Chihuahua
“La reforma a Ley General de Responsabilidades Administrativas, cierra el paso a quienes usan el poder para acosar” Jorge Soto
Chihuahua, Chih.— Con el aval del Pleno del Congreso del Estado, la iniciativa impulsada por el diputado Jorge Soto fue aprobada y enviada al Congreso de la Unión, con el propósito de reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) y sancionar el acoso laboral, el hostigamiento y el abuso sexual dentro del servicio público.
La propuesta, busca cerrar un vacío legal que hasta ahora permitía que estas conductas quedaran fuera del ámbito administrativo, limitando su castigo únicamente al terreno de lo penal.
“Es una reforma que cierra el paso a los servidores públicos que abusan de su posición para acosar o ejercer violencia sexual. Si bien la ley penal ya contempla sanciones, existía una omisión en la Ley de Responsabilidades Administrativas. Y como servidores públicos debemos tener no solo ética, sino también la obligación de impedir este tipo de abusos que, lamentablemente, siguen siendo comunes en el país”, señaló Soto.
La reforma aprobada por unanimidad en el Congreso del Estado de Chihuahua, será remitida al Congreso federal para su análisis y posible incorporación a la legislación nacional.
Soto, advirtió que el objetivo es que el acoso laboral, sexual y el abuso de autoridad con connotaciones de violencia de género sean considerados faltas administrativas graves, sancionables con suspensión, destitución o inhabilitación del cargo.
“Es una iniciativa ya aprobada en Chihuahua y ahora elevada al Congreso de la Unión, donde espero que también sea aprobada. Se trata de seguir cerrándole el paso a quienes usan el servicio público para violentar a otros”, afirmó el legislador panista.
La propuesta adiciona los artículos 57 Bis, Ter, Quater y Quinquies a la LGRA, para definir de manera explícita las conductas de acoso laboral, acoso sexual, hostigamiento sexual y abuso sexual, y establece que deberán ser consideradas faltas graves dentro de la administración pública.
Asimismo, incorpora la perspectiva de género en los procedimientos de responsabilidad administrativa y amplía las medidas cautelares para proteger los derechos humanos y laborales de las víctimas.
El dictamen aprobado por la Comisión de Justicia argumenta que, aunque México cuenta con leyes penales y protocolos en materia de violencia laboral y de género, la ausencia de regulación administrativa ha dificultado sancionar de forma oportuna a los funcionarios responsables.
Jorge Soto agregó que el documento advierte que estas prácticas generan afectaciones físicas, emocionales y económicas, además de deteriorar el ambiente de trabajo y minar la confianza en las instituciones.
“No basta con ser éticos; debemos garantizar que el Estado no sea cómplice del abuso. Esta reforma es un paso más hacia un servicio público con integridad y con respeto a la dignidad de las personas”, enfatizó Soto.
Chihuahua
Así ordenaron la aprehensión de César Jáuregui en Chihuahua
Un oficio atribuido al Poder Judicial de Chihuahua detalla los delitos por los que se habría autorizado la captura de César Gustavo Jáuregui Moreno y Guillermo Arturo Zuany Portillo.
Chihuahua, Chih.— Un documento atribuido al Poder Judicial del Estado de Chihuahua revela los términos de una resolución mediante la cual se habría ordenado la aprehensión de César Gustavo Jáuregui Moreno y Guillermo Arturo Zuany Portillo, por presuntos delitos relacionados con el ejercicio de funciones públicas.
El documento, identificado con el número de oficio 53095/2026, correspondiente a la causa penal 3055/2026, está dirigido a Anabel Amparán Delgado, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía General del Estado.
En el apartado de resolutivos aparece expresamente la instrucción de librar órdenes de aprehensión contra ambos señalados.
¿De qué se acusa a César Jáuregui?
Según el oficio, la resolución contempla dos señalamientos contra César Gustavo Jáuregui Moreno.
El primero corresponde a los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, previstos en los artículos 253, fracción II, y 260 del Código Penal del Estado de Chihuahua, respectivamente. En este caso, se le señala como presunto coautor junto con Guillermo Arturo Zuany Portillo.
El segundo corresponde a otra hipótesis del delito de ejercicio ilegal del servicio público, prevista en la fracción IV del artículo 253 del mismo ordenamiento, por la cual se le atribuye la calidad de autor material.
Por su parte, Zuany Portillo también aparece señalado por el delito de falsedad ante autoridades con penalidad agravada, contemplado en el artículo 308 del Código Penal estatal.
¿Cómo se autorizó la orden de captura?
El documento establece que la autoridad judicial valoró los antecedentes de investigación expuestos por la Fiscalía en su solicitud de mandamiento de captura.
Tras esa valoración, el tribunal habría autorizado las órdenes de aprehensión y dispuesto la entrega de tres copias certificadas del oficio al Ministerio Público.
La resolución también señala que los imputados deberán recibir una copia al momento de su captura y ser puestos inmediatamente a disposición del tribunal correspondiente.
Lo que todavía falta por esclarecer
Aunque el documento describe los delitos atribuidos y las disposiciones judiciales para ejecutar las capturas, la imagen difundida no contiene los antecedentes completos de la investigación ni permite conocer los hechos específicos que habrían motivado las imputaciones.
Tampoco permite establecer si las órdenes continúan vigentes, si fueron ejecutadas o si existen determinaciones judiciales posteriores.
La autenticidad del oficio y la existencia de las órdenes de aprehensión requieren confirmación independiente ante el Poder Judicial del Estado de Chihuahua.
En cualquier caso, una orden de aprehensión no constituye una sentencia condenatoria y las personas señaladas conservan su presunción de inocencia.
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