Chihuahua
Operativo sorpresa en el Cereso 3: Guardia Nacional irrumpe con armas de alto poder tras incidente violento
Una intensa movilización de fuerzas de seguridad se registró este lunes en el interior del Centro de Reinserción Social número 3 (Cereso 3) de Ciudad Juárez, donde al menos 30 elementos de la Guardia Nacional ingresaron fuertemente armados, en respuesta a un presunto incidente violento protagonizado por internos del área 1, donde se encuentran reclusos vinculados al grupo criminal “AA”.
El despliegue incluyó más de 15 patrullas rotuladas de la Policía Estatal, así como cerca de 10 vehículos sin distintivos oficiales. A la operación también se sumaron agentes ministeriales de la unidad de Daños y personal de la Fiscalía Zona Norte.
Testigos en el exterior del penal reportaron la entrada de los elementos de la Guardia Nacional, algunos de los cuales introdujeron al penal armas largas de uso exclusivo del Ejército, incluyendo un rifle Barret calibre .50, armamento con capacidad de perforar vehículos blindados y estructuras de concreto.
Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ha mantenido total hermetismo sobre el origen del operativo, así como sobre los posibles daños ocasionados o los resultados de la intervención, que se habría generado tras un acto de violencia dentro del penal, aún sin esclarecer.
Tampoco se ha confirmado si durante el despliegue hubo aseguramientos, decomisos, traslados de internos o enfrentamientos. La opacidad con la que se ha manejado el incidente ha encendido las alarmas entre familiares de internos, quienes desde las afueras del penal exigen información sobre la situación.
El Cereso 3 ha sido escenario de diversos episodios de violencia en años recientes, entre ellos una fuga masiva ocurrida en 2023, por lo que este nuevo despliegue refuerza las preocupaciones sobre el control interno del penal y la presencia de grupos del crimen organizado operando desde el interior. Se espera que en las próximas horas, las autoridades estatales brinden un informe oficial sobre los hechos y sus implicaciones.
Chihuahua
Rafael Loera se contradice ante versiones de posible detención; enemistad con Maru Campos
El polémico exsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera Talamantes, ofreció declaraciones que han generado dudas sobre su situación jurídica, luego de negar que haya promovido un amparo ante una posible orden de aprehensión, pero dejar abierta la posibilidad de recurrir a ese mecanismo legal.
Las versiones sobre una eventual investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua colocaron al exfuncionario en el centro de la atención pública, particularmente después de la detención del exfiscal general César Jáuregui Moreno.
Al ser cuestionado sobre la supuesta solicitud de protección judicial, Loera respondió que “aún no” ha presentado un amparo, una expresión que llamó la atención porque, aunque desmiente haber iniciado el trámite, tampoco descarta hacerlo posteriormente.
El exsecretario defendió su desempeño al frente de la dependencia estatal y aseguró que durante su administración se realizó un trabajo importante. Sin embargo, advirtió que, si enfrenta acusaciones que considere infundadas, utilizará todas las herramientas jurídicas disponibles, incluido el juicio de amparo.
De esta manera, Loera pasó de rechazar las versiones sobre una supuesta protección judicial a reconocer que podría recurrir precisamente a ese instrumento si las circunstancias lo requieren.
La diferencia entre ambas declaraciones no constituye necesariamente una contradicción jurídica, pero sí refleja un cambio de enfoque en su respuesta pública: primero niega haberse amparado y después contempla esa posibilidad frente a eventuales señalamientos.
Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado públicamente la existencia de una orden de aprehensión contra Rafael Loera ni se ha acreditado que haya promovido un juicio de amparo.
El asunto adquiere relevancia política porque el exfuncionario busca la candidatura del PAN a la presidencia municipal de Chihuahua, mientras su gestión en la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común permanece sujeta a revisiones administrativas.
Loera también lamentó la situación jurídica que enfrenta César Jáuregui, a la que calificó como un duro golpe para Acción Nacional, y expresó su deseo de que el exfiscal consiga superar el proceso.
Por ahora, el exsecretario insiste en que no ha solicitado protección judicial. No obstante, su respuesta deja abierta una posibilidad que inicialmente buscó desmentir: el amparo todavía no existe, según sus propias palabras, pero tampoco está descartado.
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