Atendiendo a la iniciativa presentada por la diputada Tania Teporaca Romero del Hierro, la Comisión de Justicia aprobó diversas modificaciones al Código Penal y Código de Procedimientos Penales, ambos del Estado de Chihuahua, con la finalidad de fortalecer los derechos de las personas que pertenecen a pueblos o comunidades indígenas.

De esa manera y en congruencia con estos hechos, es que ésta Comisión se encuentra de acuerdo con la finalidad esencial de la propuesta, que es ciertamente el fortalecimiento de los derechos indígenas en lo que toca a su acceso a la justicia en la medida que ello sea permisible por nuestro marco jurídico y teniendo siempre en cuenta que el modelo para valorar la existencia de su acceso pleno a la justicia, no es equivalente al empleado en cualquier proceso judicial, pues sus especificidades culturales nos obligan a efectuar y conducir procesos sensibles a tales particularidades.

Es por ello que se reforma el artículo 67, fracción V y se adicionan los artículos 46, inciso c), con un segundo párrafo y 68, apartado B, con una fracción IX, todos del Código Penal del Estado de Chihuahua, estas modificaciones y adiciones, tienen el firme propósito de obligar en la actividad jurisdiccional a respetar las garantías y derechos humanos consagrados a favor de los miembros de las comunidades indígenas.

Estas modificaciones se refieren a que se debe garantizar que en todo momento se reconozca la personalidad jurídica colectiva a las comunidades indígenas, evitando aplicar formulismos en este aspecto. Se da la intervención a la Coordinación estatal de la Tarahumara, a efecto de que una vez se determinen las acciones restaurativas a favor de la comunidad indígena, los Tribunales tengan la certeza de su fiel cumplimiento.

Así como que en la sentencia y en la individualización de la pena, debe existir motivación expresa, que razone la manera en que se valoraron dichos sistemas normativos, como se recabo su contenido o bajo que modalidades se tuvo conocimiento de ellos y de sus implicaciones en el caso juzgado, de lo contrario, no se estaría aplicando en la realidad la garantía constitucional consagrada a favor de los indígenas, por ello se adiciona la fracción V, del artículo 67 con esta obligación del juzgador.

Y en el numeral 68 del Código en cuestión es que sus usos, costumbres y sistema normativo interno, sean tomados en cuenta por la autoridad judicial para valorar si en el caso particular se actuó bajo algún condicionamiento cultural.

Con estas modificaciones asumimos el compromiso para que se logre el pleno acceso a la justicia, por todo indígena que enfrenta un proceso penal, finalizó el diputado Rosember Loera Chaparro