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Política

LeBarón debe regularizar documentos para subsidio del PEUA, advierte Benjamín Carrera

LeBarón debe regularizar documentos para subsidio del PEUA, advierte Benjamín Carrera

Benjamín Carrera, titular de la representación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) en Chihuahua, informó que los productores de la comunidad LeBarón deben regularizar su documentación relacionada con el aprovechamiento de agua, tierras y contratos de energía eléctrica para poder acceder al subsidio del Programa Especial de Energía para el Campo en materia de Energía Eléctrica de Uso Agrícola (PEUA).

El funcionario explicó que el proceso involucra a diversas autoridades, incluidas las encargadas del agua y la energía eléctrica, así como a la propia SADER y a los productores, quienes deben cumplir con los requisitos establecidos para recibir este beneficio.

Carrera destacó que algunos de los documentos presentados por los productores no están vigentes, lo que ha llevado a un trabajo conjunto para resolver las irregularidades. “Yo entiendo que algunos papeles no están necesariamente vigentes y eso es lo que se está trabajando”, comentó.

Al ser cuestionado sobre si esto implicaba que los pozos pudieran considerarse ilegales, Carrera evitó hacer tal afirmación, indicando que la determinación sobre los aprovechamientos de agua corresponde a las autoridades competentes. “No, no, no me atrevería yo a decirlo”, respondió.

Para que un productor sea incorporado al PEUA, es necesario que exista una correspondencia entre los documentos requeridos, que incluyen los relacionados con el servicio de energía eléctrica, la tierra y el aprovechamiento del agua. “Con todo eso se alinea, nosotros ya damos el subsidio; mientras estamos impedidos por reglas de operación”, puntualizó.

La situación ha cobrado relevancia tras los recientes cortes de energía eléctrica en los pozos agrícolas de la comunidad LeBarón, ubicada en el municipio de Galeana. Productores de la zona han llevado a cabo protestas debido a las afectaciones que representa la falta de electricidad para el funcionamiento de sus sistemas de bombeo y riego.

Este conflicto está vinculado a la permanencia de algunos aprovechamientos dentro del esquema de energía eléctrica subsidiada para actividades agrícolas. Ante esta problemática, los productores buscan regularizar los requisitos pendientes para recuperar las condiciones preferenciales y evitar que el costo de la electricidad haga inviable la operación de los pozos.

Carrera aseguró que SADER continuará realizando su parte y expresó su expectativa de que las diferentes autoridades y productores puedan avanzar en la regularización de la documentación necesaria para resolver el problema.

Política

Iniciativa para proteger derechos de jubilados en México

Iniciativa para proteger derechos de jubilados en México

El diputado federal Alejandro Domínguez Domínguez ha presentado una iniciativa de reforma al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de salvaguardar los derechos adquiridos de las personas jubiladas y pensionadas. Esta propuesta busca frenar la reducción retroactiva de las pensiones ya otorgadas, asegurando que los topes a las percepciones se apliquen únicamente hacia el futuro.

La reforma también pretende modificar el régimen transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2026, para garantizar que las pensiones otorgadas anteriormente mantengan los términos, montos y condiciones bajo los cuales fueron reconocidas. Domínguez argumenta que la aplicación retroactiva de límites a las retribuciones sobre derechos consolidados vulnera el principio de irretroactividad de la ley, establecido en el artículo 14 constitucional, así como los principios de seguridad jurídica y protección reforzada a los adultos mayores.

El legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) subrayó que las jubilaciones no deben considerarse privilegios otorgados de manera discrecional por el Estado, sino el resultado de años de trabajo y aportaciones de los ciudadanos al servicio público. “Modificar unilateralmente esas condiciones invalida la certeza jurídica sobre la cual miles de familias organizaron su retiro”, enfatizó.

Domínguez también destacó que la reforma de abril de 2026 presenta contradicciones internas y genera exclusiones desproporcionadas al proteger regímenes especiales o aportaciones voluntarias y sindicales, mientras deja desprotegidos a quienes ya habían obtenido legítimamente su derecho al retiro.

La iniciativa no solo establece que la ley debe aplicarse hacia el futuro, sino que también incluye un artículo transitorio que obliga a los entes públicos a restituir, en un plazo no mayor a 90 días naturales, las cantidades que hayan sido descontadas o ajustadas de manera indebida a los pensionados tras la reforma anterior. Con esta propuesta, se busca garantizar la protección de los derechos de los jubilados y pensionados en México.

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