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Chihuahua

Ya se cocina el acuerdo de regularización de autos

La Secretaría de Economía publicará en los próximos días un acuerdo para regular la importación de autos usados en nuestro estado, con el que otorgará un plazo de 180 días naturales a quienes quieran poner en regla modelos de más de ocho años de antigüedad.

Se trata de un programa para automóviles que ya estén internados en la entidad y cuyos dueños paguen los impuestos de importación definitiva correspondientes y lleven los vehículos a Verificentros para cumplir con la norma federal 041, relacionada con la emisión de contaminantes.

Analistas estiman que se regularizarán decenas de miles de autos, aunque una vez ordenados, está la ventaja de que se podrán detectar las unidades ilegales con mayor facilidad, con las cuales suelen cometerse delitos como asaltos, contrabando y homicidios.

La medida fue criticada por la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), quien ha insistido en que se debe restringir la importación de autos usados para incentivar la compra de nuevos e impulsar más al sector industrial mexicano con ventas locales.

REPLICAN PROGRAMA

Este es el segundo proceso de regularización de autos usados en la entidad, luego de que el primero se realizará como parte de las acciones del programa Todos Somos Juárez, que se implementó en la presente administración para reducir los índices de inseguridad.

El gobierno de Chihuahua contó con el aval de las secretarías de Hacienda, de Economía y del Medio Ambiente, porque ha establecido una red de Verificentros fijos y móviles, que han sido certificados por esta última dependencia, y porque dará garantías del pago de los aranceles.

“Como autoridades federales, vemos cuestiones que van más allá del interés comercial de una empresa, que tienen que ver con la seguridad pública o con temas sociales o de otra índole”, dijo César Hernández, director de comercio exterior de la Secretaría de Economía.

De enero a julio, se importaron 239,000 autos usados, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

“En un esquema de libre comercio esto no debería ser grave; el consumidor tiene que decidir si quiere comprar un auto o no y tiene que evaluar la calidad y el precio”, dijo Sergio Gómez, director de Inteligencia Comercial (IQOM), tras participar en la Convención del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Comercio Exterior.

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Chihuahua

Rafael Loera se contradice ante versiones de posible detención; enemistad con Maru Campos

El polémico exsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera Talamantes, ofreció declaraciones que han generado dudas sobre su situación jurídica, luego de negar que haya promovido un amparo ante una posible orden de aprehensión, pero dejar abierta la posibilidad de recurrir a ese mecanismo legal.

Las versiones sobre una eventual investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua colocaron al exfuncionario en el centro de la atención pública, particularmente después de la detención del exfiscal general César Jáuregui Moreno.

Al ser cuestionado sobre la supuesta solicitud de protección judicial, Loera respondió que “aún no” ha presentado un amparo, una expresión que llamó la atención porque, aunque desmiente haber iniciado el trámite, tampoco descarta hacerlo posteriormente.

El exsecretario defendió su desempeño al frente de la dependencia estatal y aseguró que durante su administración se realizó un trabajo importante. Sin embargo, advirtió que, si enfrenta acusaciones que considere infundadas, utilizará todas las herramientas jurídicas disponibles, incluido el juicio de amparo.

De esta manera, Loera pasó de rechazar las versiones sobre una supuesta protección judicial a reconocer que podría recurrir precisamente a ese instrumento si las circunstancias lo requieren.

La diferencia entre ambas declaraciones no constituye necesariamente una contradicción jurídica, pero sí refleja un cambio de enfoque en su respuesta pública: primero niega haberse amparado y después contempla esa posibilidad frente a eventuales señalamientos.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado públicamente la existencia de una orden de aprehensión contra Rafael Loera ni se ha acreditado que haya promovido un juicio de amparo.

El asunto adquiere relevancia política porque el exfuncionario busca la candidatura del PAN a la presidencia municipal de Chihuahua, mientras su gestión en la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común permanece sujeta a revisiones administrativas.

Loera también lamentó la situación jurídica que enfrenta César Jáuregui, a la que calificó como un duro golpe para Acción Nacional, y expresó su deseo de que el exfiscal consiga superar el proceso.

Por ahora, el exsecretario insiste en que no ha solicitado protección judicial. No obstante, su respuesta deja abierta una posibilidad que inicialmente buscó desmentir: el amparo todavía no existe, según sus propias palabras, pero tampoco está descartado.

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