Chihuahua, Chih.- De acuerdo con el Monito Karewa, que evaluó la administración estatal 2016-2021 que encabezó Javier Corral Jurado, el índice de riesgo de corrupción fue de 54.6 puntos de 100, con principales irregularidades en adjudicaciones directas y falta de información pública marcada como obligatoria por las leyes de transparencia.

David Ponce de León, coordinador de Alianzas Estratégicas de la asociación civil, explicó que el análisis que se pudo realizar una vez que finalizó la gestión e inició la nueva a cargo de la ahora gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, de su antecesor, se encontró que de 10 mil 479 millones 613 mil 237 pesos, el 88.48 por ciento equivalente a tres mil 527 millones 214 mil 759 pesos fue de manera directa y por excepción. El resto fue por ley de licitación pública.

Además, hubo tres mil 542 folios consecutivos faltantes, que corresponde al 60.25 por ciento  de un total de cinco mil 817 supuestos contratos. Tres  de  dos mil 275 contratos son ampliaciones sin alguna justificación.

En el mismo tema de transparencia, solo se tuvieron 208 formatos a tiempo de 322, además de mil498 hipervinculos de dos mil 275 contratos en el portal de transparencia, con 20.39 puntos de 30.

En lo que respecta a competencia económica, 21 de 706 proveedores, que representan el 2.97 por ciento concentra el 40 por ciento del gasto total, con una calificación del 5.8 sobre 10.

El Índice de Riesgo de Corrupción (IRC) de Karewa, es una herramienta compuesta que mide en una escala de cero (alto riesgo) a cien (bajo riesgo), los niveles de riesgo de corrupción en los procedimientos de contrataciones públicas de una administración o institución pública.

Los cálculos que comprenden son realizados con los datos que se integran, por lo que la fuente de información de los mismos, son los portales oficiales de transparencia.

Los hallazgos principales fueron altos porcentajes de adjudicaciones directas. Concentración de alto porcentaje del presupuesto en muy pocos proveedores.  Falta de control de folios o nomenclaturas a los contratos. Falta de información pública marcada como obligatoria por las leyes de transparencia. Adicionalmente en la administración estatal se encontró que un alto porcentaje de las adjudicaciones directas fue realizado por medio de alguna excepción.

Al igual que el Estado, también se evaluó la anterior administración municipal, la cual obtuvo casi 70 puntos y tuvo menor índice de riesgo de corrupción, especialmente por la transparencia que obtuvo 28.7 puntos de 30, casi una calificación perfecta.

En cuanto a la actual gestión del alcalde, Marco Antonio Bonilla Mendoza, se agradeció la apertura, ya que se firmó un acuerdo para transparentar los recursos y acciones y el mismo presidente, ha declarado estar en total de acuerdo para que haya evaluaciones, que sirven para mejorar en todos aspectos.

fuente: El Diario