El 23 de septiembre de 2026, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera del Senado de México aprobaron un dictamen que prohíbe a los mexicanos con doble nacionalidad aspirar a ser candidatos a la Presidencia, gubernaturas o a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Esta reforma modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo la necesidad de tener nacionalidad única para ocupar los cargos mencionados.

El dictamen fue respaldado en términos generales y particulares con 12 votos a favor y 6 en contra en la Comisión de Puntos Constitucionales, así como 11 votos a favor y 3 en contra en la Comisión de Estudios Legislativos Primera. Con estas modificaciones, se establece que para ser presidenta o presidente, gobernador o gobernadora, o jefe o jefa de Gobierno de la Ciudad de México, se debe ser ciudadano o ciudadana mexicana por nacimiento y no poseer ni adquirir otra nacionalidad. En caso de tener una segunda nacionalidad, se deberá renunciar a ella antes de solicitar el registro como candidato o candidata, conforme a lo que la ley estipule.

La reforma también prohíbe a quienes ocupen estos cargos adquirir o solicitar otra nacionalidad, así como invocar una nacionalidad distinta de la mexicana ante autoridades extranjeras. Esta prohibición incluye el uso de pasaportes o documentos de identidad emitidos por otros países, el ejercicio de derechos políticos en el extranjero y el acceso a protección diplomática de otros Estados.

Entre los senadores que apoyaron el dictamen se encuentra Enrique Inzunza, quien ha sido acusado de narcotráfico por el gobierno de Donald Trump. Inzunza destacó la importancia de estas reformas, afirmando: “Aprobamos, en los términos, las reformas a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para prever el requisito de poseer únicamente la nacionalidad mexicana para ejercer la titularidad de los poderes ejecutivos federal y estatales.” La aprobación de esta reforma es un paso significativo en la regulación de las candidaturas en el país, buscando asegurar que los titulares de los poderes ejecutivos sean exclusivamente ciudadanos mexicanos.