El diputado federal y líder estatal del PRI, Alex Domínguez, ha expresado su preocupación por los ajustes anunciados a la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los cuales podrían impactar negativamente las expectativas de pensión de algunos trabajadores. En este sentido, solicitó a las autoridades que aclaren el alcance de estas disposiciones y garanticen el respeto a los derechos de los trabajadores.

Domínguez destacó la falta de claridad en las medidas propuestas y pidió al IMSS y a la Secretaría de Hacienda que transparenten las posibles consecuencias económicas y jurídicas, especialmente para aquellos que están cerca de jubilarse. Afirmó que cualquier modificación al sistema de pensiones debe estar en concordancia con la Ley del Seguro Social y proporcionar información suficiente para que los trabajadores comprendan las condiciones bajo las cuales podrán acceder a su retiro.

La Modalidad 40 permite a quienes han dejado de cotizar a través de un patrón continuar realizando aportaciones voluntarias, siempre que cumplan con los requisitos establecidos, lo que puede mejorar las condiciones de su futura pensión. Sin embargo, el legislador advirtió que los ajustes propuestos por el PRI al Gobierno Federal incluyen restricciones adicionales para determinar el salario base de cotización, lo que podría alterar las expectativas de retiro de quienes utilizan este mecanismo.

“Los trabajadores mexicanos merecen certeza jurídica y reglas claras para su jubilación. No se pueden modificar las condiciones de retiro mediante decisiones administrativas sin explicar previamente sus consecuencias. Estamos hablando del patrimonio y del futuro de miles de familias que durante años han trabajado y aportado al Seguro Social”, subrayó Domínguez.

El dirigente priista recordó que los artículos 218 y 219 de la Ley del Seguro Social establecen las condiciones para acceder a la continuación voluntaria en el régimen obligatorio. Por ello, consideró necesario determinar si las nuevas limitaciones administrativas son compatibles con la legislación vigente. También solicitó un análisis separado de las posibles consecuencias para quienes pueden pensionarse bajo la Ley de 1973 y para los trabajadores sujetos al régimen de cuentas individuales de 1997, debido a las diferencias en los sistemas de cálculo de pensiones.

Domínguez reconoció que las autoridades deben investigar posibles irregularidades o fraudes en el sistema de pensiones, pero enfatizó que estas acciones deben basarse en auditorías y pruebas concretas, sin afectar a quienes cumplen con sus aportaciones conforme a la ley. “Una cosa es combatir los fraudes y otra muy distinta es limitar los derechos de quienes han cumplido con la ley. Si existen irregularidades, deben investigarse y sancionarse, pero no se puede colocar bajo sospecha a todos los trabajadores que buscan mejorar su pensión mediante mecanismos legalmente establecidos”, concluyó.

Finalmente, el diputado federal planteó que el Congreso de la Unión revise el alcance de las disposiciones mencionadas y subrayó que cualquier modificación que implique restricciones a derechos reconocidos en la legislación debe discutirse a través de los procedimientos legislativos correspondientes.