Chihuahua
Impulsa Nancy Frías colaboración entre escuelas y corporaciones de seguridad pública para prevenir delitos
* En Chihuahua, más de 20 mil personas fueron atendidas en 137 planteles con talleres preventivos durante 2023–2024.
Chihuahua, Chih.- En México, 7 de cada 10 estudiantes han vivido o presenciado acoso escolar y menos del 30% de la población confía en la policía municipal o estatal, de acuerdo con datos oficiales. Ante esta realidad, la diputada Nancy Frías, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó una iniciativa para que las escuelas puedan firmar convenios voluntarios con corporaciones de seguridad pública y fiscalías, con el fin de llevar a las aulas talleres de prevención del delito, civismo y cultura de la legalidad, reforzando así la protección a niñas, niños y jóvenes desde el entorno escolar.
La legisladora destacó que la propuesta se inspira en el modelo que ya funciona en Chihuahua a través del Grupo de Orientación Escolar Chihuahuense (GOECHI). En el ciclo 2023–2024, este programa atendió a 20,188 personas, detectó 31 casos de riesgo y visitó 137 planteles educativos, desde preescolar hasta preparatoria.
“Prevenir desde la escuela significa salvar vidas. Cuando un estudiante recibe información clara y confiable, puede detectar riesgos, pedir ayuda y tomar mejores decisiones. Eso es lo que buscamos con esta reforma: que lo que funciona en Chihuahua pueda replicarse en más estados”, afirmó Frías.
La iniciativa busca dar respaldo legal a estas prácticas, de manera que puedan replicarse en otras entidades federativas con un marco formal que garantice continuidad y reglas claras. Con ello, se pretende cerrar la brecha de confianza entre juventudes e instituciones y fortalecer la cultura de la legalidad desde la prevención temprana en las aulas.
Chihuahua
Rafael Loera se contradice ante versiones de posible detención; enemistad con Maru Campos
El polémico exsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera Talamantes, ofreció declaraciones que han generado dudas sobre su situación jurídica, luego de negar que haya promovido un amparo ante una posible orden de aprehensión, pero dejar abierta la posibilidad de recurrir a ese mecanismo legal.
Las versiones sobre una eventual investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua colocaron al exfuncionario en el centro de la atención pública, particularmente después de la detención del exfiscal general César Jáuregui Moreno.
Al ser cuestionado sobre la supuesta solicitud de protección judicial, Loera respondió que “aún no” ha presentado un amparo, una expresión que llamó la atención porque, aunque desmiente haber iniciado el trámite, tampoco descarta hacerlo posteriormente.
El exsecretario defendió su desempeño al frente de la dependencia estatal y aseguró que durante su administración se realizó un trabajo importante. Sin embargo, advirtió que, si enfrenta acusaciones que considere infundadas, utilizará todas las herramientas jurídicas disponibles, incluido el juicio de amparo.
De esta manera, Loera pasó de rechazar las versiones sobre una supuesta protección judicial a reconocer que podría recurrir precisamente a ese instrumento si las circunstancias lo requieren.
La diferencia entre ambas declaraciones no constituye necesariamente una contradicción jurídica, pero sí refleja un cambio de enfoque en su respuesta pública: primero niega haberse amparado y después contempla esa posibilidad frente a eventuales señalamientos.
Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado públicamente la existencia de una orden de aprehensión contra Rafael Loera ni se ha acreditado que haya promovido un juicio de amparo.
El asunto adquiere relevancia política porque el exfuncionario busca la candidatura del PAN a la presidencia municipal de Chihuahua, mientras su gestión en la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común permanece sujeta a revisiones administrativas.
Loera también lamentó la situación jurídica que enfrenta César Jáuregui, a la que calificó como un duro golpe para Acción Nacional, y expresó su deseo de que el exfiscal consiga superar el proceso.
Por ahora, el exsecretario insiste en que no ha solicitado protección judicial. No obstante, su respuesta deja abierta una posibilidad que inicialmente buscó desmentir: el amparo todavía no existe, según sus propias palabras, pero tampoco está descartado.
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