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Duarte

Niegan amparo a excolaborador de César Duarte

 

Un juez de distrito en la Ciudad de México negó el amparo promovido por Adrián Dozal, quien fue solicitado por la Federación tras ser acusado por la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) ante una serie de irregularidades cometidas durante la pasada administración estatal encabezada por César Duarte Jáquez.

A Dozal se le relaciona con la probable participación en la comisión de los delitos electorales federales previstos y sancionados por el artículo 11, fracción III, hipótesis relativa “al servidor público que destine de manera ilegal fondos que tenga a su disposición en virtud de su cargo al apoyo de un partido político” y 11, fracción V, hipótesis relativa “al servidor público que solicite a sus subordinados, por cualquier medio aportaciones de dinero para apoyar a un partido político”.

Chihuahua

El exsecretario Jaime Herrera Corral tendrá que pagar indemnización de ¡2 mil 723 millones!

Jaime Herrera Corral, exsecretario de Hacienda del Gobierno del Estado durante la administración de César D.J., fue inhabilitado por 10 años por parte del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

Así se consta en un documento exhibido de manera parcial, en donde se establece que el pleno de los magistrados del TEJA resolvió declarar que el asunto en contra del exfuncionario estatal no se sobresee, tal y como lo habría solicitado la defensa.

Asimismo, se detalla que sí existen elementos para determinar la comisión de una falta administrativa grave, al considerar que existió el desvío de recursos públicos por parte del sentenciado.

En el documento resolutivo por parte del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, se expone que el ciudadano Jaime Ramón Herrera Corral quedará inhabilitado de manera temporal para ejercer o desempeñar cargos o comisiones en el servicio público.

De igual forma, se establece que tampoco podrá participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas por un periodo de 10 años.

Dentro de la sentencia también se estableció que el exfuncionario estatal deberá pagar una cuantiosa indemnización por el concepto de daño patrimonial en contra de la Hacienda Pública Federal.

Dicha indemnización asciende a los 2 mil millones 723 mil pesos, cantidad que se apega al contenido de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, argumentado en el dictamen aprobado por el TEJA.

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