El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas condenó a nuestro país por el uso continuado de esta práctica para arrancar confesiones. En su respuesta, el Estado afirmó que entre 2005 y 2013 sentenciaron a 119 perpetradores, ahora el Consejo de la Judicatura Federal lo desmiente y asegura que nada más fueron 4 y sólo dos de ellas son firmes.

Ese miércoles Israel Arzate cerró su puesto de venta de discos aledaño a un centro comercial de Ciudad Juárez y se fue caminando en dirección a casa. Una camioneta le cerró el paso. Cuatro hombres lo amañaron acusándolo de llamarse Carlos Madrigal, pese a que él insistía en que no era. Lo trasladaron a las instalaciones militares de Juárez, lo golpearon, le aplicaron corriente eléctrica en la espalda y en el pubis hasta quemarle y amenazaron con violar y matar a su esposa, todo si no se autoinculpaba como uno de los responsables de la masacre de Villas de Salvárcar, donde apenas tres días antes habían asesinato a 15 adolescentes y heridos a otros 12 que celebraban una fiesta en la colonia del mismo nombre, en Ciudad Juárez.

30 horas después lo presentaron ante el Ministerio Público y afirmaron que lo habían detenido en posesión de una camioneta robada. El día siguiente declaró bajo tortura haber sido uno de los tiradores de la masacre y dos días después fue obligado a reconocer a otro joven como coautor. En la audiencia denunció las torturas pero no fueron tomadas en cuenta. Arzate pasó tres años en prisión hasta que, el pasado noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló el caso al reconocer la tortura. La misma Comisión Nacional de Derechos Humanos ya lo había hecho en 2010.

El caso de Arzate fue uno de los que acreditó el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas en su evaluación al estado mexicano el 31 de octubre de 2012 en Ginebra, Suiza. El Comité condenó el “alarmante aumento del uso de la tortura durante interrogatorios de personas sometidas a detención arbitraria” y cuestionó que sea la misma Procuraduría General de la República (PGR), señalada por incurrir en casos de tortura, quién se encargue de los peritajes para detectarlos. En el informe, el Comité se mostró preocupado porque en la información inicial remitida por el Estado mexicano sólo se habrían dictado “seis sentencias por tortura desde 2005, además de 143 sentencias por abuso de autoridad, 60 por ejercicio abusivo de funciones y 305 por uso indebido de atribuciones”.

El Comité pidió al Estado que, en el plazo de un año, informara sobre los avances en “enjuiciar a los sospechosos y castigar a los culpables de tortura”. México contestó hasta el pasado febrero y afirmó que entre 2005 y 2013 se lograron 119 “sentencias emitidas en el orden federal” por tortura “de conformidad con los registros del Consejo de la Judicatura Federal”

Ahora, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) solicitó al Consejo de la Judicatura Federal, la información que sustentaba dicho dato. Por respuesta dijeron que el número de sentencias condenatorias por tortura entre 2005 y 2013 es de cuatro, y únicamente dos de ellas serían firmes. Es decir que el Estado Mexicano habría mentido dos veces ante la ONU.

Según el Centro Prodh, la cifra de 119 corresponde a personas consignadas por tortura, no personas sentenciadas; una diferencia crucial ya que la consignación es una acusación de parte del Ministerio Público que puede dar o no lugar a un proceso penal, mientras que una sentencia ya implica una sanción. La impunidad por lo tanto, se mantendría.

Ante ello el Prodh denuncia que “persistir en el encubrimiento y la simulación, es continuar generando condiciones para alimentar el ciclo de la tortura. Es sumamente grave que mientras cada vez más sobrevivientes denuncian la tortura a pesar del miedo y los obstáculos que enfrentan, el propio Estado sigue encubriendo la magnitud del problema ante la comunidad internacional”.

La falsificación de información ante Naciones Unidas se hizo sólo un par de meses antes de la visita oficial al país de su Relator sobre Tortura, Juan E. Méndez, quien concluyó que la tortura es una práctica “generalizada” en México e instó al Estado mexicano a prohibir la tortura en todas sus modalidades en el nuevo Código Procesal Penal y reformar el sistema de defensoría pública en las primeras etapas de la detención.

El mismo informe del Comité Contra la Tortura de la ONU ya señaló en 2012 que mientras las declaraciones bajo tortura sigan usándose como prueba de cargo en los procesos judiciales, la Reforma Penal que se aprobó en 2008 y que ya está en vigor en estados como Chihuahua no será eficaz.

Amnistía Internacional escogió en navidades a México como uno de los cinco países de enfoque de su campaña mundial de este año Stop Torture. Y también ha recomendado garantizar peritajes médicos oficiales e independientes, así como asegurar que ninguna investigación judicial contenga confesiones o testimonios obtenidos a través de tortura u otras violaciones a los derechos humanos.

Desde el Prodh concluyen que “solamente con una acción firme por parte de los funcionarios públicos responsables, aplicando la ley y demostrando su voluntad para castigar a los perpetradores, se podrá desarrollar una lucha frontal contra la tortura”.