Tundu Lissu, líder de la principal oposición en Tanzania, ha sido declarado culpable de incitación en un caso que ha suscitado preocupaciones sobre las libertades políticas en el país africano. Lissu, de 58 años, ha estado detenido desde abril del año pasado y fue condenado por comentarios realizados durante su campaña a favor de reformas electorales previas a las disputadas elecciones generales de 2025.

Un panel de tres jueces del Tribunal Superior en Dar es Salaam lo absolvió del cargo más grave de traición, que en Tanzania puede conllevar la pena de muerte. Lissu, quien lidera el partido opositor Chadema, ha negado consistentemente las acusaciones, calificando la persecución como motivada políticamente.

El presidente Samia Suluhu Hassan ganó las elecciones de octubre de 2025 con el 98% de los votos, un resultado que la oposición desestimó como una “burla” a la democracia, ya que sus dos principales oponentes, incluido Lissu, fueron excluidos del proceso electoral. El gobierno ha negado repetidamente que esté atacando a sus opositores.

Lissu fue arrestado seis meses antes de las elecciones, poco después de lanzar una campaña que exigía cambios en el sistema electoral bajo el lema “Sin reformas, no hay elecciones”. Los fiscales lo acusaron de hacer declaraciones destinadas a incitar al público a interrumpir las elecciones y amenazar al gobierno, argumentando que sus comentarios, que también se difundieron en línea, equivalían a traición. Sin embargo, Lissu, un abogado que se defendió a sí mismo durante el juicio, sostuvo que sus declaraciones eran parte de una campaña política legítima por reformas constitucionales y electorales.

Entre las demandas planteadas por Chadema se incluyen la designación independiente de comisionados electorales, la garantía de que la policía permita a todos los partidos hacer campaña sin intimidación, y la posibilidad de impugnar los resultados de las elecciones presidenciales en los tribunales.

Durante su tiempo en prisión preventiva en la cárcel de Ukonga en Dar es Salaam, Lissu realizó dos huelgas de hambre breves, alegando que no se le permitía acceder a sus abogados o familiares, y que los guardias escuchaban sus consultas privadas. Estas alegaciones han sido negadas por las autoridades penitenciarias.

Su caso ha atraído la atención internacional, con grupos de derechos humanos expresando preocupación por el trato a los políticos opositores y el espacio cada vez más reducido para la disidencia política en Tanzania. Las elecciones del año pasado fueron seguidas por protestas masivas y una violenta represión de seguridad que dejó al menos 500 muertos, según una investigación oficial, aunque los grupos opositores han afirmado que el número es mucho mayor y han exigido una investigación independiente.

El gobierno ha defendido su manejo de los disturbios y ha rechazado las acusaciones de represión política generalizada. Samia, de 66 años, ha insistido en que las elecciones fueron justas y transparentes, culpando a extranjeros por los disturbios y afirmando que forman parte de un complot para derrocarla. Ha establecido otra comisión de investigación para identificar a los responsables de la violencia.

Lissu ha sido uno de los críticos más vocales del partido gobernante Chama Cha Mapinduzi (CCM), que ha dominado la política tanzana desde la independencia. Su condena probablemente profundizará las preocupaciones sobre el estado de la democracia en Tanzania.