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Chihuahua

Hay amenaza previa en el 90 % de casos investigados por la Fiscalía Especializada en Libertad de Expresión

El ejercicio de la libertad de expresión crítica para honrar el derecho a la información veraz ha estado sujeto a distintas presiones, desde los boicots publicitarios, la compra de ejemplares para silenciar informaciones y las amenazas, hasta la privación ilegal de la libertad y de la vida.

El ejercicio de la libertad de expresión crítica para honrar el derecho a la información veraz ha estado sujeto a distintas presiones, desde los boicots publicitarios, la compra de ejemplares para silenciar informaciones y las amenazas, hasta la privación ilegal de la libertad y de la vida.

 

Ante ello, la Red Libre Periodismo en coordinación con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometido contra la Libertad de Expresión, impartirá este jueves y viernes de 16:30 a 20:30 horas, el taller denominado “Prevención de delitos cometidos en contra de la libertad de expresión”.

 

El objetivo de la Red, es generar conciencia en el gremio, sobre sus derechos, así como los mecanismos y normatividad para ejercerlos.

 

El director General Adjunto de la FEADLE, Alberto Peralta Flores, declaró que para atender con eficacia la investigación de los delitos cometidos contra periodistas, se requieren recursos económicos, humanos y materiales, por lo que es urgente la asignación de una partida mayor.

 

En el marco de la inauguración del taller que tendrá como sede el auditorio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Alberto Peralta Flores en representación de la Fiscal Laura Borbolla Moreno informó que la fiscalía cuenta con 16 agentes del Ministerio Público especializados y un coordinador de investigación, pero son insuficientes para atender e investigar entre 300 y 350 casos.  En el 90 por ciento de los casos que se investigan hay una amenaza previa, por lo que en el taller se analizarán algunos de los riesgos que corren los periodistas.

 

De la misma manera dijo que se requiere una mayor corresponsabilidad de las autoridades estatales, debido a que la mayoría de los delitos contra periodistas corresponden a fuero común.

 

Señaló que es necesario capacitar a autoridades estatales del ámbito judicial y de procuración de justicia, principalmente en materia de prevención y protocolos de seguridad, como también a los periodistas sobre su autoprotección.

 

El taller busca, por parte de la fiscalía, socializar el manual de prevención de delitos cometidos en contra de quienes ejercen el derecho a la libertad de expresión y recoger a nivel nacional aquellas observaciones y experiencias de periodistas expertos en la cobertura de eventos de alto riesgo.

 

El taller será impartido por Alberto Peralta Flores, director general adjunto del Sistema de Alerta Temprana de la FEADLE; Manuel Maldonado Rodríguez, agente del MP federal; Johana Sixtos Zaleta, subdirectora de Prevención de Delitos cometidos contra la Libertad de Prensa y Nora Elia Villegas Hernández, subdirectora de capacitación. El objetivo general es conocer el proceso de denuncia e investigación ministerial en la materia.

 

Por su parte, el secretario técnico de la a Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Alarcón Ornelas destacó que la  libertad de expresión es un derecho que debe de garantizar el Estado y las autoridades están en obligadas a actuar en beneficio de este tema, pues dijo que existe un acuerdo para un sistema integral de protección que se espera sea eficiente.

 

La periodista Patricia Mayorga, en representación del equipo de la Red Libre Periodismo compartió con los asistentes que el objetivo de la red es establecer espacios de capacitación y sobre todo ahora conocer los alcances de la Fiscalía en caso de necesitar entablar una denuncia por agresiones.

 

Dejó en claro que la Red Libre Periodismo ha permanecido al margen de los protocolos debido a que estos deben de provenir desde el gremio y no de las autoridades, finalizó diciendo que los periodistas debemos ser críticos, autocríticos para ejercer sobre una verdadera libertad de expresión.

Redacción: Corina Muruato

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Chihuahua

Así ordenaron la aprehensión de César Jáuregui en Chihuahua

Un oficio atribuido al Poder Judicial de Chihuahua detalla los delitos por los que se habría autorizado la captura de César Gustavo Jáuregui Moreno y Guillermo Arturo Zuany Portillo.

Chihuahua, Chih.— Un documento atribuido al Poder Judicial del Estado de Chihuahua revela los términos de una resolución mediante la cual se habría ordenado la aprehensión de César Gustavo Jáuregui Moreno y Guillermo Arturo Zuany Portillo, por presuntos delitos relacionados con el ejercicio de funciones públicas.

El documento, identificado con el número de oficio 53095/2026, correspondiente a la causa penal 3055/2026, está dirigido a Anabel Amparán Delgado, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía General del Estado.

En el apartado de resolutivos aparece expresamente la instrucción de librar órdenes de aprehensión contra ambos señalados.

¿De qué se acusa a César Jáuregui?

Según el oficio, la resolución contempla dos señalamientos contra César Gustavo Jáuregui Moreno.

El primero corresponde a los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, previstos en los artículos 253, fracción II, y 260 del Código Penal del Estado de Chihuahua, respectivamente. En este caso, se le señala como presunto coautor junto con Guillermo Arturo Zuany Portillo.

El segundo corresponde a otra hipótesis del delito de ejercicio ilegal del servicio público, prevista en la fracción IV del artículo 253 del mismo ordenamiento, por la cual se le atribuye la calidad de autor material.

Por su parte, Zuany Portillo también aparece señalado por el delito de falsedad ante autoridades con penalidad agravada, contemplado en el artículo 308 del Código Penal estatal.

¿Cómo se autorizó la orden de captura?

El documento establece que la autoridad judicial valoró los antecedentes de investigación expuestos por la Fiscalía en su solicitud de mandamiento de captura.

Tras esa valoración, el tribunal habría autorizado las órdenes de aprehensión y dispuesto la entrega de tres copias certificadas del oficio al Ministerio Público.

La resolución también señala que los imputados deberán recibir una copia al momento de su captura y ser puestos inmediatamente a disposición del tribunal correspondiente.

Lo que todavía falta por esclarecer

Aunque el documento describe los delitos atribuidos y las disposiciones judiciales para ejecutar las capturas, la imagen difundida no contiene los antecedentes completos de la investigación ni permite conocer los hechos específicos que habrían motivado las imputaciones.

Tampoco permite establecer si las órdenes continúan vigentes, si fueron ejecutadas o si existen determinaciones judiciales posteriores.

La autenticidad del oficio y la existencia de las órdenes de aprehensión requieren confirmación independiente ante el Poder Judicial del Estado de Chihuahua.

En cualquier caso, una orden de aprehensión no constituye una sentencia condenatoria y las personas señaladas conservan su presunción de inocencia.

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