Política

Proponen Fiscalía Especializada para Delitos contra la Infancia en Chihuahua

Chihuahua, Chih., 3 de noviembre de 2026.— La reciente denuncia de presunta violencia sexual contra menores en una guardería de Ciudad Juárez ha reavivado el debate sobre la capacidad de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua para investigar delitos contra la infancia. La diputada de Morena, María Antonieta Pérez Reyes, ha señalado la necesidad de revisar la estructura actual de procuración de justicia y ha propuesto la creación de una Fiscalía Especializada en Delitos contra la Infancia.

Pérez Reyes enfatizó que los casos de violencia sexual infantil requieren un enfoque diferente al de otras investigaciones, ya que es fundamental contar con personal capacitado que sepa escuchar a las víctimas, integrar adecuadamente las carpetas de investigación y preservar los testimonios. La diputada advirtió que el problema se vuelve más crítico cuando las víctimas son tan jóvenes como de dos a cuatro años, ya que si una investigación se prolonga hasta dos años, los recuerdos pueden cambiar o perder precisión, lo que podría afectar el acceso a la justicia.

La legisladora también destacó que la actual Fiscalía Especializada de la Mujer ya enfrenta rezagos en la atención de delitos contra las mujeres, y que sumar a sus responsabilidades los casos de violencia sexual infantil sin una estructura específica podría incrementar la vulnerabilidad de las niñas y niños en el estado.

La propuesta de Pérez Reyes no se limita a la creación de una nueva oficina dentro del organigrama de la Fiscalía, sino que aboga por la necesidad de contar con personal especializado, capacidad de investigación y un presupuesto propio. La diputada subrayó que, ante la violencia contra la infancia, la diferencia entre recibir una denuncia y lograr que se haga justicia radica en la preparación de quienes llevan a cabo las investigaciones y en la rapidez con que se realicen.

Política

Iniciativa para proteger derechos de jubilados en México

El diputado federal Alejandro Domínguez Domínguez ha presentado una iniciativa de reforma al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de salvaguardar los derechos adquiridos de las personas jubiladas y pensionadas. Esta propuesta busca frenar la reducción retroactiva de las pensiones ya otorgadas, asegurando que los topes a las percepciones se apliquen únicamente hacia el futuro.

La reforma también pretende modificar el régimen transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2026, para garantizar que las pensiones otorgadas anteriormente mantengan los términos, montos y condiciones bajo los cuales fueron reconocidas. Domínguez argumenta que la aplicación retroactiva de límites a las retribuciones sobre derechos consolidados vulnera el principio de irretroactividad de la ley, establecido en el artículo 14 constitucional, así como los principios de seguridad jurídica y protección reforzada a los adultos mayores.

El legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) subrayó que las jubilaciones no deben considerarse privilegios otorgados de manera discrecional por el Estado, sino el resultado de años de trabajo y aportaciones de los ciudadanos al servicio público. “Modificar unilateralmente esas condiciones invalida la certeza jurídica sobre la cual miles de familias organizaron su retiro”, enfatizó.

Domínguez también destacó que la reforma de abril de 2026 presenta contradicciones internas y genera exclusiones desproporcionadas al proteger regímenes especiales o aportaciones voluntarias y sindicales, mientras deja desprotegidos a quienes ya habían obtenido legítimamente su derecho al retiro.

La iniciativa no solo establece que la ley debe aplicarse hacia el futuro, sino que también incluye un artículo transitorio que obliga a los entes públicos a restituir, en un plazo no mayor a 90 días naturales, las cantidades que hayan sido descontadas o ajustadas de manera indebida a los pensionados tras la reforma anterior. Con esta propuesta, se busca garantizar la protección de los derechos de los jubilados y pensionados en México.