Se enriquecieron engañando enfermos. No sólo en Veracruz. Chihuahua también fue escenario de un crimen inhumano al aplicar a pacientes con cáncer tratamientos falsos, que alimentaron sus ilusiones de sobrevivir y los condenaron a una muerte quizá evitable, todo para engordar los bolsillos de unos cuántos que ahora se pasean impunemente gastando lo que se ganaron con vidas humanas.

Denunciaron y no los pelaron. Fue el secretario de salud de la administración de César Duarte, Sergio Piña Marshall, quien denunció esta anomalía desde hace más de dos años, pero simplemente fue bloqueada por los fiscales Carlos Salas y Jorge González Nicolás, quienes fueron cómplices y solapadores de las triquiñuelas de su mandatario y su equipo, y así esperaba Cabada que el gobernador Corral les tuviera confianza.

Para variar, en laguna legal. El problema es que legalmente no se puede argumentar que el medicamento les hizo daño, pues era simplemente agua o sustancias sin efecto alguno, según explicó el actual secretario, Ernesto Ávila, quien adelantó que no sólo se demandará por el evidente sobreprecio al que se compraron, sino porque se dejó sin cura al paciente que lo requiere. El problema es que mucha documentación fue destruida y ahora buscan armar las pruebas.

Los mismos de siempre. Los señalamientos, de nueva cuenta, van contra Pedro Hernández, director del Comité de Administración de Salud y director del Seguro Popular, considerado junto con Carlos Hermosillo, Jorge González Nicolás y Jaime Herrera uno de los más corruptos del sexenio, pues este equipo encabezado por el mismo gobernador se dedicó a hacer a la vez administración pública y negocios privados, con un crecimiento exponencial en su patrimonio. Exitosos los compas.

Fiscalía encubrió la transa. A pesar de que la denuncia por la adquisición de medicamentos falsos para tratamiento oncológico fue presentada, en la Fiscalía General del Estado, sencillamente ya no existe. En noviembre de 2014, lejos de investigar las acusaciones contra Hernández por la adjudicación de licitaciones de medicamentos, productos de laboratorio, servicios subrogados, equipo y material médico, entre otros, fue nombrado secretario de salud.

Gobernador y proveedor. También hubo denuncias por conflicto de intereses, ya que las empresas que surtían de medicamentos hasta noventa veces más caros tenían el mismo domicilio que el gobernador del estado, el cual aprobaba suculentas licitaciones a las mismas empresas registradas en su domicilio. Tampoco procedió nada, ni en la Fiscalía local ni en la federal, ambas priistas en ese entonces.

Hasta el título falseó Hernández. Otra irregularidad denunciada fue que Hernández Flores se ostentó como profesionista sin serlo. Uno de los hombres más enriquecidos durante el sexenio no cuenta con estudios acreditados, y eso es un delito según el artículo 250 del Código Penal Federal, pues un día se ostentó como doctor, otro como licenciado, y no es ni una ni otra.

Prefirieron regalar dinero que invertirlo. Por si le faltara sabor a este repugnante caldo, otra denuncia acusa también a la Secretaría de Salud de Hernández de haber comprado un angiógrafo, un equipo médico que utiliza rayos X y sistemas digitales para borrar las estructuras que no son de interés dejando visibles los vasos sanguíneos (arterias y venas) del organismo, por más de 20 millones de pesos, pero que nunca se ha instalado. Mejor prefirieron gastar 10 millones anuales en jugosos contratos con clínicas privadas, que instalar el equipo ya adquirido. Este es sólo un ejemplo de muchos negocios similares, siempre con sobreprecios e intermediarios.

Hasta el compadre salió embarrado. El compadre de Javier Corral, el empresario Eduardo Almeida Navarro, está en el centro de la polémica pues absorbió a empresas como Ymmarsa Pharmacéutica SA de CV y Servicios y Atenciones Médicas K, ligadas a Economik, una cadena de farmacias que tuvo un crecimiento meteórico durante el pasado sexenio. Al entonces senador Corral no le importó que fuera su compadre y lo señaló clarito como corrupto, al grado que el empresario le escribió una carta pública recriminándole las acusaciones que de nueva cuenta son el tema.

PRI responde con difamaciones. Justo cuando se destapan estas cloacas, saltan señalamientos contra los responsables de hacerlas avanzar: la secretaria de la Función Pública, Stefany Olmos, a quienes medios resentidos califican en sus notas como “La Stefany”, y el fiscal Augusto Peniche. No se puede interpretar de otra manera que justo, justo ahora que se anuncia que ya avanza el proceso contra Duarte, no por enriquecimiento ilícito, pues es difícil demostrarlo, sino por delincuencia organizada.

La paja en el ojo ajeno. En el caso de Olmos, la acusación en su contra es por no haber presentado tres de las 26 declaraciones patrimoniales que tenía obligación como funcionaria federal, mientras que a Peniche se le acusa de negligencia administrativa, pero se encuentra en revisión. Ni siquiera se ha acreditado en él una falta. También es cierto que al ser ellos los encargados de sancionar a otros funcionarios, debieran tener trayectoria pulcra e intachable, pero tampoco es para jalarse las greñas. Deben corregir, apegarse 100 por ciento a la Ley y mejorar, desde luego, pero no se compara con los saqueos, ineptitudes y viles crímenes de sus antecesores, crímenes que Dowell, Ordoñez y otros duartistas ni ven ni oyen.

Latorre, ¿rival de Corral? Entre las suspicacias que levantó ayer el entuerto llamó la atención del panista Miguel Latorre, quien se sumó al coro priista y afirmó que ni Olmos ni Peniche debieran ejercer sus cargos mientras son investigados, y se lavó las manos de sus nombramientos. También llama la atención que diga esto cuando embarró de lodo y pus al Ichitaip para colocar a sus allegados y a su esposa, entre otras transillas que muy pronto lo dieron a conocer como el principal colocador del PAN. ¿Será que ni en el Congreso ni en Palacio se han enterado?

Sindicato del Cobach, a las vencidas. El mando tricolor del sindicato de trabajadores del Colegio de Bachilleres cumplió la amenaza y está armándole grilla dura a la panista Teresa Ortuño, quien a pesar de su antipriismo ha movido las piezas, tarde, pero en favor de la institución y de los alumnos, que es su bien propio, sobra decirlo. La cerrazón se ha impuesto del lado del sindicato y quieren que la sangre llegue al río.

Burócratas también enchilados. Otro frente abierto del actual gobierno es con Xóchitl Reyes Castro, emperatriz del Sindicato de Trabajadores del Gobierno del Estado y ex candidata del PRI, dueña de esas estructuras generadas durante 18 años de gobierno tricolor, las cuales el nuevo amanecer quiere echar fuera. Ayer hizo su desplante al irse en pleno discurso de Corral durante el aniversario de Pensiones. Fue a hacerse extrañar y a cantar tiro.