sol azteca.

“Quisiera establecer que la Ley en comento, surge de la necesidad de regular a los establecimientos PRIVADOS que se encargan de atender personas adultas mayores, dado que se carece de disposiciones especiales o expresas que regulen a este tipo de Casas de Descanso, a fin de que se cuente con capacitación en gerontología y geriatría, desarrollando el conocimiento específico para atender a las limitaciones de salud física y mental de las y los adultos mayores”, subrayó.

En este sentido, la diputada por el Partido de la Revolución Democrática, citó el artículo 31 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Chihuahua, donde establece que: las instituciones de los sectores público, social o privado que proporcionen atención a las personas adultas mayores, deberán tener personal con vocación de servicio, debidamente capacitado en gerontología y geriatría.

Con la aprobación de esta ley, las personas adultas mayores podrán disfrutar de sus derechos humanos y libertades fundamentales al momento de residir en hogares o instituciones con los cuidados o tratamientos adecuados, con pleno respeto de su dignidad, creencias, necesidades e intimidad, así como de su derecho a adoptar decisiones sobre su cuidado y sobre la calidad de su vida

Chihuahua

Rafael Loera se contradice ante versiones de posible detención; enemistad con Maru Campos

El polémico exsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera Talamantes, ofreció declaraciones que han generado dudas sobre su situación jurídica, luego de negar que haya promovido un amparo ante una posible orden de aprehensión, pero dejar abierta la posibilidad de recurrir a ese mecanismo legal.

Las versiones sobre una eventual investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua colocaron al exfuncionario en el centro de la atención pública, particularmente después de la detención del exfiscal general César Jáuregui Moreno.

Al ser cuestionado sobre la supuesta solicitud de protección judicial, Loera respondió que “aún no” ha presentado un amparo, una expresión que llamó la atención porque, aunque desmiente haber iniciado el trámite, tampoco descarta hacerlo posteriormente.

El exsecretario defendió su desempeño al frente de la dependencia estatal y aseguró que durante su administración se realizó un trabajo importante. Sin embargo, advirtió que, si enfrenta acusaciones que considere infundadas, utilizará todas las herramientas jurídicas disponibles, incluido el juicio de amparo.

De esta manera, Loera pasó de rechazar las versiones sobre una supuesta protección judicial a reconocer que podría recurrir precisamente a ese instrumento si las circunstancias lo requieren.

La diferencia entre ambas declaraciones no constituye necesariamente una contradicción jurídica, pero sí refleja un cambio de enfoque en su respuesta pública: primero niega haberse amparado y después contempla esa posibilidad frente a eventuales señalamientos.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado públicamente la existencia de una orden de aprehensión contra Rafael Loera ni se ha acreditado que haya promovido un juicio de amparo.

El asunto adquiere relevancia política porque el exfuncionario busca la candidatura del PAN a la presidencia municipal de Chihuahua, mientras su gestión en la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común permanece sujeta a revisiones administrativas.

Loera también lamentó la situación jurídica que enfrenta César Jáuregui, a la que calificó como un duro golpe para Acción Nacional, y expresó su deseo de que el exfiscal consiga superar el proceso.

Por ahora, el exsecretario insiste en que no ha solicitado protección judicial. No obstante, su respuesta deja abierta una posibilidad que inicialmente buscó desmentir: el amparo todavía no existe, según sus propias palabras, pero tampoco está descartado.

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