Representantes de la organización Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos México–Unión Europea, conocida como Chalecos Verdes, llevaron a cabo una mesa de trabajo con autoridades del Gobierno del Estado en Palacio de Gobierno, ante la persistencia de enfrentamientos entre grupos armados y el desplazamiento forzado de familias en la Sierra Tarahumara. Durante la reunión, se expresaron preocupaciones sobre las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran diversas comunidades afectadas por la violencia.

En el encuentro participaron funcionarios de la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Salud y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE). Los integrantes de la organización internacional advirtieron que los enfrentamientos armados continúan en comunidades serranas, lo que genera un estado de temor constante entre las familias, tanto las que han abandonado sus hogares como las que permanecen en sus localidades.

Una de las representantes de Chalecos Verdes manifestó su preocupación por los recientes hechos violentos, que según testimonios, han puesto en riesgo a la población civil. Destacó que las familias que han decidido quedarse enfrentan condiciones difíciles debido a la presencia de grupos armados y el peligro de ser víctimas del fuego cruzado. En este contexto, cuestionó la respuesta de las autoridades ante los recientes acontecimientos, sugiriendo que la atención no debe limitarse a las personas desplazadas en los últimos cinco años, sino también incluir a quienes actualmente están en riesgo de abandonar sus viviendas.

Los representantes de la plataforma propusieron fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, establecer compromisos con fechas definidas e involucrar a organizaciones de la sociedad civil en la búsqueda de soluciones. También solicitaron que las estrategias incluyan una atención integral con pertinencia cultural, considerando las necesidades y proyectos de vida de las familias desplazadas, especialmente de las comunidades indígenas.

Entre las propuestas se destacó la creación de una política pública y una ley estatal sobre desplazamiento forzado, con el fin de establecer mecanismos permanentes de atención y garantizar recursos presupuestales para enfrentar esta problemática. Asimismo, se sugirió aprovechar las Mesas de Seguridad para mejorar la coordinación con el Gobierno Federal e impulsar acciones de pacificación en las áreas afectadas por la violencia.

Por parte del Gobierno del Estado, se reconoció que uno de los principales desafíos ha sido la construcción de mecanismos institucionales para atender el desplazamiento forzado, dado que no existían estructuras específicas para abordar esta problemática. Las autoridades recordaron que, tras la visita de la relatora internacional Cecilia Jiménez-Damary en 2022, se comenzaron a desarrollar mecanismos especializados de atención y ejercicios de diagnóstico sobre las familias desplazadas.

Finalmente, se reiteró la necesidad de avanzar en medidas de prevención, protección y atención a las familias desplazadas, así como fortalecer la presencia institucional en las regiones donde continúan los hechos de violencia.