Resto del mundo
Buscan penas de hasta 12 años por venta de doctorados ‘honoris causa
El Senado de la República de México está impulsando una reforma para erradicar el negocio fraudulento de la venta de doctorados “honoris causa” por parte de instituciones y organismos civiles. Esta iniciativa busca establecer penas de hasta 12 años de prisión para quienes otorguen estas distinciones y de hasta seis años para quienes las adquieran.
La senadora Karen Castrejón Trujillo, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), es la principal promotora de esta reforma, que también contempla modificaciones a las leyes generales de Educación y de Educación Superior. El objetivo es que únicamente las instituciones de educación superior reconocidas puedan otorgar doctorados “honoris causa”, aclarando que estas distinciones no constituyen un grado académico, sino un reconocimiento a la trayectoria de personas destacadas, sin costo alguno.
La propuesta incluye reformas al Código Penal Federal, estableciendo que se impondrá una pena de uno a seis años de prisión a quienes “usen, ostenten o se atribuyan el carácter de doctorado honoris causa” obtenido mediante donativos o contraprestaciones en dinero o en especie.
Asimismo, se prevé sancionar con prisión de dos a 12 años a quienes publiciten, ofrezcan, prometan, comercialicen u otorguen distinciones, certificados, diplomas, títulos profesionales o cualquier documento denominado doctorado “honoris causa” a cambio de donativos o contraprestaciones.
La reforma también busca dejar claro en las leyes que los doctorados “honoris causa” no son niveles de educación superior ni forman parte del Sistema Educativo Nacional, y que su otorgamiento debe ser gratuito, conforme a la normatividad y organización de la institución que los emita.
Con esta iniciativa, el Senado busca proteger la integridad del sistema educativo y evitar el engaño a personas que buscan obtener un reconocimiento académico de manera legítima.
Resto del mundo
Trump anuncia cierre del Kennedy Center tras fallo judicial
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el martes que el Kennedy Center cerrará de inmediato, tras un fallo judicial que impide que su nombre sea exhibido en la fachada de este reconocido centro cultural en Washington. La afirmación de Trump se produjo pocas horas después de que un juez federal dictaminara que la junta directiva del Kennedy Center no puede instalar memoriales en honor al expresidente sin la aprobación del Congreso.
En un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump aseguró que la junta votó “casi por unanimidad” a favor del cierre del edificio por razones de seguridad y para iniciar un proceso de reformas que no se llevarán a cabo hasta que se resuelva la cuestión del rebautizo del centro con su nombre. “La Junta Directiva del Kennedy Center ha acordado hoy, casi por unanimidad, cerrar el edificio por motivos de seguridad y para que pueda comenzar el proceso de reformas”, afirmó el mandatario.
El expresidente indicó que el cierre será inmediato, pero advirtió que las obras de renovación, que describió como “muy amplias y complejas”, no podrán comenzar hasta que un tribunal superior se pronuncie sobre su iniciativa de renombrar el centro. “Si la sentencia es negativa —lo cual no debería ser el caso— y no es revocada por la Corte Suprema de los Estados Unidos, la reforma y la renovación del Kennedy Center no se llevarán a cabo”, agregó Trump.
Por su parte, el Kennedy Center emitió un comunicado en el que señala que la decisión de la junta refleja “un buen criterio y una clara prioridad de la seguridad por encima de todo lo demás”. El juez Christopher Cooper, quien dictó la sentencia, enfatizó que la junta no tiene la autoridad para instalar memoriales en el Kennedy Center sin la debida aprobación del Congreso, lo que complica aún más la situación del expresidente en relación con el emblemático centro cultural.
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