La denuncia penal contra la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, se robusteció. Este miércoles las organizaciones Tojil, A. C. y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) presentaron a la Fiscalía General de la República un convenio de colaboración que firmó la exfuncionaria con la Universidad Autónoma del Estado de México y que permitió la entrega de 304 millones de pesos para la realización de supuestos servicios del programa de Adultos Mayores, que formó parte del esquema conocido como La Estafa Maestra.

Los denunciantes entregaron el documento al fiscal Alejandro Gertz Manero y al Ministerio Público para que valoren esta información en la investigación del caso, y por el cual Rosario Robles deberá presentarse a una primera audiencia prevista para este jueves 8 de agosto en los juzgados del Reclusorio Sur.

Animal Político obtuvo y entregó a dichas organizaciones el convenio que Rosario Robles firmó el 19 de junio de 2013 con el rector de la UAEM, Jorge Olvera –actual ombudsman del Estado de México– y, como testigo de honor, el entonces gobernador de la entidad, Eruviel Ávila, ahora senador por el PRI.

La intención del documento, dice, fue “establecer los mecanismos y acciones de coordinación entre las partes para la realización de proyectos y programas en áreas de interés común”, desde esa fecha y hasta el 30 de noviembre de 2018.

Si bien un convenio de colaboración es legal y una práctica común entre entidades de gobierno, el matiz en este caso está en lo que ocurrió posteriormente gracias a éste documento.

Se estableció que para llevar a cabo los proyectos, los funcionarios de ambas partes que tuvieran “las facultades para comprometer y representar legalmente a las mismas” firmarían “convenios específicos”.

En estos se establecerían las obligaciones de ambas partes y el costo de los servicios. Es decir, solo los funcionarios de las áreas correspondientes podrían comprometer los recursos, de acuerdo a sus obligaciones reglamentadas, por lo que ningún secretario de Estado le corresponde firmar los convenios específicos.

Fuente: Animal Político