La jueza federal Alejandra Ramírez de la Vega vinculó a proceso al exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel y a siete personas más por su probable participación en delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos mediante ferrocarril. La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada presentó datos que la juzgadora consideró suficientes para avanzar con el proceso; lo que todavía no está determinado es su culpabilidad ni una posible sentencia.

La resolución fue emitida después de una audiencia que se prolongó por más de 30 horas en instalaciones del Poder Judicial de la Federación anexas al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. La diligencia fue encabezada por Ramírez de la Vega, jueza de control adscrita al Centro de Justicia Penal Federal de esa localidad.

¿Qué significa que Ernesto Ruffo fue vinculado a proceso?

La vinculación a proceso significa que la jueza encontró datos que permiten considerar, en esta etapa inicial, que pudo haberse cometido un delito y que existe una probabilidad de participación de las personas imputadas.

El artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que para dictar esta resolución debe haberse formulado la imputación, otorgado al acusado la posibilidad de declarar y presentado datos sobre un hecho señalado como delito. También se requiere que no exista una causa que extinga la acción penal o excluya el delito.

La decisión no determina que Ruffo o los demás acusados sean responsables. Los datos utilizados para vincularlos tampoco pueden convertirse automáticamente en las pruebas de una sentencia. Durante la investigación complementaria, la Fiscalía deberá fortalecer su acusación, mientras las defensas podrán presentar documentos, peritajes y testimonios para controvertirla.

¿Cómo habría operado la red de huachicol ferroviario?

La FEMDO sostiene que Ruffo y sus coacusados habrían diseñado un esquema de simulaciones mediante 11 empresas. El objetivo habría sido introducir ilegalmente a México 18 millones 225 mil 657 litros de gasolina y diésel transportados en 163 carrotanques ferroviarios.