En la consulta planteada para el próximo mes de octubre por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en la que se preguntará a la ciudadanía si se prosigue con la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAICM), o se opta por construir dos pistas nuevas en la base aérea de Santa Lucía, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) lo tiene claro: la obra del NAICM debe continuar.

Así lo expone en su informe Nuevo Aeropuerto Internacional de México, un proyecto indispensable: riesgos y oportunidades, en el que destaca, por un lado, que el nuevo aeropuerto “es la mejor alternativa” para atender la creciente demanda de transporte aéreo de los mexicanos, y por otro, que una hipotética cancelación del proyecto costaría al país 120 mil millones de pesos.

Ahora bien, pese a estar a favor del proyecto, la obra del nuevo aeropuerto tampoco está exenta de “puntos críticos” y de “riesgos de corrupción”, advierte el IMCO.

Entre esos puntos críticos, la organización civil destaca, por ejemplo, la falta de control interno en los procesos de adjudicación de los contratos, la entrega de recursos a empresas con antecedentes en escándalos de corrupción, y la firma de convenios por 7 mil millones de pesos entre dependencias públicas que no están sujetos a mecanismos de vigilancia.

A continuación, Animal Político te presenta los principales “riesgos de corrupción” detectados por el IMCO en la obra del nuevo aeropuerto, que está llevando el Grupo Aeropuertario de la Ciudad de México (GAICM), la empresa de participación pública responsable del NAICM.

Convenios por más de 7 mil millones sin mecanismos de control
Uno de los grandes ‘puntos rojos’ que plantea el informe del IMCO es la firma de 46 convenios entre el Grupo Aeropuertario de la Ciudad de México y 19 dependencias públicas, como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por un total de 7 mil 365 millones de pesos para la realización de servicios.

¿Y por qué es un punto rojo? Porque estos convenios se realizaron aprovechando un resquicio legal en el artículo 1 de la ley de adquisiciones, que establece que dos dependencias de gobierno pueden firman convenios sin pasar por ningún mecanismo de control, como la licitación pública, dejando la puerta abierta a la subcontratación de empresas fantasma.

Así pasó en el caso de La Estafa Maestra documentado por Animal Político, en el que 11 dependencias de gobierno desviaron 7 mil millones de pesos a 150 empresas irregulares, a través de la firma de convenios con 8 universidades públicas que hicieron de intermediarias en el desvío.

“Los convenios de colaboración son un elemento que la legislación mexicana permite, pero que en realidad constituyen una de las peores prácticas en términos de transparencia y rendición de cuentas”, recalca el IMCO, que añade que en este tipo de convenios “no existe nada similar” a un dictamen que justifique que la obra o servicio deba realizarse por una dependencia de gobierno en particular, ni tampoco hay una obligación de mantener una bitácora actualizada de los trabajos, “ni mucho menos, una forma de probar que los sobrecostos que se han pagado por las obras se hayan justificado”.

Un ejemplo de lo anterior, es el convenio firmado entre el GACM y la Sedena por mil 547 millones de pesos para construir la barda perimetral del NAICM. Un convenio, destaca el IMCO, en el que “más allá del argumento de seguridad nacional, no existe ningún documento que avale a la Sedena como la entidad idónea para construir dicha barda”.

Aunque la firma de estos convenios entre el GACM y dependencias de gobierno no significa, o al menos no hay evidencia de ello, que se esté subcontratando a empresas al estilo ‘La Estafa Maestra’, el IMCO pide a las autoridades de fiscalización que hagan un seguimiento de dichos convenios.

Lo anterior, “para garantizar que los bienes y servicios adjudicados se hayan entregado a tiempo, que las dependencias que firmaron los convenios no hayan echado mano de subcontrataciones en los casos que esto no estaba contemplado y, que los sobrecostos pagados (si es que los hubo), estén debidamente justificados”.