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Política

Gobierno de Chihuahua brinda 10 mil atenciones a personas desplazadas en 5 años

Gobierno de Chihuahua brinda 10 mil atenciones a personas desplazadas en 5 años

En los últimos cinco años, el Gobierno del Estado de Chihuahua ha proporcionado aproximadamente 10 mil apoyos y atenciones a personas en situación de desplazamiento forzado, de los cuales alrededor de 5 mil 200 corresponden a intervenciones de primer contacto. Esta información fue compartida por Sahara Gabriela Cárdenas Fernández, subsecretaria de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno.

Cárdenas Fernández explicó que las atenciones de primer contacto están dirigidas a personas que han manifestado encontrarse en una situación de desplazamiento emergente. Desde ese momento, reciben acompañamiento de diversas dependencias estatales. La funcionaria aclaró que la cifra de 10 mil atenciones no equivale al mismo número de personas desplazadas, ya que las familias pueden recibir apoyos en múltiples ocasiones, dependiendo de sus necesidades y del seguimiento requerido.

El protocolo de atención incluye entrevistas personalizadas con las jefas y jefes de familia, con el objetivo de conocer las circunstancias que llevaron a su desplazamiento y para identificar las necesidades específicas de cada núcleo familiar. Cárdenas Fernández destacó que el municipio de Guadalupe y Calvo ha registrado la mayor cantidad de casos que requieren atención, aunque también se han documentado desplazamientos originados en Moris, Uruachi y Madera.

En cuanto a los municipios receptores, mencionó que Cuauhtémoc, Delicias, Hidalgo del Parral y Chihuahua capital son algunos de los principales destinos para las familias que abandonan sus lugares de origen. Durante una mesa de trabajo con representantes de organizaciones internacionales, se discutió la necesidad de fortalecer los registros de personas desplazadas, así como las estrategias de prevención y coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

La subsecretaria reconoció que, mientras no se aborden las causas que provocan el desplazamiento, la problemática seguirá afectando a las comunidades, especialmente aquellas que ya enfrentan condiciones de vulnerabilidad. Además, subrayó que las niñas, niños y adolescentes requieren atención diferenciada, debido a las dificultades que enfrentan al incorporarse a escuelas en los municipios receptores, especialmente si provienen de comunidades indígenas y no hablan español.

En este contexto, Cárdenas Fernández informó que Chihuahua ha sido seleccionado para recibir apoyo de un fondo de la Unión Europea destinado a proyectos de soluciones duraderas para personas desplazadas, que incluirán acciones educativas y de rescate cultural. Finalmente, reiteró que el Gobierno del Estado mantiene el seguimiento a las familias desplazadas mediante la coordinación de diversas dependencias, con el fin de brindar atención acorde a sus necesidades y facilitar su integración en los lugares donde actualmente residen.

Política

CEAVE aboga por ley federal contra desplazamiento forzado en México

CEAVE aboga por ley federal contra desplazamiento forzado en México

La titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE), Norma Ledezma Ortega, ha manifestado la necesidad de establecer una ley general a nivel nacional para abordar el problema del desplazamiento forzado en México. Durante una reciente entrevista, Ledezma Ortega argumentó que la atención a esta problemática no puede limitarse a una legislación estatal, ya que afecta a diversas entidades del país y sus causas son multifacéticas, incluyendo la violencia y fenómenos climáticos.

La funcionaria se pronunció en contra de la idea de impulsar una ley específica desde el Congreso del Estado de Chihuahua, señalando que una solución efectiva debe surgir del ámbito federal. “La solución no podría venir de una ley local”, afirmó, enfatizando que el desplazamiento forzado no es un problema exclusivo de Chihuahua, sino que trasciende fronteras estatales.

Ledezma Ortega destacó que contar con un marco jurídico nacional permitiría establecer obligaciones claras para las autoridades y facilitar la asignación de recursos presupuestales destinados a la prevención y atención de este fenómeno. Según su perspectiva, una legislación general no solo reconocerá la problemática a nivel nacional, sino que también establecerá responsabilidades para los diferentes órdenes de gobierno.

La titular de CEAVE mencionó que, aunque el Gobierno de Chihuahua ha implementado acciones de atención a través de la coordinación entre diversas dependencias estatales, es fundamental fortalecer la participación de las autoridades federales en este proceso. Aseguró que la atención a las personas desplazadas debe ser un compromiso permanente, no dependiente de la voluntad de las instituciones, sino respaldado por mecanismos que garanticen recursos y responsabilidades claramente definidas.

Además, Ledezma Ortega indicó que se han realizado esfuerzos para establecer espacios de coordinación con autoridades de otros niveles de gobierno y organizaciones que trabajan en la atención a las familias afectadas. Sin embargo, reconoció que aún existen dificultades para concretar estos trabajos conjuntos.

Finalmente, subrayó que el desplazamiento forzado debe ser abordado desde una perspectiva humanitaria y de derechos humanos, dado el contexto de vulnerabilidad que enfrentan las personas obligadas a abandonar sus comunidades. Reiteró que una legislación general es esencial para avanzar hacia una política pública más integral, que incluya la participación de los gobiernos federal, estatales y municipales, así como recursos específicos para la atención del desplazamiento forzado.

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