Chihuahua
La mariguana ya no es negocio: Campesinos de la sierra
Las Chinacas, Chih. «La mariguana ya no es negocio. A los jodidos ya no nos da ni para comer, comparado con el riesgo y los problemas que nos trae», sostuvo Gonzalo Montaño, campesino de la región limítrofe entre nuestro estado y Sonora.
Pobladores de las comunidades Las Chinacas, Milpillas, La Lobera y Tecorahui, donde viven unas 3 mil personas, empezaron hace un año a construir pequeñas presas para captar agua de lluvias a fin de recuperar la vocación agrícola de sus parcelas, con cultivos de maíz, frijol, calabacita, membrillo, durazno y pera, abandonados durante cuatro o cinco décadas para dedicarse a la siembra de enervantes.
Familias enteras cuyos hijos tienen ahora alrededor de 50 años han dependido de la siembra de mariguana. Hombres y mujeres jóvenes apenas recuerdan cómo era vivir de las huertas de frutales, de los que obtenían materia prima para elaborar ates, orejones (fruta deshidratada), mermeladas y almíbares.
Las tierras familiares de la zona habían dejado de cultivarse. Las mujeres sólo sembraban pequeñas milpas «para los elotes de la temporada» y un poco de frijol. Los hombres se iban a las cañadas y las faldas de los cerros más escabrosos para sembrar la chutama (mariguana, en rarámuri), que tenía buen precio, y permitió a muchos comprar camionetas, dejar las viejas chozas de adobe y techos de tablaetas para levantar casas de ladrillo y concreto, con celdas solares para obtener energía eléctrica y sistemas de radiocomunicación.
El nivel de vida mejoró algunos años con la siembra de mariguana, pero también llegaron la violencia, las ejecuciones de jóvenes y las presiones de los intermediarios entre los campesinos y las organizaciones que se dedican al trasiego de la droga.
Hace más de un año, un grupo de lugareños aceptó la propuesta de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado para participar en un programa de cultivo de hortalizas y frutas en zonas subtropicales de la sierra Tarahumara. Además de entregarles árboles e insumos y de brindarles asesoría, se planearon obras de infraestructura hidráulica tanto para el riego de huertos como para que abreve el ganado y se asegure el suministro para las familias.
Enfrentando la sequía
En la primera etapa se construyeron 70 presones con capacidad de entre 3 mil y 500 mil litros de agua. En esta temporada de lluvias, la gente ve con entusiasmo cómo sus presas derraman excedentes y en el estiaje pudieron recuperar aguajes que se secaban durante marzo, abril y mayo.
Alfonso Largara, campesino de La Lobera, muestra orgulloso su presa, que derrama agua por el desfogue. Este año logró sembrar maíz y frijol, y cuenta que en los días más difíciles de la sequía no tuvo problemas para dar de beber al ganado. «Solitos llegaban».
Este año la gente sembró más maíz y frijol que en temporadas anteriores. Tiene la esperanza de levantar buenas cosechas y cuida sus pequeños huertos, que ya han empezado a dar frutos.
Los hombres ya planean presas más grandes a fin de extender sus sembradíos. En La Lobera localizaron un cañón para construir una presa de mampostería.
En las barrancas de Batopilas y Morelos la situación es similar. Aquí, junto a predios llenos de plantas de mariguana se han sembrado terrenos con aguacate, mangos o cítricos. Campesinos indígenas y mestizos desconocían estos cultivos, pues durante 50 años sólo habían visto cosechas de mariguana y amapola.
Durante una gira por la sierra de Chihuahua, la semana pasada, al gobernador César Duarte Jáquez le tocó probar los primeros aguacates criollos que sembraron el año pasado indígenas de las barrancas, e insistió en que los tres niveles de gobierno pueden impulsar»una verdadera transformación» en las zonas productoras de enervantes si logran que la población retome los cultivos lícitos.
“A la gente serrana le queda claro que el narcocultivo no es una alternativa de vida. No justifico las actividades ilícitas, pero el rezago, la marginación y la falta de infraestructura y oportunidades de trabajo son el mejor caldo de cultivo para que se dé el delito”.
Admitió que transformar la base de la narcoeconomía en la sierra de Chihuahua, vinculada con el triángulo dorado (Sinaloa, Durango y Chihuahua) «es una labor titánica», pero con infraestructura se puede avanzar. No digo que esté resuelto o lo podamos lograr en corto plazo, pero tenemos muy claro que la fruticultura puede ser una alternativa digna.
«Los climas en las barrancas permiten actividades rentables y legales. Las actividades ilícitas le han costado muy caras a la región; se han traducido en violencia y muerte», agregó.
«Lo que da la mota ya no alcanza»
Rafael Hernández, campesino de la barranca de Batopilas, dedicó 45 de sus 60 años de vida a la siembra de drogas. Ahora dice estar convencido de «regresar a los tiempos de antes. Muchos que nos dedicamos a la siembra de mota estamos buscando otro quehacer. Algunos se van de gambusinos a los ríos y minas viejas para buscar pepitas de oro, o a sembrar maíz, frijol y chile piquín en las laderas abandonadas, porque ahora sí está llegando el hambre. Lo que la mota da no alcanza para comprar comida».
Chihuahua
Rafael Loera se contradice ante versiones de posible detención; enemistad con Maru Campos
El polémico exsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera Talamantes, ofreció declaraciones que han generado dudas sobre su situación jurídica, luego de negar que haya promovido un amparo ante una posible orden de aprehensión, pero dejar abierta la posibilidad de recurrir a ese mecanismo legal.
Las versiones sobre una eventual investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua colocaron al exfuncionario en el centro de la atención pública, particularmente después de la detención del exfiscal general César Jáuregui Moreno.
Al ser cuestionado sobre la supuesta solicitud de protección judicial, Loera respondió que “aún no” ha presentado un amparo, una expresión que llamó la atención porque, aunque desmiente haber iniciado el trámite, tampoco descarta hacerlo posteriormente.
El exsecretario defendió su desempeño al frente de la dependencia estatal y aseguró que durante su administración se realizó un trabajo importante. Sin embargo, advirtió que, si enfrenta acusaciones que considere infundadas, utilizará todas las herramientas jurídicas disponibles, incluido el juicio de amparo.
De esta manera, Loera pasó de rechazar las versiones sobre una supuesta protección judicial a reconocer que podría recurrir precisamente a ese instrumento si las circunstancias lo requieren.
La diferencia entre ambas declaraciones no constituye necesariamente una contradicción jurídica, pero sí refleja un cambio de enfoque en su respuesta pública: primero niega haberse amparado y después contempla esa posibilidad frente a eventuales señalamientos.
Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado públicamente la existencia de una orden de aprehensión contra Rafael Loera ni se ha acreditado que haya promovido un juicio de amparo.
El asunto adquiere relevancia política porque el exfuncionario busca la candidatura del PAN a la presidencia municipal de Chihuahua, mientras su gestión en la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común permanece sujeta a revisiones administrativas.
Loera también lamentó la situación jurídica que enfrenta César Jáuregui, a la que calificó como un duro golpe para Acción Nacional, y expresó su deseo de que el exfiscal consiga superar el proceso.
Por ahora, el exsecretario insiste en que no ha solicitado protección judicial. No obstante, su respuesta deja abierta una posibilidad que inicialmente buscó desmentir: el amparo todavía no existe, según sus propias palabras, pero tampoco está descartado.
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