Tomar bebidas azucaradas de manera habitual, como sucede en México, puede ser mortal, causar diabetes, infarto o cáncer vía obesidad en la población adulta, concluyó un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y TUFTS University basado en refrescos, “jugos” y aguas saborizadas.

La región sur, con mayor concentración de población indígena en situación de pobreza con carencias de servicios públicos de salud, los hombres y los jóvenes son los más afectados.

“La decisión más saludable es tomar agua simple. Podríamos prevenir un gran número de muertes disminuyendo el consumo de bebidas azucaradas. Si están asociadas con casi el 7 por ciento de mortalidad general, podrían ser la principal causa del tsunami cardio-metabólico que vivimos en México, por lo que es urgente que se implementen políticas públicas robustas que disminuyan su consumo como impuestos, etiquetado claro, así como prohibirlas en escuelas y en publicidad”, dijo esta mañana uno de los autores, Tonatiuh Barrientos Gutiérrez, Director del Centro de Investigación en Salud Poblacional del INSP.

En Reino Unido, donde el Primer Ministro Boris Johnson tuvo coronavirus agravado por sobrepeso, han iniciado la eliminación de estanterías con productos procesados situados en las cajas de pago de supermercados o lugares prominentes, así como de las ofertas del tipo “dos por uno” de alimentos insanos. Tampoco se verán en televisión antes de las nueve de la noche anuncios de alimentos con altos contenidos de grasas, azúcar o sal, a fin de restringir su acceso a los menores.

Autoridades tradicionales de la comunidad de Aldama, Chiapas, beben un refresco durante la celebración de la fiesta de la virgen de Magdalena. Foto: Cuartoscuro.

Los resultados del INSP ya habían sido presentados en una de las conferencias de la Secretaría de Salud sobre la COVID-19, lo cual levantó indignación entre la industria refresquera y peticiones de renuncia del vocero de la pandemia Hugo López-Gatell, por lo que la Alianza por la Salud Alimentaria organizó un webinar al respecto con evidencia científica e investigadoras referentes a nivel mundial que alertaron que los estudios que nieguen su impacto en la salud, sin duda, están financiados por las empresas (o tienen fallas metodológicas).

Por consumir 235 mililitros de bebidas azucaradas de manera habitual, el estudio halló un 6.9 por ciento de riesgo de mortalidad general (40 mil 842 de muertes al año en personas de 20 años y más), un 39 por ciento mayor incidencia de diabetes, un 17 por ciento más de incidencia de infarto y de 7 a 59 por ciento de cáncer vía obesidad.

“Hay un acuerdo internacional de que el consumo de bebidas azucaradas es nocivo por su relación con diabetes, enfermedades cardiovasculares y obesidad”, afirmó Barrientos.

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en México y la hipertensión es la principal comorbilidad por la COVID-19, muestran cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la Secretaría de Salud.

Entre los alimentos consumidos al día, el 70 por ciento de azúcares añadidos provienen de bebidas azucaradas y del 26 por ciento de las calorías no básicas, el 40 por ciento es de estas bebidas. Tabla: INSP.

Esta semana SinEmbargo publicó que en una reunión en la Secretaría de Gobernación (Segob) a inicios de 2016 se planeó infiltrar a estudiantes del Colegio de México a las oficinas de El Poder del Consumidor, una organización civil que ha impulsado el impuesto a bebidas azucaradas y el etiquetado claro sobre azúcar, grasa y sodio de los productos procesados. Meses después, el director Alejandro Calvillo recibió SMS del malware Pegasus para ser espiado y, además, inusuales solicitudes de universitarios por correo electrónico para hacer servicio social.

Calvillo dijo en entrevista con este medio que, aunque la industria de la chatarra ha sido cuestionada por la Secretaría de Salud por agravar la pandemia, aún tiene aliados en el Congreso, incluso del partido en el poder.

“De Morena está el Diputado Javier Hidalgo, a quien desde el principio se le veía muy relacionado con gente del Consejo Coordinador Empresarial y con todo ese sector”, aseguró el activista. “Él boicoteó una primera modificación a la Ley General de Salud para el nuevo etiquetado. Faltaba una firma para tener todas y él se levantó y se fue”.

En el sexenio pasado, recordó Calvillo, la industria de alimentos y bebidas chatarra también promovía su rechazo a políticas públicas con apoyo de la Secretaría de Economía y la Cofepris.

Fuente: SinEmbargo