Política

Tardío dictamen del Congreso por Plan de Movilidad de Juárez: Diputada

Tardía y de poca trascendencia, fue como calificó la diputada local del Partido Acción Nacional, Daniela Álvarez Hernández, la aprobación por parte de la Diputación Permanente de una iniciativa presentada hace casi 2 años, donde solicita se presente un informe detallado de las acciones detalladas en el Plan de Movilidad Urbana de Ciudad Juárez.

“Qué bueno que el Congreso del estado finalmente se dio cuenta de la importancia que reviste el Plan de Movilidad Urbana de Ciudad Juárez, proyecto al que se le invirtieron millones de pesos y que nunca funcionó de acuerdo a lo prometido”, indicó Daniela Álvarez.

Cabe recordar que el PMU de Juárez inició con el primer banderazo el 28 de enero del 2013, sin embargo, en realidad se comenzó con sus obras hasta el mes de mayo de ese mismo año, y entre sus deficiencias, denunció la legisladora del PAN, «el plan carece de un cronograma de obra para conocer la fecha exacta de inicio y fin, así como el progreso en cada mes transcurrido».

Se trata de una obra cuya inversión requerida es del orden de 2 mil millones de pesos, con un financiamiento a 20 años.

Además, únicamente se cuenta con un listado de los frentes programados, pero nunca se especificaron las fechas de arranque y conclusión; y tampoco se pudo medir la efectividad, pues tampoco se detalló el modo en que se ejecutarían las obras.

Apenas este martes 12 de julio, la diputación permanente del Congreso del estado aprobó solicitar a la Comisión Especial de Movilidad Urbana que presente un informe de las operaciones derivadas en la realización del “Proyecto de Movilidad Urbana de Ciudad Juárez”.

“Es una confirmación de lo poco que le importa a la mayoría del PRI el enorme despilfarro de recursos públicos, ya que se está dictaminando a destiempo, de una manera tardía y poco trascendente”, lamentó.

Política

La red Taddei opera en 17 estados con contratos por 1,803 millones de pesos

La red de empresas vinculadas a Guadalupe Taddei Zavala, quien renunció a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), ha extendido sus operaciones a al menos 17 estados de la República Mexicana, acumulando contratos por un total de mil 803 millones 80 mil pesos. Estas empresas están acusadas de presunta simulación de competencia y conflictos de interés, y han proporcionado materiales y documentación electoral a diversos Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

Las investigaciones sobre los contratos y relaciones comerciales de estas empresas están siendo llevadas a cabo por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Órgano Interno de Control (OIC) del INE. Entre las empresas implicadas se encuentra Formas Finas y Materiales, especializada en el suministro de papelería electoral, urnas, mamparas de votación y útiles de casilla. Esta empresa ha obtenido al menos 15 contratos adjudicados en 11 OPLE estatales, por un monto que supera los 540 millones de pesos.

Los documentos de fiscalización revisados ante la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) revelan que Formas Finas y Materiales tiene contratos con varios institutos locales, incluyendo el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), donde se le adjudicaron contratos para el suministro de papelería, materiales de casilla y documentación electoral. Asimismo, la empresa ha sido contratada por el Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes (IEE Aguascalientes), donde se estima que la contratación asciende a aproximadamente 17 millones de pesos durante el proceso electoral de 2024.

Adicionalmente, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) también ha contratado a Formas Finas y Materiales para la producción e instalación de documentación y material de casilla. Esta misma empresa brinda servicios al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León (IEEPCNL), anteriormente conocido como la Comisión Estatal Electoral (CEE), con adjudicaciones de útiles electorales y materiales de votación. La situación plantea serias interrogantes sobre la transparencia y la integridad de los procesos electorales en el país.