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Chihuahua

Salud Estatal debe más de mil millones a proveedores; evidencia diputada Argüelles

– Tiene un presupuesto de 6 mil millones, debe una sexta parte y privilegia adjudicaciones directas sobre licitaciones públicas

Chihuahua. – La diputada Jael Argüelles Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena, evidenció ante el Congreso del Estado la crisis financiera y la falta de transparencia que imperan en el sistema estatal de salud, al revelar que Servicios de Salud de Chihuahua mantiene una deuda superior a los mil millones de pesos con proveedores, a pesar de contar con un presupuesto anual de seis mil millones.

“Es inconcebible que una institución con ese presupuesto deba más de una sexta parte de su gasto anual. Esto demuestra no solo una mala planeación financiera, sino también una gestión ineficiente y posiblemente corrupta de los recursos destinados a la salud de las y los chihuahuenses”, denunció la legisladora.

La congresista presentó datos que revelan un patrón sistemático de adjudicaciones directas, evitando los procesos de licitación pública que garantizan mejores precios y mayor competencia:
* Servicios de Salud ha realizado solo dos licitaciones públicas y 18 adjudicaciones directas desde 2021.
* ICHISAL no ha llevado a cabo ninguna licitación pública para medicamentos en el mismo periodo, pero sí ha ejecutado 422 adjudicaciones directas, por montos que van de los 50 mil pesos a casi un millón.
* En total, durante la administración actual, se han efectuado 1,464 adjudicaciones directas frente a apenas 75 licitaciones públicas, lo que representa solo un 5% de compras abiertas.

“Esta práctica refleja opacidad, ineficiencia y una evidente preferencia por beneficiar a ciertos proveedores sin competencia ni control. Es la antítesis de un manejo responsable de los recursos públicos”, enfatizó.

Argüelles Díaz añadió que el pasivo de más de 1,200 millones de pesos —30 millones más que en diciembre de 2024— ha provocado que varios proveedores se nieguen a seguir vendiendo al Estado, lo que agrava el desabasto de medicamentos en hospitales y centros de salud.

También cuestionó que la Secretaría de Salud reporte no haber realizado ninguna contratación entre 2021 y 2025, cuando su propio presupuesto contempla gastos por más de un millón de pesos en suministros médicos y farmacéuticos.

“La Secretaría reporta cero contrataciones, pero el dinero sí se ejerce. ¿Dónde está? ¿A quién se le está pagando? No puede haber transparencia si los números oficiales se contradicen con la realidad de los hospitales”, subrayó.

Asimismo, recordó que el presupuesto total de las tres entidades del sector salud estatal —Secretaría de Salud, Servicios de Salud e ICHISAL— asciende a más de ocho mil quinientos millones de pesos, por lo que exigió una rendición de cuentas inmediata.

Para finalizar, la diputada presentó una moción para que la Gobernadora y la Secretaría de Salud rindan cuentas sobre la compra de medicamentos e insumos financiados con recursos federales para personas sin seguridad social, proponiendo mecanismos claros de transparencia en las contrataciones de Servicios de Salud e ICHISAL.

“No vamos a permitir que la opacidad siga siendo la regla. Si el Congreso no quiere exigir cuentas, lo haremos por otras vías. La corrupción en Salud Estatal, solapada desde Palacio de Gobierno, debe terminar”, concluyó.

Chihuahua

Así ordenaron la aprehensión de César Jáuregui en Chihuahua

Un oficio atribuido al Poder Judicial de Chihuahua detalla los delitos por los que se habría autorizado la captura de César Gustavo Jáuregui Moreno y Guillermo Arturo Zuany Portillo.

Chihuahua, Chih.— Un documento atribuido al Poder Judicial del Estado de Chihuahua revela los términos de una resolución mediante la cual se habría ordenado la aprehensión de César Gustavo Jáuregui Moreno y Guillermo Arturo Zuany Portillo, por presuntos delitos relacionados con el ejercicio de funciones públicas.

El documento, identificado con el número de oficio 53095/2026, correspondiente a la causa penal 3055/2026, está dirigido a Anabel Amparán Delgado, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía General del Estado.

En el apartado de resolutivos aparece expresamente la instrucción de librar órdenes de aprehensión contra ambos señalados.

¿De qué se acusa a César Jáuregui?

Según el oficio, la resolución contempla dos señalamientos contra César Gustavo Jáuregui Moreno.

El primero corresponde a los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, previstos en los artículos 253, fracción II, y 260 del Código Penal del Estado de Chihuahua, respectivamente. En este caso, se le señala como presunto coautor junto con Guillermo Arturo Zuany Portillo.

El segundo corresponde a otra hipótesis del delito de ejercicio ilegal del servicio público, prevista en la fracción IV del artículo 253 del mismo ordenamiento, por la cual se le atribuye la calidad de autor material.

Por su parte, Zuany Portillo también aparece señalado por el delito de falsedad ante autoridades con penalidad agravada, contemplado en el artículo 308 del Código Penal estatal.

¿Cómo se autorizó la orden de captura?

El documento establece que la autoridad judicial valoró los antecedentes de investigación expuestos por la Fiscalía en su solicitud de mandamiento de captura.

Tras esa valoración, el tribunal habría autorizado las órdenes de aprehensión y dispuesto la entrega de tres copias certificadas del oficio al Ministerio Público.

La resolución también señala que los imputados deberán recibir una copia al momento de su captura y ser puestos inmediatamente a disposición del tribunal correspondiente.

Lo que todavía falta por esclarecer

Aunque el documento describe los delitos atribuidos y las disposiciones judiciales para ejecutar las capturas, la imagen difundida no contiene los antecedentes completos de la investigación ni permite conocer los hechos específicos que habrían motivado las imputaciones.

Tampoco permite establecer si las órdenes continúan vigentes, si fueron ejecutadas o si existen determinaciones judiciales posteriores.

La autenticidad del oficio y la existencia de las órdenes de aprehensión requieren confirmación independiente ante el Poder Judicial del Estado de Chihuahua.

En cualquier caso, una orden de aprehensión no constituye una sentencia condenatoria y las personas señaladas conservan su presunción de inocencia.

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