El Congreso del Estado de Chihuahua desestimó un exhorto presentado por la diputada de Morena, Magdalena Rentería, que pedía a la gobernadora María Eugenia Campos Galván separarse temporalmente de su cargo. Esto ocurre en el contexto de investigaciones sobre la presunta participación de ciudadanos extranjeros en operativos de seguridad en El Pinal, municipio de Morelos. La propuesta fue rechazada con 18 votos en contra, provenientes de legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, además de dos abstenciones del PT y el Partido Verde. Dos diputaciones no votaron.

Rentería cuestionó la decisión de la mayoría parlamentaria y afirmó que algunos diputados votaron sin estar presentes en el recinto legislativo, lo que consideró una falta a la rendición de cuentas. La diputada exigió que la gobernadora aclare si tenía conocimiento sobre la participación de ciudadanos estadounidenses en actividades relacionadas con las corporaciones de seguridad estatales, y en caso de no ser así, explique cómo se permitió su intervención.

La legisladora mencionó que información de procedimientos judiciales sugiere que la relación entre personas extranjeras y corporaciones estatales podría haber comenzado en octubre de 2025. Además, destacó la existencia de diferentes versiones oficiales sobre el número de participantes extranjeros, las autoridades responsables de coordinar sus actividades y los funcionarios que estaban al tanto de su presencia.

Rentería también subrayó que la salida del exfiscal César Jáuregui no aclara las circunstancias de los hechos, por lo que reiteró la necesidad de revisar las autorizaciones y mecanismos de supervisión empleados. Aclaró que su solicitud de licencia no implica una declaración de culpabilidad hacia la mandataria estatal, sino que es una medida que, desde su perspectiva, facilitaría el desarrollo de las investigaciones sin interferencias políticas.

El exhorto también incluía solicitar a la Fiscalía estatal información sobre los protocolos de cooperación con personas extranjeras, las autorizaciones pertinentes, los controles de armamento y los registros de acceso a instalaciones de seguridad. Asimismo, se planteaba que el Poder Ejecutivo transparentara las comunicaciones y decisiones relacionadas con el caso, para conocer el alcance de la participación de las autoridades estatales.

Rentería concluyó enfatizando que la ciudadanía merece explicaciones sobre lo sucedido y debe saber si las acciones señaladas se llevaron a cabo conforme a la legislación mexicana. “La soberanía no se defiende con discursos. Se defiende respetando la ley y asumiendo responsabilidades. Chihuahua merece conocer la verdad”, afirmó.