México
Aseguran 43 perros en Tlaquepaque; vinculan caso con reforma del PVEM
El 23 de septiembre de 2026, autoridades de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aseguraron a 43 perros que se encontraban en condiciones inadecuadas en un domicilio de la colonia Residencial La Soledad, tras un reporte difundido en redes sociales. El Agrupamiento Canino K9 acudió al lugar y constató que los animales no contaban con las condiciones apropiadas para su permanencia. En consecuencia, el Ministerio Público ordenó el aseguramiento de los ejemplares, que fueron trasladados al Centro de Bienestar Animal de La Nueva Santa María, donde quedaron bajo resguardo.
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se pronunció sobre el caso, señalando que la intervención de las autoridades subraya la importancia de contar con disposiciones legales que permitan prevenir y atender de manera oportuna situaciones de maltrato y condiciones inadecuadas para los animales. El partido vinculó estos hechos con la reforma constitucional en materia de protección animal que promovió y que fue aprobada por el Congreso de la Unión en noviembre de 2024, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de ese mismo año.
El PVEM destacó que los cambios constitucionales prohíben el maltrato animal y establecen obligaciones para el Estado mexicano en cuanto a la protección, conservación, cuidado y trato adecuado de los animales. Este caso en Tlaquepaque evidencia la necesidad de fortalecer las acciones institucionales para garantizar el bienestar de los animales y contar con mecanismos que permitan actuar ante situaciones que pongan en riesgo su integridad, según lo indicado por la agrupación política.
La reforma busca establecer nuevas bases legales para que las autoridades federales, estatales y municipales participen activamente en la protección animal. Situaciones como la de los 43 perros resaltan la importancia de aplicar estas responsabilidades en el ámbito local, asegurando así un entorno más seguro y digno para los animales en el país.
México
UNAM regulará uso de celulares en aulas, sin restricciones generales
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, declaró que la institución tiene la capacidad de regular el uso de teléfonos celulares en las aulas, aunque por el momento no se contempla una restricción general para los estudiantes de educación superior. Esta afirmación fue realizada en una entrevista con el diario Excélsior, donde Lomelí Vanegas abordó el tema en el contexto de las nuevas disposiciones emitidas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) sobre el uso de dispositivos electrónicos en las escuelas.
Lomelí Vanegas indicó que la UNAM evaluará la situación y que la discusión sobre la regulación del uso de celulares se llevará a cabo la próxima semana, durante una reunión con el Consejo de Inteligencia Artificial de la Universidad. En este encuentro, se analizará el uso de dispositivos móviles en el ámbito educativo.
Al ser cuestionado sobre si la UNAM optaría por una regulación o por una restricción, el rector fue claro en su respuesta. La decisión de la Universidad se tomará en función de los nuevos criterios nacionales establecidos por la SEP, que buscan promover un uso responsable y seguro de dispositivos digitales en los planteles educativos, considerando las diferencias según el nivel educativo.
En el caso específico de la UNAM, Lomelí Vanegas enfatizó que la discusión deberá tener en cuenta las características de la educación superior y la mayoría de edad de muchos de sus estudiantes. Esta perspectiva se alinea con las declaraciones realizadas el lunes pasado por el secretario general de la UNAM, Javier de la Fuente, quien mencionó que la Universidad está avanzando hacia un “uso racional” de los dispositivos móviles. De la Fuente destacó que los celulares son parte integral de la vida cotidiana, pero su uso debe estar sujeto a ciertos límites.
Además, el secretario general adelantó que se establecerá una normatividad sobre el uso de dispositivos móviles, la cual se desarrollará a través de un proceso de consenso entre la comunidad universitaria. Este enfoque busca asegurar que las decisiones sobre el uso de tecnología en el aula sean inclusivas y representativas de las necesidades y realidades de los estudiantes.
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