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México.- La Presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) atraviesa por su crisis institucional más severa tras anunciarse la separación del cargo de su consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala. La decisión se produce después de días de intensos cuestionamientos políticos y mediáticos que pusieron en duda la imparcialidad y la transparencia de la gestión administrativa al frente del órgano electoral.

El detonante principal de la controversia fue la difusión de un reportaje que exhibió a uno de los hijos de Taddei de viaje en París en compañía de un empresario contratista del INE. De acuerdo con las investigaciones difundidas, a dicho proveedor (asociado a la empresa Cajas Graf) se le adjudicaron contratos públicos por un monto aproximado de 245 millones de pesos, lo que derivó en acusaciones directas de un presunto conflicto de interés e irregularidades en la asignación de recursos institucionales.

Frente a los señaalamientos, la funcionaria defendió que las contrataciones del organismo se apegaron estrictamente a la normatividad y rechazó que existiera un favoritismo indebido en los concursos de adjudicación. Para respaldar su postura e intentar atenuar los reclamos de opacidad, ordenó la habilitación de un micrositio público de transparencia con la información detallada de licitaciones y licitantes; no obstante, diversas fuerzas políticas y exconsejeros consideraron que la medida era insuficiente para mitigar el daño a la credibilidad del árbitro electoral.

El desenlace terminó por precipitarse ante la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Contraloría Interna, las cuales abrieron investigaciones de oficio para fiscalizar los contratos otorgados. Pese a que inicialmente la consejera presidenta había rechazado presentar su renuncia, la presión mediática y el avance de los expedientes de revisión forzaron su salida del puesto a fin de salvaguardar la operatividad de la institución mientras las autoridades competentes deslinden eventuales responsabilidades.

«El pasado 10 de septiembre dio inicio el Proceso Electoral Federal 2026-2027, uno de los ejercicios cívicos de mayor trascendencia para la vida democrática de nuestro país.

Desde entonces, el Instituto Nacional Electoral ha venido cumpliendo puntualmente con las actividades previstas para su organización. Toda su estructura, tanto en oficinas centrales como en las entidades federativas, se encuentra dedicada a garantizar que cada una de las etapas se desarrolle con certeza, legalidad y profesionalismo.

Estoy plenamente convencida de que los trabajos operativos, técnicos y logísticos avanzan por los cauces correctos, con el alto nivel de responsabilidad que constitucionalmente tiene encomendado el Instituto.

El INE es una institución del Estado mexicano, construida durante décadas, cuya fortaleza descansa en sus capacidades técnicas, en la experiencia de su personal y en su compromiso con la democracia y la organización pacífica de las elecciones federales y locales.

En el marco de la cultura democrática de nuestro país, la crítica periodística, el escrutinio público y la conversación digital son expresiones legítimas y necesarias. Vivimos una etapa de gran velocidad informativa y de intensa conversación en redes, y no soy ajena a los señalamientos que durante los últimos días se han difundido en medios de comunicación y redes sociales donde se han circulado trascendidos, montajes, filtraciones y versiones cuya autenticidad, contexto y propósito como en todos los casos deben verificarse y corroborarse.

En ese sentido, no corresponde anticipar conclusiones: cada señalamiento debe examinarse con evidencia y por las vías institucionales.

La transparencia y el combate a la corrupción solo tienen sentido cuando se ejercen con rigor, imparcialidad y rendición de cuentas, no como consignas selectivas ni como instrumentos de presión. También debemos cuidar que continúe el debate informado frente a la descalificación. Tengo la convicción de que toda denuncia, cualquiera que sea su origen o la persona a quien se refiera, debe esclarecerse de manera transparente, objetiva y conforme a derecho.

Esta circunstancia me ha llevado a ponderar la importancia que, como siempre he sostenido, tiene el Instituto Nacional Electoral para la vida de México.

La responsabilidad de organizar las elecciones va mucho más allá de cualquier persona. Significa garantizar que la renovación de los poderes públicos se realice de manera pacífica, mediante el voto ciudadano, preservando los valores democráticos y privilegiando, en todo momento, la estabilidad política de nuestro país.

El Instituto Nacional Electoral, y la responsabilidad que tiene frente a México, su estabilidad, credibilidad e independencia son bienes públicos que debemos proteger con serenidad y sentido de Estado.

Es por ello y después de una profunda reflexión, he decidido presentar el día de mañana, 26 de octubre, ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mi renuncia a la responsabilidad que esa Soberanía me confirió en abril de 2023 como Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral. Esta decisión responde a mi convicción de que proteger al Instituto y permitir que continúe cumpliendo su misión constitucional, debe estar siempre por encima de cualquier interés coyuntural o personal.

Lo hago con serenidad y dignidad, con la tranquilidad de haber dedicado 33 años de mi vida al servicio electoral de México y con la convicción de que la institución continuará cumpliendo con sus responsabilidades constitucionales. La decisión no releva a nadie del deber de esclarecer, con transparencia, rigor y debido proceso, los hechos que deban investigarse.

Las personas cumplimos ciclos. Las instituciones permanecen. La democracia mexicana debe seguir adelante.

Guadalupe Taddei Zavala Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral»