Política
Defensa de César Jáuregui apela vinculación a proceso por falta de pruebas
La defensa del exfiscal general del Estado, César Gustavo Jáuregui Moreno, ha interpuesto un recurso de apelación contra la resolución que lo vinculó a proceso por el delito de ejercicio ilegal del servicio público. La apelación se basa en la falta de pruebas que demuestren su conocimiento, autorización o participación en los hechos que se le imputan.
El abogado Edgar Oswaldo Torres Sandoval presentó el recurso dentro de la causa penal 3055/2026, en respuesta a la determinación emitida el 22 de octubre por un juez de primera instancia en materia penal del Distrito Morelos. En el documento, la defensa expone siete agravios que cuestionan la valoración de los elementos de prueba, la falta de precisión en las conductas atribuidas a Jáuregui y las deficiencias en los argumentos que justifican su vinculación a proceso.
Uno de los puntos centrales de la apelación es que la resolución judicial establece la responsabilidad de Jáuregui a partir de su posición jerárquica y de las actuaciones de otros servidores públicos, sin identificar una conducta específica que lo relacione directamente con los hechos investigados. El recurso señala que “la anuencia que se atribuya a otros funcionarios no puede transferirse a Jáuregui por la sola posición de superior jerárquico”.
Además, los abogados cuestionan la valoración de entrevistas realizadas a diversos agentes sobre la supuesta participación de personas extranjeras en operativos, argumentando que no se distinguió entre los testimonios de quienes presenciaron los hechos y aquellos que solo recibieron información de terceros. La defensa sostiene que la coincidencia de declaraciones sobre la presencia de extranjeros no prueba que el exfiscal conociera o hubiera autorizado su intervención.
Otro de los agravios expuestos indica que la existencia de reuniones privadas entre funcionarios no constituye evidencia de que se hayan emitido instrucciones contrarias a la ley. “La privacidad de un encuentro puede explicar que no existan observadores, pero no revela qué se dijo ni convierte una reunión ordinaria en autorización delictiva”, establece el escrito.
Asimismo, la representación jurídica argumenta que la cantidad de testimonios y la extensión de las investigaciones no sustituyen la obligación de presentar elementos concretos que permitan establecer la probable participación del imputado. “La extensión de una investigación no determina su suficiencia respecto de una proposición particular”, señala el documento.
La defensa también cuestiona cómo el juez relacionó las actuaciones de otros funcionarios con una posible participación conjunta de Jáuregui, así como las atribuciones de la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción.
Ante estas consideraciones, se solicita que se declaren fundados los siete agravios y se revoque la resolución de vinculación a proceso emitida el 22 de octubre. Es importante destacar que esta apelación corresponde únicamente a la causa penal estatal por el delito de ejercicio ilegal del servicio público y es independiente del procedimiento federal que enfrenta el exfiscal por la acusación de traición a la patria.
La presentación del recurso permitirá que una instancia judicial superior revise los argumentos de la defensa y la resolución impugnada, aunque esto no implica que la vinculación a proceso haya quedado sin efectos. Hasta el momento, no se ha informado sobre una resolución al recurso de apelación presentado por la defensa de César Jáuregui Moreno.
Política
Cuauhtémoc Estrada defiende el derecho a manifestarse de trabajadores del IMSS
El coordinador de los diputados por Morena, Cuauhtémoc Estrada, se pronunció en favor del respeto a la libertad de manifestación de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ante la reciente notificación de un posible desalojo de las instalaciones sindicales por parte de fuerzas de seguridad. Estrada expresó su convicción sobre la importancia del derecho a manifestarse, subrayando que toda marcha o manifestación pacífica debe ser respetada, sin importar quién la convoque o si el partido en el poder está en el gobierno.
El legislador destacó que la intervención de las autoridades debe limitarse a situaciones donde se rompa el carácter pacífico de la protesta, con el objetivo de prevenir cualquier incidente desafortunado. En este sentido, reiteró su compromiso de proteger el derecho a la libre expresión de los trabajadores.
Estrada concluyó enfatizando que mientras las manifestaciones se realicen de manera pacífica, deben ser respetadas por las autoridades. Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial por parte de las autoridades sobre el posible desalojo.
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