La diferencia de responsabilidades entre ambos exfuncionarios y las versiones sobre una posible colaboración de Zuany con autoridades estadounidenses abren interrogantes sobre el alcance de las acusaciones en su contra.

Chihuahua, Chih., 18 de octubre de 2026.— La situación jurídica de Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal especializado en Operaciones Estratégicas de Chihuahua, podría tomar un rumbo distinto al de César Jáuregui Moreno, detenido por las investigaciones relacionadas con la participación de agentes estadounidenses en un operativo contra el narcotráfico.

Aunque ambos aparecen en una misma causa penal, las diferencias entre sus funciones, las acusaciones específicas y las versiones sobre una eventual colaboración de Zuany con autoridades estadounidenses plantean escenarios jurídicos que todavía deberán resolverse.

La existencia de una orden de aprehensión no significa que el exfuncionario necesariamente será vinculado a proceso o declarado culpable. Para ello, la Fiscalía deberá acreditar los elementos correspondientes a cada delito.

No tenía las atribuciones del fiscal general

Guillermo Arturo Zuany fue designado fiscal especializado en Operaciones Estratégicas en septiembre de 2025, durante la administración de César Jáuregui.

Su responsabilidad estaba concentrada en investigaciones de delitos de alto impacto, particularmente secuestro y extorsión. No era el titular de la Fiscalía General del Estado ni tenía las mismas facultades de representación y dirección institucional.

Esta diferencia podría tener relevancia en el proceso judicial, especialmente si las acusaciones están relacionadas con autorizaciones, decisiones administrativas o mecanismos de cooperación con autoridades extranjeras.

Sin embargo, la responsabilidad de Zuany no depende exclusivamente de su posición jerárquica. También será necesario determinar si participó directamente en las decisiones investigadas o si tenía obligaciones legales específicas que hubiera incumplido.

Una acusación que todavía debe demostrarse

La orden de aprehensión emitida el 16 de octubre dentro de la causa penal 3055/2026 señala a Jáuregui y Zuany como presuntos coautores de ejercicio ilegal del servicio público y coalición.

El documento también distingue imputaciones individuales: a Jáuregui le atribuye una conducta adicional relacionada con el ejercicio ilegal del servicio público, mientras que a Zuany le señala presunta falsedad ante autoridades con penalidad agravada.

Esta distinción resulta relevante porque las conductas atribuidas a uno no necesariamente son las mismas que las del otro.

El oficio judicial conocido públicamente contiene los puntos resolutivos, pero no desarrolla las pruebas ni describe detalladamente las acciones que se atribuyen a Zuany.

Por ello, permanece abierta la posibilidad de que su defensa cuestione la suficiencia de los elementos presentados por el Ministerio Público y solicite que no sea vinculado a proceso, dependiendo de lo que se exponga ante el juez.

La posible colaboración con Estados Unidos

Otro elemento que podría resultar importante es la relación que Zuany habría mantenido con agencias de seguridad estadounidenses.

Desde mayo surgieron versiones extraoficiales sobre una posible protección por parte de autoridades de Estados Unidos y una eventual colaboración relacionada con las investigaciones del operativo de El Pinal.

También circularon reportes de que el exfuncionario podría encontrarse en territorio estadounidense, aunque no existe confirmación oficial de su ubicación.

Hasta ahora tampoco se ha acreditado públicamente que Zuany tenga la condición formal de testigo protegido.

De confirmarse algún acuerdo de colaboración, sería necesario conocer su naturaleza, las autoridades participantes y sus posibles efectos legales. La protección estadounidense, por sí misma, no impediría que enfrente un procedimiento judicial en México.

No obstante, la información que pudiera proporcionar sobre la cadena de mando, las autorizaciones y la coordinación del operativo podría resultar relevante para esclarecer los hechos.

El operativo y las decisiones institucionales

La investigación se originó después de un operativo realizado en abril contra un presunto narcolaboratorio en El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua.

Durante el regreso de un convoy, un vehículo sufrió un accidente en el que murieron dos funcionarios estatales y dos ciudadanos estadounidenses identificados posteriormente como agentes de la CIA.

La presencia de personal extranjero provocó investigaciones sobre las autorizaciones necesarias para su participación en actividades de seguridad dentro de territorio mexicano.

En este contexto, la Fiscalía General de la República ha señalado presuntas irregularidades relacionadas con la actuación de autoridades estatales y la participación de agentes extranjeros.

El esclarecimiento de esas circunstancias exige distinguir las decisiones adoptadas por la dirección de la Fiscalía de aquellas que correspondían a sus áreas especializadas.

Un desenlace judicial todavía abierto

La situación de Guillermo Arturo Zuany continúa sin una resolución definitiva.

La orden de aprehensión constituye una medida procesal, no una declaración de culpabilidad. En caso de comparecer ante un juez, tendrá derecho a conocer los hechos que se le atribuyen, controvertir los datos de prueba y ejercer su defensa.

La posibilidad de que no sea vinculado a proceso dependerá de la valoración judicial de los elementos presentados. Asimismo, una eventual colaboración con autoridades estadounidenses tendría que acreditarse antes de considerar sus consecuencias jurídicas.

Por ahora, no existe confirmación pública de que haya sido detenido ni de que se haya reconocido formalmente su condición de testigo protegido.

El caso de Zuany deberá resolverse por su participación individual y no simplemente por haber formado parte de la administración de César Jáuregui. La investigación tiene todavía que demostrar qué hizo, qué sabía y cuáles eran sus obligaciones legales.

Hasta entonces, su responsabilidad penal permanece sin demostrar y la posibilidad de que los cargos no prosperen sigue abierta.