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Chihuahua

Operativo estatal deja 19 bares y salones clausurados en Chihuahua y Juárez

Durante la semana del 11 al 17 de agosto, la Subsecretaría de Gobernación del Estado intensificó sus operativos de supervisión en establecimientos dedicados a la venta y distribución de bebidas alcohólicas. En total, se llevaron a cabo 347 inspecciones, que derivaron en la clausura de 19 negocios por diversas irregularidades detectadas tanto en Chihuahua capital como en Ciudad Juárez.

De acuerdo con la información oficial, en la ciudad de Chihuahua fueron cerrados cuatro locales: el restaurante bar Club 8, donde se registró una riña; la Cervecería La Trocha, sorprendida operando fuera de horario; la cantina Frontón Legarreta, sancionada por violar el giro autorizado y extraer bebidas; así como el salón de eventos Granja Pedernales, también por extender su operación más allá del tiempo permitido.

En Ciudad Juárez, las clausuras alcanzaron a quince establecimientos. Entre ellos, el restaurante Mariscos El Paraíso, donde se reportaron hechos de sangre; el restaurante bar Cananas y el restaurante Tinto Cocina Libre, ambos por no contar con la revalidación 2025; y el restaurante bar Chess junto a la Cervecería 19, señalados por riñas al interior de sus instalaciones.

Además, una amplia lista de salones de eventos fueron asegurados por carecer de permisos para operar: Terraza Ozury, Terraza La Paz, Terraza More Twins, Quinta San Martín, Terraza Laura, Terraza Alvarado, Terraza Dannas, Finca Diamante, Terraza Cielo Abierto y Terraza Julio Ricardo.

El Gobierno del Estado subrayó que estas acciones forman parte de una estrategia permanente para garantizar el cumplimiento de la ley en la venta de alcohol y el funcionamiento de negocios con dicho giro. Asimismo, exhortó a propietarios y administradores a mantener sus permisos en regla, respetar horarios establecidos y evitar conductas que pongan en riesgo la seguridad de los asistentes, con el fin de prevenir sanciones que van desde multas hasta clausuras definitivas.

Chihuahua

Rafael Loera se contradice ante versiones de posible detención; enemistad con Maru Campos

El polémico exsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera Talamantes, ofreció declaraciones que han generado dudas sobre su situación jurídica, luego de negar que haya promovido un amparo ante una posible orden de aprehensión, pero dejar abierta la posibilidad de recurrir a ese mecanismo legal.

Las versiones sobre una eventual investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua colocaron al exfuncionario en el centro de la atención pública, particularmente después de la detención del exfiscal general César Jáuregui Moreno.

Al ser cuestionado sobre la supuesta solicitud de protección judicial, Loera respondió que “aún no” ha presentado un amparo, una expresión que llamó la atención porque, aunque desmiente haber iniciado el trámite, tampoco descarta hacerlo posteriormente.

El exsecretario defendió su desempeño al frente de la dependencia estatal y aseguró que durante su administración se realizó un trabajo importante. Sin embargo, advirtió que, si enfrenta acusaciones que considere infundadas, utilizará todas las herramientas jurídicas disponibles, incluido el juicio de amparo.

De esta manera, Loera pasó de rechazar las versiones sobre una supuesta protección judicial a reconocer que podría recurrir precisamente a ese instrumento si las circunstancias lo requieren.

La diferencia entre ambas declaraciones no constituye necesariamente una contradicción jurídica, pero sí refleja un cambio de enfoque en su respuesta pública: primero niega haberse amparado y después contempla esa posibilidad frente a eventuales señalamientos.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado públicamente la existencia de una orden de aprehensión contra Rafael Loera ni se ha acreditado que haya promovido un juicio de amparo.

El asunto adquiere relevancia política porque el exfuncionario busca la candidatura del PAN a la presidencia municipal de Chihuahua, mientras su gestión en la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común permanece sujeta a revisiones administrativas.

Loera también lamentó la situación jurídica que enfrenta César Jáuregui, a la que calificó como un duro golpe para Acción Nacional, y expresó su deseo de que el exfiscal consiga superar el proceso.

Por ahora, el exsecretario insiste en que no ha solicitado protección judicial. No obstante, su respuesta deja abierta una posibilidad que inicialmente buscó desmentir: el amparo todavía no existe, según sus propias palabras, pero tampoco está descartado.

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